El problema no es el porcentaje de las paritarias, es la inflación

Una encuesta realizada entre 118 grandes compañías estimó que el aumento de salarios para los trabajadores bajo convenio en 2019 será de 30 por ciento. Para aquellos empleados jerarquizados o fuera de convenio se estima en un 29.

Los incrementos planificados por esas firmas están en sintonía con la inflación que el Gobierno dice que tendremos, en torno al 23 por ciento. Sin embargo, tras la difusión del IPC de enero, algunas consultoras ya estiman que la suba de precios de este año será de más del 30 por ciento. A esto hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo que se arrastra de 2018 por los acuerdos que quedaron muy por debajo de lo que resultó la inflación anual.

La discusión en los próximos días girará en torno a un número, una cifra, un porcentaje. Empezará el tironeo de punto más arriba o punto abajo entre patronales y sindicatos; que si 25, que si 30, que si 40 por ciento. Cualquier cifra que soliciten los gremios apenas empardará la inflación de arrastre y la que vendrá. Desde este punto de vista, cualquier solicitud puede ser catalogada como lógica. Pero el problema es que estas negociaciones paritarias caen en un momento muy delicado para las empresas, sobre todo para las Pymes que se encuentran en una situación muy compleja y difícilmente puedan pagar el aumento que ser acuerde, aunque fuera de un ínfimo 10 por ciento y en etapas. Esa es la cuestión, que no se puede pagar por la enorme recesión que atravesamos. Si no hay consumo, no hay ingresos para hacer frente a lo que justamente se solicita y que el empleador no niega, pero hay imposibilidad fáctica. Pero deberán acordar y pagar lo que se decida. Y será entonces cuando, por tener que afrontar esos y otros aumentos, la herida sangrará por otro lado y habrá efectos secundarios no deseados: suspensiones, reducciones de jornadas,  despidos. Eso, al fin, termina generando más recesión. Un círculo vicioso altamente nocivo.

Por eso decimos que el problema no es la cifra de aumento salarial, ya que cualquiera es inviable en este contexto de recesión y parálisis productiva en consecuencia. El problema es la inflación, este mecanismo perverso que corroe la economía y que ha sido erradicado de casi todos los países del mundo, menos en la Argentina entre muy pocas naciones. Hoy la pelota no está en el arco de los empresarios ni en el de los trabajadores, sino en el del Gobierno y lo que pueda hacer para lograr su descenso.

Los salarios han tenido una pérdida muy fuerte en 2018, porque el promedio de ajuste salarial para personal fuera y dentro de convenio el año pasado fue de 33 por ciento y la inflación fue de 47,6. Hay unos 15 puntos por debajo de los incrementos de salarios con relación a la inflación acumulada. Es una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo pero 2019 no se van a poder recuperar. En el mejor de los casos, las empresas acompañan la inflación, cuando pueden y muchas –como la mayoría de las Pymes- no podrán ni eso.

La situación es crítica, porque además, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Siap), en noviembre de 2018 hubo 172.000 trabajadores registrados menos que en noviembre de 2017. Unos 117.700 fueron asalariados privados. El último dato de desempleo subió a 9 por ciento (aun creando empleo precario) en el tercer trimestre del año pasado.

Mientras mantengamos estos niveles inaceptables de inflación, toda la economía aparece bajo un lente deforme. Y así, el que fue el gran objetivo de esta gestión, incluso reduciendo todos los problemas del país a su existencia, está naufragando. El mismo Macri dijo que la “madre de todas las batallas” era la inflación y que en su mandato sería reducida a la mínima expresión. Y aquí estamos, casi cuatro años después, padeciendo el mismo yugo. Claramente no hubo receta que le funcionara al equipo de gobierno, pero tampoco se modificó la agenda en función de ello y se siguió aplicando el gradualismo en la adecuación de tarifas de servicios, gas, energía. Estos aumentos continuos, en un escenario que no es el previsto al inicio de la gestión, atentan justamente contra el objetivo de base que es frenar el fenómeno inflacionario. Las tarifas aún muestran atrasos, pero el salto del dólar nos hizo perder el esfuerzo realizado el año pasado con los aumentos (porque están atadas al dólar) y hoy estamos empezando casi de nuevo. Esta cuestión no es menor y conspira claramente con la posibilidad de acorralar la inflación, como es claro que no viene sucediendo.

Pero como estamos en un año electoral, la Casa Rosada quiere inyectar dinero en la economía local para empujar el consumo y paliar los efectos de la recesión. Y negocia con gremios y empresarios para que los privados adelanten una suma como parte de las paritarias 2019 antes de lo previsto. La suma -a definir- llegaría entre marzo o abril. Insistimos ¿cuántas empresas van a poder asumir este compromiso? Porque la verdad es que en términos de pequeña y mediana empresa no vemos esa posibilidad. Es más, todas están más cerca de reducir sus plantillas (porque de hecho hay personal ocioso debido a la escasa demanda de producción) que de poder aumentar salarios.

Referentes del mundo sindical del macrismo aseguran que se replicará el modelo que ya se utilizó en 2017, antes de las legislativas. Con la reelección de Macri como telón de fondo, buscarán que la mayor parte de los incrementos se perciban entre junio y julio, antes de las Paso y de la elección general para que la gente llegue con plata. Pero esto es sólo un truco electoral, una ilusión para llegar a fin de año, mientras los problemas que tenemos están ahí, imperturbables.

La clave para cerrar esos acuerdos es la misma que se replicará en todas las negociaciones: la cláusula de revisión, que se implementó en 2017 y 2018. Pero no cláusula gatillo, porque esta obliga a incrementar el salario si hay más inflación de la prevista, en cambio la revisión es “a conversar”.

Como dijimos al comienzo: el problema no es la paritaria, es la inflación.