El gran bolsillo legislativo

Asediada por los problemas cotidianos, que van desde la pandemia hasta la inseguridad pasando por la inflación, el empleo y la pobreza, la sociedad argentina se suele desinteresar de los asuntos de la política ligada al quehacer legislativo. Las principales luces del escenario alumbran a los protagonistas de los poderes ejecutivos, ya sea el presidente, los gobernadores o los intendentes mientras que los legisladores de todos los niveles cumplen un papel muchas veces secundario, al menos para una buena parte de la población. Quizás solo el arco institucional que representa a un amplio abanico de sectores, que va de la cultura a la economía, tiene en claro que para defender sus intereses debe gestionar y reunirse ante los cuerpos legislativos.

Un sondeo nacional realizado por la consultora Taquion en el primer semestre del año pasado, tras consultar a 1.600 personas de todo el país, incluyó entre otras preguntas cuán satisfechos estaban con la manera en que funciona la democracia en la Argentina. Apenas un 18,4 por ciento respondió que entre “muy” y “bastante satisfecho” contra un 72,7 por ciento que se inclinó por las opciones “poco” y “nada satisfecho”. Esta insatisfacción generalizada revela una percepción negativa sobre la clase política en general, la cual explica a partir de sus reiterados fracasos el estado -deplorable- de la nación.

En un mundo ideal, que en términos filosóficos podríamos definir como el del “deber ser”, un dirigente político debería reunir cualidades y valores como honestidad, transparencia, austeridad, humildad, apertura al diálogo y capacidad de gestión. No es fácil encontrar estos atributos en los principales políticos nacionales, que no sobresalen por su estatura ética y moral sino más bien por sus incesantes desfiles por los tribunales para dar explicaciones -y tratar de zafar- de investigaciones por corrupción.

Ahora bien, más allá de la falta de confianza hacia los políticos, el dato objetivo es que en la Argentina el sistema republicano de división de poderes encuentra en el ámbito legislativo a uno de los componentes esenciales. Y los parlamentos de todos los niveles tienen diputados, senadores y concejales que reciben salarios (dietas) que están por encima del promedio de ingresos de la población por cumplir tareas como es la redacción de leyes y ordenanzas. La cuestión es que decenas de dirigentes se dedican con responsabilidad a ejercer sus funciones y otros tantos pasan de-sapercibidos debajo del escenario, pero cómodos con cobrar cada mes sustanciosos salarios que salen del dinero de los impuestos de los argentinos. Y que además están rodeados de un ejército de asesores anónimos pero costosos y dudosamente productivos.

Ni el Congreso de la Nación ni la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ni el Concejo Deliberante de Pergamino transparentan el nombre de los asesores, en algunos casos virtuales ñoquis y acomodados. Por cosas como esta la gente descree del sistema y generaliza una pésima nota hacia la política y sus actores. Sin olvidar que en la caja del Senado de la Nación de rendición de cuentas ni se habla.

¿Y cuánta plata le cuesta el Congreso nacional a los argentinos? El monto total destinado al parlamento es de 40.273 millones de pesos, que representa un aumento de 53 por ciento en comparación con el presupuesto 2020, según publicó el portal Infobae. En promedio, agrega, hay 70 empleados legislativos por senador y 20 por diputado.

La provincia de Buenos Aires es la que cuenta con más legisladores, debido a la tracción que hace Diputados por la cantidad de habitantes), además de por ser un poder bicameral. Requiere para su funcionamiento 9.500 millones de peso al año (estimación 2020), el presupuesto más alto de todas las provincias. Ahora, por contar con la mayor población del país, el costo por habitantes está entre los más bajos: 609 pesos per cápita. No obstante, para dimensionar el volumen de recursos que insume el legislativo bonaerense, puede señalarse que su gasto equivale a 75 veces lo asignado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A la vez que los congresos nacional y provinciales suponen una erogación desmedida que resta recursos a otras áreas gravitantes, la calidad de los proyectos que se presentan a lo largo del año deja mucho que desear. De más está decir que salvo las maratónicas sesiones por temas candentes, que son unas pocas en cada período, el resto versa sobre cuestiones de escasa a nula relevancia para el ciudadano, al estilo de “declárase de interés parlamentario el…..”.

A nivel municipal, por ley los gastos totales del Concejo Deliberante no pueden superar el 3 por ciento del Presupuesto total, excepto que dicho porcentaje no cubra las erogaciones que corresponda en concepto de dietas. Es decir que en este 2021, teniendo en cuenta que el Presupuesto aprobado es de 2.950 millones de pesos, unos 88.500.000 irán a cubrir las remuneraciones de nuestros 20 concejales y demás gastos administrativos del cuerpo. La cuenta puede hacerse de varios modos; por ejemplo, que cada concejal nos cuesta 370.000 pesos por mes (no es su dieta sino el costo) o que el Concejo en su totalidad cuesta 804 pesos anuales por habitante del Partido.

En un contexto donde la Argentina debe ir a una reestructuración profunda del Estado, para ordenar sus cuentas públicas y comenzar un crecimiento sostenido, la evaluación del costo de la política para las arcas públicas no puede soslayarse, empezando por macro organismos como los parlamentos y tantos otros que los ciudadanos desconocemos porque solo vemos a los funcionarios referenciales, hasta que algo nos pone en situación de la magnitud de la problemática, como el caso del Inadi con sus 400 empleados. Es lo menos que pueden hacer quienes se llenan la boca diciendo que gobiernan para los pobres y dicen luchar contra la opulencia del capitalismo. La austeridad en los presupuestos de los poderes estatales debiera ser el punto de partida de esa reestructuración. Eso antes de tocar, una vez más, el bolsillo de los ciudadanos.