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Recurrir a instrumentos de financiamiento externo en Argentina se demoniza, como si la herramienta en sí misma estuviera atravesada por variables ideológicas. Y como si en la elección de un determinado gobernante de recurrir al mundo para solicitar recursos se discutiera la soberanía misma del país. Cierto es que todo está imbuido de ideología, y que ninguna decisión es ingenua, pero el problema no es de la herramienta sino de las condiciones en las cuales se recurre a ellas y el modo en que estas decisiones condicionan al país o lo impulsan al desarrollo.
Tenemos en el haber una larga tradición de debates respecto del peso de la llamada “deuda externa”. En la historia hubo presidentes que endeudaron al país y otros que asumieron el pago de esos compromisos; también estuvieron quienes embanderados en el populismo los desatendieron como si no cumplir con lo pactado fuera un gesto de heroísmo. Las posturas y las referencias son de lo más diversas. Cada vez que el tema se impuso en la agenda política por necesidad o por conveniencia sobrevinieron voces de adhesión o de rechazo. Para ponderar o para juzgar esas políticas se puso al financiamiento internacional bajo la lupa dando lugar a todo tipo de debates.
El botón de muestra de esta apreciación es la relación del país con el Fondo Monetario Internacional, un organismo controvertido que ha asistido al país en forma recurrente con efectos conocidos. Al FMI se le cuestiona la fuerte intromisión que suele tener en las decisiones de política interna como contrapartida del apoyo financiero que brinda. Así aparece en el concierto de las alternativas como la que menos consenso logra. Sin embargo, se acudió allí en busca de asistencia en distintos momentos de la historia. Como se recurrió a otros recursos, quizás porque el instrumento en sí mismo no es blanco de calificativos. Y quizás porque es imposible pensar el país prescindiendo de este tipo de asistencia financiera de fondos internacionales.
Más allá de cualquier consideración que pueda hacerse respecto de esto, los principales líderes políticos actuales del país han sostenido con distintas posiciones que Argentina hoy por hoy es inviable como país sin el recurso del endeudamiento externo. En tiempo electoral los precandidatos presidenciales, incluso de ideologías contrapuestas, coinciden en que el financiamiento es una herramienta útil y que más allá de la opinión que se tenga respecto de la conveniencia de haber recurrido al FMI como lo hizo el actual gobierno, saben que los compromisos hay que honrarlos abriendo un abanico de posibilidades en torno a la refinanciación. Pero nadie piensa en la decisión intempestiva y aventurada de caer en un default por las consecuencias que ello acarrearía en términos de confianza.
En el horizonte lo que queda claro es que la cuestión del financiamiento internacional no es algo que deba dirimirse en términos ideológicos. Así como otros países han sustentado la construcción de sus modelos políticos y económicos sobre otras bases, Argentina ha optado a lo largo de su historia por esta vía. En este sentido, desde lo ideológico el debate debería estar saldado.
Lo que sí hay que discutir es cuál es el propósito de recurrir al financiamiento internacional y con qué argumentos. Lo inadmisible es que siempre se apele a este tipo de herramientas en un marco de asfixia financiera producto de decisiones estructurales que nunca se toman y que los recursos que se obtienen, lejos de volcarse a resolver problemas genuinos de la gente, se afecten a cubrir problemas de déficit y habiliten políticas que solo fomentan la especulación financiera.
Por estos días en los que el país ingresa en tiempo de elecciones y todos los temas se plantean en clave electoral, quizás sería necesario incluir en el debate el para qué y el cómo de los endeudamientos. Tal vez sería tiempo de comenzar a pensar en el modelo de construcción que se busca para el país, y sobre esa base comenzar a armar la estructura política y económica capaz de sostener las profundas reformas que se requieren, tanto en el aspecto financiero como en el político para propiciar que de una vez por todas, con el consenso de todos los actores, el país inicie ese círculo virtuoso en el que se apueste a la producción y los fondos del financiamiento internacional finalmente se usen para llevar adelante proyectos que favorezcan el desarrollo. En este esquema, sin demonizarlo, el financiamiento funciona como fue concebido: como una herramienta puesta al servicio de hacer más eficiente el Estado y no para seguir financiando el déficit.
