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El Estado nacional dejará de recaudar el año que viene más de 41.000 millones de pesos por el beneficio que gozan los jueces y funcionarios judiciales que no están obligados a cumplir con el impuesto a las ganancias que, en cambio, sí tienen que pagar empresas y ciudadanos que ganan un monto determinado de dinero cada mes. Se trata de una carga que, por una cuestión de equidad y especialmente en la difícil coyuntura que actualmente atraviesa el país, tendría que ser repartida entre todos los contribuyentes que tienen mayores ingresos.
El dato sobre el monto que el fisco dejará de recaudar en este caso se desprende del texto de la ley de Presupuesto 2021, que será tratada en los próximos días por legisladores del Congreso de la Nación. Para ser más exactos, la suma de la que no podrá disponer el Estado nacional es de 41.285,2 millones de pesos, es el equivalente a una cuota más del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que puso en marcha el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria y que podría beneficiar a casi cuatro millones de personas. Es también el equivalente a más del 40 por ciento del presupuesto que dispondrá el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para invertir en las distintas regiones del país.
En rigor, la discusión relacionada a esta ventaja especial para los jueces y funcionarios judiciales que siguen exentos de pagar Ganancias, a pesar de la reforma del año 2017, no es nueva. Lo que es nuevo es el contexto de emergencia sanitaria generada por la pandemia que derivó en una situación sin precedentes que obligó al Estado a adoptar una serie de medidas de corto plazo con el fin de proteger la producción y el empleo, garantizar el abastecimiento en todo el país y cuidar el ingreso de las familias. Desde esa perspectiva, lo ideal sería que los sectores de la población que más ingresos tienen estuvieran dispuestos a contribuir más. Si bien es cierto que, como argumentan muchos, el impuesto a las ganancias no debería alcanzar a los salarios, también es cierto que la obligación está vigente y alcanza a la mayoría de los contribuyentes que, como se dijo, ganan un monto determinado por mes. Entonces, por una cuestión de equidad en el esfuerzo que hacen muchos asalariados, no es justo que este tributo —que es uno de los más importantes del fisco— no alcance a un sector con ingresos que no son precisamente de los más bajos del país y que podría aportar casi la mitad de los recursos que tendrá el año que viene Vialidad Nacional para poder realizar obras, o casi el 45 por ciento de los fondos destinados para el sistema de ciencia y técnica, o casi el 11 por ciento del presupuesto nacional de salud, por citar otros ejemplos.
Aunque en la práctica no siempre sea así por estar sobrevolando la sospecha de la corrupción, el sistema tributario cumple la función de suministrar a las arcas del Estado los recursos necesarios para poder financiar las distintas acciones que se ponen en marcha para garantizar al conjunto de los ciudadanos una adecuada provisión de bienes y servicios. Y dentro de ese sistema, el impuesto a las ganancias es clave para el fisco: el año que viene, según los datos que se desprenden del Presupuesto Nacional, la recaudación por este tributo llegará a 1.871.591,5 millones de pesos, una suma que es equivalente a casi el cinco por ciento del PBI. Si se lo compara con otros impuestos nacionales, solo es superado (en cuanto a capacidad de recaudación) por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya recaudación equivaldrá al 7,18 por ciento del PBI.
Vale recordar que los jueces pagan otros impuestos que también impactan en el poder adquisitivo de sus ingresos, lo que demuestra que la intangibilidad a la que muchas veces se hace referencia no es un concepto absoluto. Por otra parte, si bien la Constitución Nacional establece que los jueces “recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones”, la norma no dice que se los debe exceptuar de pago de impuestos que obligan al resto de la sociedad, por lo que cabe esperar que, por la vía del sentido común, se ponga fin a este tipo de privilegios.
