Extranjeros frente a la salud gratuita y el delito

En estos días están apareciendo las primeras iniciativas de provincias que buscan tomar medidas para limitar el acceso a la salud de los extranjeros que no estén tramitando residencia, así como de restringir la circulación de aquellos con antecedentes penales. En realidad no podemos afirmar que por culpa de los inmigrantes haya un alza de la criminalidad o que el colapso generalizado del sistema sanitario se deba a esta cuestión. Pero lo que sí es cierto es que son parte de estos problemas y que requieren de un tratamiento diferencial respecto de los ciudadanos, habida cuenta que ingresan al territorio con fines distintos a los de acogerse a la nacionalidad argentina, con todos sus derechos y obligaciones. Porque no estamos hablando en este caso de inmigrantes sino de quienes se cuelan por las fronteras huyendo de la Justicia de sus países o bien para hacer llano usufructo de los servicios públicos para luego seguir viviendo y tributando en sus lugares de origen.

Tenemos fronteras colador, por las que ingresan delincuentes de distinta laya, tanto que cuando se repasa el incremento de la modalidad motochorros hay una cantidad de extranjeros acusados de este delito. Y en lo que hace a la atención hospitalaria gratuita, sobre todo en ciudades de frontera, terminamos asistiendo a quienes vienen a atenderse y se vuelven a sus países de origen, donde la salud es cara, mientras que acá también lo es, solo que la solventamos entre todos con impuestos que estos visitantes no están dispuestos a pagar porque no persiguen la radicación. Así, mientras atravesamos una crisis importante y contamos las monedas para seguir brindando atención sanitaria gratuita, hay hermanos latinoamericanos que, a sabiendas de sus autoridades, cruzan al solo efecto de acceder a un servicio gratuito, que bien sabemos que no lo es.  Al mismo tiempo, no hay reciprocidad alguna para con los argentinos en los países vecinos, ni siquiera ante la eventualidad de un accidente. Los casos que se han hecho mediáticos muestran a ciudadanos nuestros a los que se les exigen fortunas por una práctica médica en Bolivia, Chile o Uruguay.

Frente a esta situación no podemos menos que aconsejar a los viajeros argentinos que tomen los recaudos correspondientes y viajen con seguro de salud, que no se confíen en el servicio mínimo que brindan las tarjetas de crédito, porque son para una covertura mínima. Las prestadoras de asistencia al viajero ofrecen mejorar esos planes con mayor cobertura, claro que por un costo adicional, que los argentinos solemos considerar elevado a pesar de estar pagando miles de dólares por otros servicios. Así los descartamos, considerando que es un gasto trivial y evitable, sin mayor análisis. Por ejemplo, sin evaluar que cuando una cobertura estándar es por 30.000 dólares en todo concepto, un vuelo sanitario ronda los 90.000. Luego vienen los lamentos y las solicitudes a través de los medios para que el Estado se haga cargo de repatriar a argentinos de turismo, todo por no cubrirse como corresponde y en proporción al gasto general que están haciendo al vacacionar en otro país. Claro que es un gasto más, como lo es un traslado o un alojamiento, pero frente a lo que implica un viaje al exterior ese desembolso se justifica.

El caso de Manuel Vilca, el jujeño que sufrió un accidente en Bolivia y no podía pagar el precio de una operación allí, más otro similar ocurrido en Chile, reavivaron la polémica por la gratuidad y la universalidad de los servicios de salud, que en los países vecinos no existe. En el caso de Bolivia es peor porque por ser un accidente el Estado debe hacerse cargo, según sus propias normas, pero ni así se hicieron cargo de la atención gratuita del argentino.

Ahora bien, los especialistas en derecho advierten sobre la inconstitucionalidad de normativas provinciales que se están pergeñando en algunas provincias que registran alta afluencia de extranjera, por la posibilidad de que vayan en contra de la ley nacional de migraciones. Porque la inmigración es competencia del Estado federal, esto es claro. Pero de Nación pocas acciones se han tomado y en la cotideaneidad es un problema que los gobernadores deben atender. 

En lo que hace a inseguridad por ejemplo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich puso primera a partir de la decisión de expulsar a los extranjeros que delinquen, algo tan obvio que debió haberse hecho desde siempre. Tuvo eco en las provincias de Chubut, donde se dictó un decreto que prohíbe el ingreso de extranjeros con antecedentes, y en Tierra del Fuego, donde se está analizando una medida similar. En Jujuy, se discutió el peso de los extranjeros en la salud pública y en Comodoro Rivadavia analizan cobrarles los insumos médicos, algo que ya ocurre en Misiones. Si bien en algunos casos parecen más intimidaciones que medidas efectivas.

La punta de lanza la dio Jujuy, que el 6 de febrero y luego de un agitado debate, aprobó una ley que elimina el sistema de salud pública gratuita para inmigrantes que no residan en la provincia. Tendrán que tramitar un seguro de salud que costará entre 20 y 30 dólares, según explicó Gustavo Bouhid, ministro de Salud provincial.

En consonancia con la experiencia jujeña, hace dos días Miryam Monasterolo, la directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, se refirió al “turismo de salud” que existe en la zona y anticipó que el hospital insistirá con cobrar insumos médicos a los extranjeros que se atiendan allí por intervenciones quirúrgicas que no revistan urgencia. También en Chubut, el gobernador Mariano Arcioni firmó un decreto que plantea expulsar y prohibir el ingreso a la provincia a extranjeros con antecedentes penales. Arcioni relacionó directamente la cantidad de delitos con la presencia de extranjeros. Algo similar planteó el ministro de gobierno fueguino, José Luis Alvarez. La convivencia cotidiana con sus vecinos es parte del ADN de Misiones. Históricamente los paraguayos usaron el sistema de salud pública del lado argentino, en especial los servicios de alta complejidad como diálisis, tratamientos oncológicos o trasplantes. Pero en los últimos años Misiones empezó a hacer valer un viejo convenio que había entre la provincia y el gobierno paraguayo, por el cual la provincia recupera los gastos.

Con respecto a su incidencia en el delito, los extranjeros representan un 6 por ciento del total de detenidos en el país. Si se contabiliza solamente a los presos en cárceles federales, esta cifra puede llegar al 20 por ciento, porque contempla a crímenes como el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando, que suelen ser transnacionales.

Nadie pretende, como dicen algunos falsos progresistas, un retroceso en materia de derechos de las personas migrantes en el país, solo que se aplique racionalidad tanto en el plano sanitario como en el de la seguridad: ¿usó lo que no es suyo? Pague. ¿Tiene cuentas pendientes en la Justicia de su país? Cumpla allá y después si quiere venga. ¿Delinquió aquí y debe estar preso? Que sea en una cárcel abonada por sus connacionales.

En los últimos tres años se radicaron 670.000 personas en la Argentina y hemos expulsado a 1.140, de modo que si hay algo que tenemos es mesura y en algunos casos hasta un exceso de tanto cuidado tenemos que hasta estamos midiendo antes de expulsar a un delincuente extranjero.