Desmesura y anacronismo

Los gremios aeronáuticos nos tienen ya acostumbrados a una acción directa a la que denominan “asambleas informativas”, que no solo afectan la suspensión del trabajo sino que también provocan un caos con efecto dominó sobre los vuelos.

El derecho de huelga es una excepción a los principios generales del derecho que desde Ulpiano ordenan el “alterum non laedere” (no dañar a otro). Sin embargo, se reconoce que la huelga debe producir cierto daño al empleador, pero no un daño injusto, es decir un daño desmesurado. Las regulaciones de la huelga pretenden que ese daño solo afecte al empleador, procurando amparar los derechos de terceros, los consumidores. En el caso de las recurrentes huelgas de los sindicatos aeronáuticos se advierte que buscan producir el mayor daño posible a la mayor cantidad de gente. Así es que sistemáticamente eligen los fines de semana largos o vacaciones.

¿Pueden considerarse legales estas asambleas? La ilegalidad surge manifiesta no solo por el procedimiento utilizado sino porque son medidas que, a no dudar, tienen una motivación política. La última “huelga”, el viernes, pretendió modificar la política aeronáutica que -nos guste o no- lleva adelante un gobierno legítimo elegido por el pueblo. La ley sindical cuando habla de asambleas solo se refiere a las clásicas asambleas ordinarias y extraordinarias previstas para cualquier tipo de asociación y sujetas a una serie de requisitos. Por ello este tipo de medidas solo encuentra respaldo -insuficiente- en el genérico derecho a reunirse y a desarrollar actividades sindicales (Ley Nº 23.551, artículo 4°, inciso C). Algunos convenios colectivos se ocupan del tema y lo regulan estableciendo una serie de requisitos que permiten cumplir con esa función informativa de los dirigentes gremiales a sus representados, sin causar un perjuicio en sí a la actividad productiva del establecimiento. Nadie discute que el derecho de reunión y deliberación es inalienable. Hacerlo en un lugar de trabajo, en horario de prestación de servicios, sin autorización patronal, cesando las actividades y afectando a buena parte de la población es una cosa muy distinta. Se trata un abuso de derecho, de una huelga encubierta que busca burlar la legislación aplicable. Así la jurisprudencia ha dicho: “La realización de una asamblea de empleados del Banco Central en horario de trabajo y de atención al público, sin solicitar autorización ni comunicar a la entidad lugar y hora de realización, pugna con el legítimo accionar de un reclamo gremial, por lo que corresponde admitir la exclusión tutelar a efectos de que se aplique la sanción peticionada” (CNTrab, “De Candia, José c/ S.A. La Razón EEFIC y A s/ despido”). Ese fallo consideró que el ejercicio legal de ese derecho “presupone el cumplimiento de ciertos recaudos, entre los que se encuentra la comunicación al empleador con la debida antelación de la convocatoria dispuesta a fin de que aquel pueda adoptar las medidas que permitan reducir al máximo las consecuencias de la interrupción del trabajo por el tiempo que demande la realización de la asamblea. Sin embargo, este y los demás recaudos que es dable exigir a los trabajadores deben merituarse en el entorno de posibilidades fácticas que rodean al conflicto que dio origen a tal asamblea”. Volviendo al caso de marras, la pretensión de asamblea  (fue levantada) del viernes último en los aeropuertos: que no guste la política aeronáutica de una gobierno, ¿es por su gravedad y urgencia una causa para convocar a una asamblea, en el lugar y hora de trabajo, en perjuicio de más de 5.000 pasajeros?

Es cierto que todos los códigos legales de Occidente aceptan el derecho a la huelga y lo califican como una “conquista laboral inalienable”. Cabe en esta instancia traer a colación que hasta hace relativamente poco tiempo, los códigos admitían la esclavitud, la tortura y la discriminación racial. Y que son muchos los Estados en donde legalmente las mujeres padecen de una manifiesta inferioridad ante los tribunales y donde se castiga la homosexualidad.

Esto nos habla a las claras de que las leyes, necesariamente, deben ser dinámicas y modificarse acompañar los signos de los tiempos. Estos lamentables y costosos procedimientos tiene su origen en dos supuestos que ya no forman parte del mundo en que vivimos. La huelga era, en primer lugar, un instrumento de lucha revolucionaria creado en el Siglo XIX por los marxistas y otros grupos radicales para desangrar el injusto sistema capitalista. Cada huelga no era otra cosa que un ensayo parcial para la gran huelga general que daría al traste con toda la estructura del Estado. Hoy quedan muy pocos insensatos en el mundo que suscriban las ventajas de ese Armagedón político o que esperen ese “día de la ira” soñado por los comunistas. La segunda superstición consiste en admitir la existencia de dos factores hostiles necesariamente enfrentados, capital y trabajo, sin advertir que esas categorías ya han sido borradas por la economía de mercado. Ya casi nadie es “trabajo” o “capital” puros. A veces somos una cosa y a veces la otra. Y siempre somos consumidores, es decir, exactamente la categoría de ciudadanos castigados por las huelgas.

A nuevas realidades, nuevas leyes. Es necesario estimados lectores, para poder avanzar en la historia de la humanidad y no vivir anacrónicamente, tironeados entre lo que fue y lo que es.