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La muerte es de por sí un hecho que genera zozobra y nadie está exento de morir fuera de una institución de salud, en su propia casa, en una circunstancia inesperada y natural. En esos casos, a partir de la puesta en marcha de la Ley N° 14.078- que impuso cambios en la dinámica de formulación de los certificados de defunción- y producto de la falta de acuerdo entre las partes involucradas en el cumplimiento de esta normativa, al dolor por la pérdida los deudos se debe sumar la sucesión de trámites y diligencias que se tornan una empresa imposible, producto de que quienes tienen que cumplir con su responsabilidad y actuar con celeridad y sentido común no lo hacen. Como en la peor de las pesadillas, la tarea de avisar a un servicio de emergencia o buscar al médico tratante del paciente -en el caso de que esa persona tenga un médico de cabecera- para que certifique el deceso, llamar a la Cooperativa Eléctrica para pedir el traslado del cuerpo a las Salas Velatorias se han vuelto un laberinto infranqueable para las familias. Lograr que el cuerpo de la persona fallecida sea retirado del domicilio sin demoras parece una meta imposible. Hay testimonios de familias que refieren haber pasado hasta 15 horas con su ser querido tendido en una cama a la espera de que el trámite pudiera resolverse. Por ausencia de médicos, por negativa burocrática, por falta de sentido común. Por médicos que no están o se niegan a acudir en el momento a completar y firmar el certificado de defunción; por la empresa cooperativa que se niega a retirar el cuerpo para evitar problemas legales que pudieran ocurrir si la muerte hubiera sucedido en circunstancias dudosas. En medio de esto, médicos de Policía que aunque algunas veces son convocados no están obligados a intervenir; y profesionales de la empresa de emergencias que aunque han mostrado su vocación de colaborar sólo pueden constatar el fallecimiento, pero no completar el certificado de defunción, tarea que debe hacer el médico de cabecera. También el texto de una ley que aunque desde el punto de vista jurídico parece aportar mayor seguridad en la operatoria, es demasiado rígido, según la opinión de varios profesionales del derecho. Todo ello va conformando en torno a una muerte natural un universo infinito de problemas que afectan a familias que en un momento de dolor deberían estar despreocupadas de cuestiones burocráticas interminables.
En las últimas horas, la negativa del consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica de aceptar la constatación de muerte hecha por un profesional médico como aval para proceder al traslado del cuerpo e insistir en que esto sólo puede hacerse si el médico tratante completó y firmó el certificado de defunción, volvió a abrir el debate en torno a un tema sobre el cual parecen no abrirse caminos de solución.
De un lado está la entidad cooperativa y su comisión de Servicios Sociales. Del otro la Asociación Médica de Pergamino. En el medio la empresa Medicar que, aunque excede la competencia de su tarea, en una actitud solidaria ha mostrado su disposición de constatar los fallecimientos, propuesta que fue resistida por el consejo de administración de la Celp. También el Registro Civil, que es el proveedor de los certificados de defunción a los médicos, pero no tiene mayor injerencia en la cuestión operativa de instrumentación de la ley. Y además el Municipio, que con el intendente municipal a la cabeza, ha intervenido con la intención de mediar y arbitrar medios para que pueda resolverse un tema sensible que afecta a la comunidad pergaminense.
De uno y otro lado hay argumentos atendibles. Sin embargo, la cerrazón en la que parecen haber ingresado las partes clausura cualquier posibilidad de diálogo. La Cooperativa Eléctrica antepone el texto de la ley y asegura que necesita tener el certificado de defunción completo para poner en marcha el dispositivo de traslado. La postura legítima esconde también cierta negación en torno a la posibilidad de adecuar mecanismos más flexibles, quizás por la tirantez histórica que hay con los profesionales médicos por la actitud desaprensiva que, según confiesan, han observado en el pasado cuando los certificados se completaban en las propias Salas Velatorias.
Los médicos, por su parte, refieren su imposibilidad de estar las 24 horas del día los 365 días del año para acudir al domicilio de un paciente a completar un certificado de defunción. Solicitan un plazo de ocho horas después del traslado del cuerpo para cumplir con este requerimiento.
En este contexto, hay que sumar el involucramiento del Municipio que sentó a las partes en una mesa común para acordar, con la anuencia del consejo de administración de la Celp, una dinámica alternativa que ahorrara a los deudos las peripecias por conseguir el certificado. Esta propuesta, que significaba un papel más activo de Medicar y flexibilizaba el mecanismo, fue desestimada por los consejeros de la Cooperativa, que a cambio propusieron pedir una audiencia ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y llevar el tema a las entidades que nuclean a las cooperativas bonaerenses, lo que si bien abre un camino para la búsqueda de soluciones, supone plazos más largos y resultados inciertos.
En este marco es imperioso actuar, e independientemente de las gestiones que sigan llevándose adelante, hacer primar el sentido común y una profunda reflexión sobre el papel que le cabe jugar a cada uno.
Los médicos deberán buscar caminos alternativos; hay testimonios que revelan cierta falta de sensibilidad de parte de algunos profesionales que, aún estando en la ciudad, se niegan a acudir a los domicilios para certificar un fallecimiento y anteponen argumentos que contradicen la confianza establecida en una relación médico paciente que se forja en años.
La Cooperativa deberá sincerar la verdadera razón por la cual se niega a aceptar un mecanismo como el que se impone en otros distritos y facilitar los traslados, flexibilizando un margen de tiempo para la confección del certificado. Sin contradecir el texto de la ley, y atendiendo a la cuestión solidaria que encierra su labor, también tiene mucho para aportar en torno a esto.
Aún no se conoce la repercusión que tendrá en el Municipio la decisión tomada por el consejo de administración de la Celp de seguir prestando el servicio “en un todo de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 14.078” que según la propia Asesoría Letrada de la Comuna es de cumplimiento imposible. Tampoco se sabe si lo resuelto contradice un acuerdo previo establecido por las partes en la reunión de mediación convocada por el intendente Omar Pacini.
Es cierto que este es un tema que va más allá de las facultades del Gobierno municipal, pero también lo es que el jefe comunal tomó la decisión de involucrarse y mediar en la búsqueda de un acuerdo. ¿Qué resorte tiene el Municipio si este consenso entre las partes no se alcanza? ¿Esta situación de conflicto se da en otros distritos? Y si se suceden diferencias ¿Cómo se subsanan? ¿Los médicos seguirán teniendo en su poder los certificados de defunción con esta dinámica? ¿Es posible armar un equipo de profesionales que esté disponible para certificar los decesos y cumplir con la ley? ¿Qué pasa con las personas que no tienen un médico de cabecera? ¿Quién contiene a las familias mientras esta burocracia ocurre? ¿Es la ley de cumplimiento posible?
Por el momento, y a la luz de cómo se han dado los acontecimientos, hay más preguntas que respuestas. En el mientras tanto, el argumento que impera es que “se trata de pocas muertes las que ocurren en domicilios particulares”. Según las estadísticas son apenas seis o siete al mes y en rigor de verdad, quizás representen un porcentaje insignificante en relación con las que suceden en establecimientos de salud o instituciones geriátricas donde estos contratiempos están salvados. Sin embargo, cuando esas pocas muertes ocurren hay familias pergaminenses afectadas y con ellas todas las que en espejo, como parte de una misma comunidad, sienten que no están exentas de que esa muerte mínima cualquier día pueda ocurrir en su seno. Eso lo torna un problema que requiere de acuerdos urgentes.
