El presupuesto desembarcó en el Congreso ¿y ahora?

Finalmente, después de semanas de durísimas negociaciones entre oficialistas y opositores, ingresó en el Parlamento el proyecto de Presupuesto 2019 con equilibrio fiscal, una de las condiciones que la Argentina ofreció al FMI para renegociar las pautas del préstamo stand by por 50 mil millones de dólares.

Originalmente, el déficit para 2019 estaba previsto en 2,6 por ciento del PBI. Eran tiempos de un gradualismo que terminó en fracaso. En los albores de la crisis cambiaria que se desató a fines de abril, Nicolás Dujovne lo redujo a 1,3 por ciento, pero el 3 de septiembre el Gobierno se vio obligado a anunciar el déficit cero. Porque la crisis que atravesamos termina en la imposición de los mercados de hacer por las malas las reformas que el Gobierno no quería hacer por las buenas.

Eso significa que Argentina debe encontrar la forma de solucionar su déficit primario, proyectado en casi 400 mil millones de pesos. La mitad de ese rojo será cubierto con reducción genuina del gasto, en tanto que la otra mitad será aportada por más presión impositiva o por la no reducción de impuestos.

Y es muy importante aprobar este presupuesto porque de no ser el Fondo Monetario, ¿quién le va a prestar a la Argentina para pagar los vencimientos de deuda que caen en 2019 o cómo hará para reprogramarlos? De hecho, espera del organismo un mayor desembolso de dinero el año que viene para afrontar estos vencimientos.

Es entonces la hora de la política; los números, lo técnico ya fue puesto en la cancha. Salir del discurso de apoyo y pasar a los hechos, con la aprobación de la herramienta fiscal, se torna imprescindible. Y debe ser rápidamente, sin dilaciones ni condicionamientos. Va en juego empezar a salir de una crisis en la que, al fin, nos metieron todos: los que gobiernan ahora pero también los que gobernaron antes. No cabe jugar a una oposición intransigente cuando han sido parte del problema. Tiene que ser, por tanto, parte de la solución.

Se estima que este expediente incluye una inflación del 23 por ciento, un dólar de 43 pesos y un crecimiento del cero por ciento. Pese a las buenas perspectivas que sostiene el campo, estas no alcanzarían para compensar el arrastre negativo que dejará 2018.

En el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para aprobar la ley, que saldría hacia noviembre. Y en el Senado dormirían tranquilos, pero en Diputados los gobernadores que han acordado con el macrismo, no pueden garantizar los votos de los legisladores de sus provincias. Y esta cuestión no es menor.

Hay diputados que se niegan al recorte del gasto, que se explica por la reducción de la obra pública, que aportará el equivalente al 0,7 del PBI. Otro 0,5 por ciento será por reducción de subsidios (energía y y transporte, básicamente) y un 0,1 por ciento por gastos corrientes. El otro 1,3 por ciento provendrá de mayor recaudación: 1,1 por las retenciones a todas las exportaciones y 0,2 por nuevos impuestos o diferimiento de rebajas anunciadas. Se extiende el pago de Ganancias a todos los poderes ejecutivos de la Nación, se suspende el pago a cuenta del 50 por ciento del Impuesto al Cheque para grandes empresas (está en 33) y no se aumenta el monto salarial exento del pago de contribuciones patronales, como preveía la reforma tributaria. Sube a uno por ciento Bienes Personales para radicados en el exterior.

De los 400 mil millones de pesos por recortar, las provincias asumen 100 mil millones: no dispondrán del Fondo Sojero y deberán asumir (o pasar a tarifa) el subsidio de energía y transporte. Para eso, se acordó una adenda al Consenso Fiscal que firmaron en noviembre de 2017, que las habilita a suspender por un año la rebaja del Impuesto a los Sellos, aunque sigue en pie la obligación de bajar alícuotas de Ingresos Brutos.

De todos modos, las provincias serán compensadas, ya que los nuevos impuestos (no las retenciones) sí se coparticipan. Si bien ahora perdieron el Fondo Sojero y tienen que asumir subsidios, no deben bajar Sellos y recibirán más coparticipación. En realidad las provincias están en mejor situación que la Nación, que es la que debe hacer el mayor ajuste porque, por otra parte, es el sector público que está más en deuda con este asunto.

La grieta en este caso es entonces más discursiva que fáctica, porque realmente las provincias tienen margen para hacer su fundamental aporte a la meta de déficit cero. Recordemos que la Corte Suprema les devolvió el 15 por ciento de la precoparticipación en Ganancias que antes iba a la Anses. Además hay algunas provincias que reciben regalías petrolíferas y merced a la devaluación están recaudando un 70 por ciento más que el año pasado

El proyecto contempla un crecimiento de las exportaciones en torno al 21 por ciento interanual, motorizado por el rebote de las exportaciones agrícolas, la mejora en las exportaciones energéticas por el desarrollo de Vaca Muerta y una aceleración de las exportaciones manufactureras de origen industrial de la mano en la maduración de inversiones, la mejora en el tipo de cambio real y la aceleración de Brasil.

La recesión es parte del esquema, porque el Gobierno estimó una caída de 1,6 por ciento en el consumo privado y de 9,7 en la inversión, no es poco lo que hablamos para el año que viene. El proyecto de ley contempla una mayor caída del consumo público (-3,4), consistente con el logro del equilibrio fiscal para el año y una leve recuperación de las importaciones (+2,8) una variación menor al 4 por ciento en casi 14 meses, luego de que el viernes cerrara en 40,50 pesos.

No es un presupuesto que toda la oposición acepte de buen grado, por el contrario la negociación con los gobernadores fue claramente difícil, sin embargo llegó a buen puerto el acuerdo. Ahora hay que llevarlo a los hechos; ya no hace más falta la técnica sino la disposición acuerdista. Veremos el nivel de responsabilidad de los legisladores para aprobar este presupuesto que la Argentina necesita para salir de un trance tan difícil como el que atraviesa.