Nuestro WhatsApp:+54 9 2477 65-4706
Amenudo se escucha a los políticos hacer diagnósticos sobre la realidad del país y afirman con total convicción que todos los problemas son problemas de educación. Así ocurrió también en el primer debate presidencial obligatorio realizado el domingo. La cita a Domingo Faustino Sarmiento fue obligada para inaugurar el bloque dedicado a la educación. La apelación al prócer suele gustar y quedar bien. Sus apreciaciones son rotundas y asertivas y causan un efecto generando la ilusión de que se tiene el conocimiento para la búsqueda de soluciones. Sin embargo, enseguida aparece la paradoja. El tiempo dedicado a la educación fue solo de tres minutos por candidato para abordar las cuestiones inherentes a la educación y la salud. Apenas puede esbozarse un título en ese tiempo. Como sucedió con otros tópicos, la estructura rígida del debate dejó poco espacio a la improvisación y menos a la posibilidad del intercambio que estuvo vedado. Nada de la necesidad del diálogo y del consenso que requiere el abordaje de las cuestiones educativas pudo plasmarse en esta experiencia comunicacional. Todo un signo del tiempo que se vive en Argentina.
Apenas esbozadas como frases hechas, en el debate fueron apareciendo algunas propuestas. Los tópicos giraron en torno a la necesidad de declarar la educación como servicio público, básico y esencial, terminar con las huelgas, reformular estatutos docentes, revisar el sistema de licencias, recrear la educación técnica, establecer la modalidad dual, arancelar la educación superior en algunos casos y restablecer exámenes de ingreso, enseñar inglés y robótica desde el jardín de infantes irrumpieron en el escenario del debate político. También las cuestiones vinculadas a la educación sexual y el pretendido “cambio de perspectiva” para abordar este tema en los colegios centrándose en la biología para defender la vida, dijeron presente. Pero sin desarrollo. Como si faltara perspectiva y verdadero conocimiento de lo que es competencia del Gobierno nacional en un país federal que tiene delegadas algunas responsabilidades en las provincias.
Más allá de cualquier posición ideológica y estilo personal de cada candidato, el debate destinó muy poco espacio a cuestiones medulares y sensibles que hablan de la calidad y de la estructuración del sistema educativo. Ni siquiera consiguieron plantear un diagnóstico común, salvo el de afirmar que todos los problemas son de educación. Y esto abre no pocos interrogantes: ¿cuáles son los problemas reales de la educación para los candidatos presidenciales?, ¿en qué proyecto de país se inscriben?, ¿dónde están las prioridades?, ¿cuáles son las alternativas? ¿cómo se construirán los consensos para aplicar políticas que deberán implementarse en el largo plazo conteniendo a todos?
Considerando que la mayoría de las propuestas implican cambiar las leyes vale preguntarse: ¿no hay nada que se pueda hacer dentro de la normativa vigente? ¿Es imposible establecer una base mínima de acuerdos? ¿era el debate presidencial el espacio donde formular ese compromiso?
Algunas cuestiones vinculadas al sostenimiento y aumento del presupuesto mínimo para la educación y la garantía de cumplimiento de los 180 días de clases no merecen de mayores transformaciones. Tampoco importan cambios normativos, la jerarquización del trabajo docente ni la inversión necesaria en infraestructura educativa. Las políticas de articulación entre los distintos niveles de la enseñanza para evitar la deserción y resolver las enormes dificultades de aprendizaje que se expresan entre los chicos no requieren más que de buenas decisiones políticas. Pensar seriamente en la calidad y hacer cumplir la ley vigente podría ser, para empezar, una buena propuesta. Pero esto estuvo ausente en un debate que se transformó en este tópico solo en un rosario de buenas y moderadas intenciones.
Seguramente la ciudadanía esperaba más del debate en este aspecto porque en un país federal las competencias del Gobierno nacional en temas educativos es insoslayable y de una plataforma seria depende la posibilidad cierta de establecer un rumbo que saque al país de la tragedia educativa que vive. Ningún proyecto de país se construye sin bases educativas sólidas. No es excusa que se atraviesen tiempos de crisis. Por el contrario. Es imperioso fortalecer la formación docente, evaluar seriamente el sistema educativo, promover la equidad, resolver desigualdades y estimular procesos de innovación.
En materia educativa, el debate presidencial mostró una foto de la falta de profundidad de las propuestas, de la disgregación de las miradas de cada postulante.
En un país federal, el Gobierno nacional tiene competencias insoslayables, como establecer el rumbo de la educación dentro de un proyecto de país, diseñar un currículum básico y común, garantizar la calidad de la formación docente, desarrollar políticas que lideren un proceso que posicione a la educación como un factor estratégico para impulsar el desarrollo sostenible, por ejemplo, son apenas algunas de las cuestiones que la dirigencia debe pensar para poner a la educación no solo en el lugar que supo tener alguna vez, sino en el que precisa para estar a la altura de los enormes desafíos del futuro.
