Falla la institucionalidad, crece la inseguridad

Detrás de cada hecho de inseguridad tan frecuente en nuestra ciudad como un arrebato o asalto en la vía pública, existe un entramado complejo de causas de orden general y particular que lo explican. En el delito inciden cuestiones estructurales de salud, educación y trabajo, pero la pobreza no  puede ser equiparada a violencia y a criminalidad. Los sucesos ilícitos penetran en todas las capas sociales con manifestaciones descarnadas -un homicidio, por ejemplo- y sutiles -como sería un soborno- dejando siempre, junto a daños y víctimas, la misma estela de indignación e impotencia.

El avance de la delincuencia lleva a pensar en un mal imparable. Pero, en realidad, el aumento del delito no puede ser desconectado del “estado del Estado”. Numerosos indicios conectan las fallas de seguridad con fallas de institucionalidad.

Dos verbos definen la tarea estatal frente a los hechos ilícitos: prevenir (evitar que sucedan) y sancionar (castigar cuando suceden). La primera acción está en manos del Poder Ejecutivo.  La responsabilidad de la sanción recae sobre el Poder Judicial. En tanto que el Poder Legislativo coadyuva en este esquema a partir de la aprobación de las leyes y el control de los funcionarios políticos y magistrados. Es decir que es el proveedor de los insumos para que los otros puedan materializar su tarea y a la vez el garante del funcionamiento de todo este sistema. Sin temor a caer en una exageración, nos atrevemos a decir que la labor legislativa en materia de seguridad es lo más gravitante.

Cada hecho delictivo y, sobre todo, la repetición de casos en una trayectoria ascendente espeluznante tienen una explicación en el funcionamiento defectuoso de este esquema de obligaciones y responsabilidades. ¿Puede el Poder Ejecutivo rendir cuentas con datos objetivos sobre el cumplimiento de la labor preventiva que desarrolla por medio de la Policía? Más aun, ¿con qué transparencia actúa esa fuerza? ¿Con qué criterios ingresan los agentes? ¿Cómo es controlado el desempeño policial? ¿Qué capacitación recibe el policía? ¿Cuál es el trabajo de Inteligencia que permite impedir la consumación del delito? La realidad es que estas preguntas han recibido en los últimos años respuestas vagas. La Policía todavía es una institución cerrada, a pesar de las muy buenas intenciones y mejores acciones que ha encarnado la gobernadora Vidal. El avance mayor ha sido que por primera vez el Ejecutivo provincial se puso al frente de la fuerza y de todas las decisiones que hacen a ella, en lugar de estar a un costado, a veces solo mirando, otras siendo parte de las estructuras corruptas enquistadas que nadie puede negar que han existido siempre.

Dicho sea de paso, es de tener en cuenta lo complejo que es en una ciudad como la nuestra disociar la cuestión de la inseguridad de la gestión municipal. De hecho, todas las quejas sobre este tema recaen en el intendente, pero lo cierto es que la responsabilidad sobre el funcionamiento tanto de la fuerza policial como la judicial es del Ejecutivo bonaerense. No obstante, justamente para poder dar cumplimiento al deber que le cabe a cada Ejecutivo en la prevención, es que se creó la Policía Local, a cuyo frente está el intendente de la localidad. Su tarea es exclusivamente esa, la prevención. Sabemos que estos efectivos no portan armas ni pueden apresar por sí solos a una persona, ni siquiera en flagrancia. Es exclusivamente sobre esta fuerza y sobre la faz preventiva que el intendente debe dar las explicaciones: qué tareas de Inteligencia realizan, cuál es la estrategia en las calles, cuál es la estadística propia de la fuerza. Este balance todavía no lo hemos escuchado de la joven fuerza.

Por el lado de la Justicia se observa hace décadas un fenómeno de impunidad establecido, con el que a diario se convive con escaso cuestionamiento interno. La estadística es contundente, lo mismo que el colapso de la infraestructura. Jueces, fiscales y defensores, y las otras patas del aparato judicial se han acostumbrado a la morosidad. Esta resignación a la ineficacia se combina con un sistema que luce desequilibrado, que no dispone de los medios de protección para la sociedad en el mientras tanto se produce el juzgamiento (alcaidía, pulseras) y que no aplica el Código Penal con la misma rigurosidad en todos los casos.

Los Congresos nacional y provincial tampoco han usado los resortes de que dispone para democratizar y transparentar la Policía, y destituir y enjuiciar a los funcionarios y magistrados que no están a la altura de las circunstancias.

Pero lo más grave de nuestro Poder Legislativo y su rol preponderante en la lucha contra el delito viene dado por sus componentes: los políticos. Mientras nuestras leyes en general y las referentes a la inseguridad en particular estén supeditadas a las mentes, intereses y tiempismos de nuestros políticos, ni la inseguridad ni ninguna otra cuestión encontrarán solución.  Y vamos con dos ejemplos, dos cuestiones claras en las que hay acuerdo social: extinción de dominio y barras bravas. Ahí están ambos proyectos, rebotando de Cámara a Cámara por voluntad de nuestros hacedores de leyes. Si en temas tan obvios se manejan de esta manera, ¿qué esperar de ellos para resolver cuestiones de fondo como los códigos penales y procesales, edad de imputabilidad, reformas de toda índole que son necesarias sencillamente porque la sociedad del Siglo XXI es distinta?

A nivel local, el deber de control que le cabe al Poder Legislativo recae sobre el Concejo Deliberante. Esta caja de resonancia del pueblo en los últimos años no se ha ocupado demasiado de la cuestión inseguridad, que es la que más preocupa a la gente. Aparece en escena espasmódicamente y desde una perspectiva reactiva y política, mas no arbitra procesos ni rutinas de control que les den a los ciudadanos la tranquilidad de que el Estado está controlando al Estado para que todo funcione como debe ser en orden a prevenir y sancionar al delito. Años atrás, en el seno del Concejo funcionaba el Foro de Seguridad, un espacio abierto que hacía las veces de veedor de todos los engranajes locales del la cuestión. Hoy, aparte de la comisión ad hoc del cuerpo, figura en el organigrama un espacio llamado Observatorio de Seguridad Ciudadana Municipal. En los hechos, no sabemos de nada que se haga en este ámbito, por ejemplo reuniones periódicas con los involucrados en el tema seguridad, auditorías, encuentros con vecinos. Ahora, si algo sucede que agite la relativa tranquilidad de Pergamino, ahí sí aparecen todos nuestros concejales para lucirse con proclamas, quejas y planteos.

Frente a este panorama institucional, no es casual que la inseguridad no detenga su avance. Y todos los que conforman el Estado son responsables.