Discépolo, un profeta

E

l debate ya está abierto y ha llegado no sólo a los medios sino a la calle; todos opinan, de acuerdo a su punto de vista, sobre la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre.

En principio, el fallo favorece a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza que realizaron la presentación judicial, pero abre las puertas a que se produzcan reclamos similares en todas las cárceles donde los detenidos cumplen condena.

Para poner el tema en contexto, vamos a mirar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar, Pedro David y Angela Ledesma, donde dice que el preso que trabaja debe gozar, “con todos sus alcances”, de estándares como “igual remuneración por igual tarea”, asignación familiar, licencias, obra social y cobertura por accidentes y la posibilidad de agremiarse y capacitarse. Además, ordenó que el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal junto a la Procuración Penitenciaria elaboren un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad. El tribunal dispuso también “encomendar al director del Servicio Penitenciario Federal para que durante la transición se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo”.

La resolución de la Cámara de Casación Penal advirtió que la lucha contra la inseguridad solo será posible si se brinda empleo a los reos, para que luego se reinserten en la sociedad.

Concretamente, si nos basamos en la mencionada ley, un preso y un trabajador libre tienen los mismos derechos, sólo que el primero está detenido por robo, asesinato, violación o narcotráfico, entre otras penalidades por las cuales se recluye a los que cometen delitos. Aunque con una gran diferencia: entre sus gastos diarios no se cuentan techo, alimentos ni salud, que sí deben afrontar con su haber quienes están en libertad.

Aquí entramos en un problema doctrinario de la Justicia y los abogados, ya que la mitad de la biblioteca avala la posición de la Cámara de Casación y la otra mitad la repudia.

Cierto es que según nuestra Constitución, las cárceles deben ser limpias y no serán para castigo sino para reeducación del detenido. En este sentido, la Carta Magna toma posición doctrinaria a favor de las garantías del detenido. Pero de ahí a equiparar a los trabajadores con los delincuentes, sólo porque estos realizan una labor hay un trecho que torna el tema muy discutible en términos constitucionales.

El hombre de a pie, en líneas generales, está en contra de este beneficio para los presos, que tengan aguinaldo y vacaciones, porque si realizan una tarea, que no está mal que sea remunerada ya que son trabajos para empresas privadas, no se puede equiparar a un trabajador en libertad, por la misma situación por la que no se lo puede dejar suelto para que pasee por la calle. Está preso, ha cometido quizá un delito aberrante contra otro ciudadano por lo que, en esencia, su situación no debería ser asimilada. En cuanto a la importancia del trabajo como medio para su rehabilitación social, en general hay consenso. Pero las condiciones en que lo realiza deben ser puestas en contexto real, ya que caso contrario, se pierde la relación entre méritos y castigos. En una sociedad no debe tener el mismo valor hacer las cosas bien que mal, no deben dispensarse los mismos beneficios en ambos casos porque se resquebraja el espíritu de la ley.  

Es correcto y conveniente que el reo tenga la posibilidad de trabajar, aprender un oficio y cobrar un salario para tener dinero ahorrado cuando salga, tras cumplir la condena, además de que el hecho que haga algo productivo ayudará a su reinserción. Pero su remuneración debiera revestir el carácter de estímulo, tal como el caso de las pasantías. Según estas, un joven en su etapa de formación, puede insertarse en el mercado laboral bajo esta figura y percibir un dinero por su labor, pero no en iguales condiciones que quien ya completó su formación, previa inversión en tiempo y dinero, lo que le permitió calificar para el puesto que ocupa. 

Lo que retumba en los oídos de la gente como una burla es darles a quienes han omitido cumplir la ley, aguinaldo y vacaciones. Además, el cachetazo es peor cuando queda al descubierto las paupérrimas condiciones en que deben vivir la mayoría de los jubilados, que cobran poco más de 3.000 pesos, tras haber trabajado más de 30 años y haber dejado parte de su salario para su supervivencia futura, en la etapa más vulnerable de su vida después de la niñez. Tal vez sea esta irracionalidad la que más molesta en la sociedad. Quizás si los abuelos cobraran lo que necesitan para vivir dignamente (y sin la ayuda de sus hijos) no molestarían tanto los 4.400 de los presos.

Actualmente hay unos 10 mil presos alojados en cárceles federales, aparte de las provinciales. De ellos, dos mil tienen un trabajo que podría llamarse estable y que alcanza las 40 horas semanales por el que se cobran 4.400 pesos. Pero, además, hay otros seis mil detenidos que hacen alguna actividad que, en general, se paga 22 pesos la hora; son jornaleros. Y toda la actividad está regida por el Ente Cooperador Penitenciario.

Sabido es que hay que hacer más cárceles, porque los presos están hacinados y eso ha generado más de un motín, también que debieran ser más limpias y que en todas se debería dar trabajo a los presos, para que aprendan un oficio, para bajar los niveles de reincidencia en el delito. Pero de ninguna manera equipararlos al trabajador que se levanta a las 5:00 de la mañana porque tiene que tomar el tren para llegar a su trabajo, que con su salario alto o bajo mantiene a su familia, afronta los gastos diarios de comida, transporte, vestimenta, educación, salud y techo y, aunque no le alcance, cumple las leyes y no sale a robar.

El detenido no goza, en ningún caso, de los derechos de quienes estamos en libertad, no puede circular libremente, sin ir más lejos y eso lo cambia todo. Se le permite trabajar en cautiverio por su propio beneficio económico y mental, para que salga mejor de lo que ingresó. Ese es el propósito de un trabajo para los internos, lo que en general en nuestras cárceles no vemos que suceda. Pero su retribución, que todo ser humano merece por su trabajo, ya que de lo contrario sería un esclavo, no debe contemplar los mismos beneficios que la que reciben aquellos que fueron damnificados. Y no importa aquí si estos gastos corren por cuenta del Estado o de las empresas que proporcionan el trabajo, sino que se trata de preservar el espíritu de la idea, que es rehabilitar al reo con un estímulo, no con beneficios que le corresponden a quien, aun en circunstancias adversas, se mantuvo dentro de la ley y respetó los derechos de los demás. Si no, estaríamos haciendo realidad la profecía de Discépolo en su Cambalache: 

“…¡Hoy resulta que es lo mismo

ser derecho que traidor!

¡Ignorante, sabio o chorro,

generoso o estafador!...

…¡Qué falta de respeto, qué atropello

a la razón! ¡Cualquiera es un señor!

¡Cualquiera es un ladrón!...

…Es lo mismo el que labura

noche y día como un buey,

que el que vive de los otros,

que el que mata, que el que cura

o está fuera de la ley”.  

La decisión de la Cámara Federal de Casación nos pone a ciudadanos y a la Justicia, una vez más, en sintonías muy distintas. Son otras las respuestas que espera la sociedad frente al delito, que las que estos magistrados ofrecen.