Avances:
Programan la relocalización de sectores de fácil inundación El Programa Emprender abrió nuevos talleres en Villa San José Habilitarán un puesto fijo de matriculación en la Región Sanitaria IV
Editorial

Es tiempo de sincerar realidades: hacer cumplir la ley o modificarla

casi 10 años de su sanción, la Ley de Salud Mental y su aplicación sigue generando controversias y voces que se pronuncian a favor y en contra de una normativa que vino a cambiar un paradigma y a revisar integralmente la lógica de la atención de las personas con padecimientos mentales y hacerlo desde una perspectiva de derechos. El universo de las patologías psiquiátricas, el consumo problemático de sustancias y todos los dispositivos de atención fueron convocados a repensarse en función de ese nuevo marco normativo. Sin embargo, casi una década después el debate vuelve a abrirse, no tanto por contradicciones en torno al fundamento profundo de la ley sino por las múltiples controversias que genera el proceso de implementación. Y en este contexto se filtran no pocos intereses tanto de los colectivos profesionales que tienen incumbencia en esta cuestión como de las instituciones públicas y privadas que se ven obligadas a modificar prácticas sin que estén del todo dadas las condiciones operativas para hacerlo.

Quienes han manifestado su oposición a la ley exigen que se establezcan modificaciones asociadas al respeto de las incumbencias profesionales de quienes hoy están a cargo de la atención. Y quienes la defienden pregonan la importancia de la interdisciplina, no solo en el abordaje sino en la toma de decisiones. Unos y otros acuerdan que desde el Estado, a pesar de algunos intentos no se han arbitrado los medios suficientes para que el cumplimiento de la ley sea una realidad.

En este punto se esconde el eje medular de esta cuestión, por cuanto aprobada y reglamentada la ley, no todas las provincias adhirieron al marco normativo y mucho menos invirtieron en la formación de recursos humanos e infraestructura para adecuarse. Tampoco se trabajaron lo suficiente en la sensibilización comunitaria que exige una nueva mirada sobre la realidad que viven las personas que sufren padecimientos de este tipo y que parecen condenados a quedar excluidos de la sociedad.

En este escenario, defensores y detractores de la ley parecen entrampados en un debate sin salida, mientras el Estado desatiende esta cuestión.

Uno de los aspectos que genera mayor controversia en la aplicación de la ley es aquel que tiene que ver con la atención de los pacientes en hospitales generales, algo que hoy a la luz de la realidad que atraviesan las instituciones de salud, salvo honrosas excepciones, parece una utopía. Muchos establecimientos de salud no cuentan ni con capacidad operativa en las guardias generales ni con recursos humanos debidamente entrenados. Esta es una cuestión que debe atenderse sin soslayar que detrás del argumento de “falta de recursos” suele esconderse una negativa basada en prejuicios en relación al paciente con padecimiento mental o problema de adicciones.

A pesar de que se han dictado resoluciones que otorgan plazos más amplios a las comunidades terapéuticas y hospitales monovalentes para reconvertirse y adecuarse a la norma, el posible cierre de espacios de manera intempestiva para cumplir con lo que había sido establecido en la reglamentación de la ley- que ponía un tope a enero de 2020 para la erradicación de los manicomios- genera una preocupación cierta e incertidumbre en muchos pacientes y familiares.  También entre la comunidad de los psiquiatras y las entidades que vinculan a los médicos que aseguran que no están dadas las condiciones para la aplicación de esta medida sin generar un impacto en la salud pública de impredecibles consecuencias y una vulneración de los derechos de las personas actualmente institucionalizadas por padecimientos mentales o problemas de adicciones.

Solo considerando esta arista de la cuestión, es que surgen no pocos interrogantes: ¿Está la sociedad preparada para los cambios que planteó en su esencia la Ley de Salud Mental? Si cerraran los hospitales psiquiátricos, ¿estaría la infraestructura sanitaria del país preparada para contener esa realidad? ¿Cuáles son las razones por las que muchas de estas instituciones oponen resistencias para reconvertirse? ¿Hay cuestiones de lo clientelar que atraviesan este debate? ¿Está preparada la comunidad para ser receptiva?

Responderlos es parte de la tarea pendiente. Casi 10 años es tiempo suficiente. Quizás llegó la hora de poner manos a la obra, establecer prioridades ciertas que posibiliten la transformación necesaria, crear los dispositivos que resulten necesarios, y reabrir los debates no ya atravesados por ideologías o posicionamientos individuales, sino pensando en lo que le dio sustento a la ley: la salud mental pensada y ejercida desde una perspectiva de derechos. Sabiendo que las leyes están hechas para ser cumplidas o para ser modificadas, pero nunca para ser incumplidas.

Viaggio Espresso