Es momento de frenar tarifazos hasta que afloje la crisis

Ya asumimos que atravesamos una crisis donde la recesión, el dólar disparado y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, generan un escenario de dificultades para todas las actividades y profesiones.

Y es claro que la inflación y el déficit fiscal siguen siendo una preocupación latente para el Gobierno del presidente Mauricio Macri. Aunque la verdad es que como muy pocas veces sucede en la Argentina, hubo un consenso mayoritario para reducir el gasto mediante la quita de subsidios. Y es así como según datos oficiales, paulatinamente entre 2015 y 2017 hemos venido soportando grandes aumentos que son el correlato de un sinceramiento de tarifas tras 12 años de estar congeladas, en el convencimiento que no se podían pagar los servicios con monedas. La electricidad, 562 por ciento; el gas alrededor de 400 por ciento. Y aumentaron muy por encima de lo que subieron en términos nominales en los dos años de gestión de Cambiemos los sueldos de los asalariados registrados del sector privado 72 por ciento, es decir, los que mejores condiciones (aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones) tienen dentro del mercado laboral; mientras los salarios estatales se incrementaron casi nada.

La mayoría coincidimos en que las tarifas estaban planchadas desde la gestión anterior y son un problema económico de magnitud, dado que los subsidios a los servicios representaban gran parte del déficit fiscal de nuestro país. Por eso era muy necesario actualizarlas, pero también es cierto que se debería haber tenido en cuenta el ingreso de las familias al nuevo esquema. Porque la realidad es que si la industria, los comercios y los consumos familiares no pueden asumir tantos aumentos, la recesión no hará más que profundizase.

Quizá en esta etapa el Gobierno debiera suspender los incrementos tarifarios, al menos en los meses más duros de la crisis. Sin embargo el oficialismo avanzará con los anunciados aumentos de tarifas, aunque con la consecuente presión que ejercerán sobre los precios de la economía. En este momento tan delicado de la crisis, nuevas subas de tarifas impactarán en una inflación que ya viene espiralizada.

El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunció aumentos de tarifas de electricidad y gas. La versión encontraría fundamento en la necesidad urgente del Gobierno de reducir el gasto fiscal. En cuanto a que el aumento en la electricidad será inferior al 30 por ciento, hay que considerar por un lado el precio de la energía y por el otro el transporte y distribución, y que el primero representa el 40 por ciento de la factura con impuestos, y el segundo el 38 por ciento aproximadamente. Los pergaminenses veremos el impacto de la tarifa de energía toda vez que la gobernadora María Eugenia Vidal anunció un incremento del 24 por ciento.

Tampoco serán los únicos aumentos, habrá incrementos en el transporte, la medicina prepaga. Y otros aumentos de combustibles, que para la versión Súper será de entre 5 por ciento y 6, mientras que la Premium rondará el  7 por ciento. El valor del gasoil acompañará esos porcentajes, aunque no se descarta que el aumento sea mayor.

Los precios lamentablemente continúan aumentando y muchos de ellos de manera injustificada. Ya sabemos que no hay controles por parte del Estado a las grandes cadenas de supermercados que son formadoras de los precios, porque el Gobierno no cree que este tipo de controles de resultado, solo retocó “Precios ciudados” un programa de la ápoca de Cristina Kirchner que lo promocionan pero, al fin, se ve poco y en el interior como Pergamino casi nada. Precisamente los grandes aumentos de los servicios públicos que modifican las estructuras de costo, han llevado a que ya no haya precio en la Argentina. Hoy un comerciante cuando vende un producto no sabe si estará logrando la reposición del mismo.

Pero además debemos sincerar un aspecto de la cuestión: el incremento de las facturas de los servicios públicos es uno de los ítems de mayor peso en los presupuestos familiares. Desde que Mauricio Macri asumió el Gobierno se tomó la decisión de un “shock” tarifario después de más de una década de congelamiento de los servicios públicos, que se diferenció de la política gradual elegida en otros ámbitos de la economía.

Y si bien al comienzo el sistema fue exitoso para reducir el déficit fiscal, al reducir las subvenciones aplicados a empresas y residenciales y mantener las sociales, que financian en forma directa a la demanda, como es el caso de las familias de escasos recursos, jubilados y discapacitados que acceden a la “tarifa social”, hoy, con el marco recesivo y de crecimiento de costos asociados al dólar que impera, esta adecuación tarifaria se está convirtiendo en la sentencia de muerte de Pymes, principales generadoras de empleo.

Para completar el cuadro, el Gobierno habilitó el aumento de los precios regulados, como los de servicios públicos, transporte y combustibles. Este fuerte incremento registrado a partir de 2016 representó una importante transferencia de recursos de los sectores sociales medios, que no acceden a tarifa social, a las empresas proveedoras de servicios que, al mismo tiempo, resignaron recursos que recibían del Estado a través de los subsidios. Precisamente por eso, en esta instancia crítica, es que debieran frenarse los incrementos tarifarios hasta que la crisis vaya cediendo.

Ahora bien, seguir el sinceramiento tarifario en estas circunstancias tan particulares de nuestra economía es tan antipático y nocivo para el sostenimiento del PBI Y las fuentes laborales, que el Gobierno debiera pensarlo también desde el plano político, de no seguir castigando siempre a su base de sustentación de votantes.