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Cuando nos planteamos los problemas de inseguridad, aparecen miles de teorías, ya que al ser un fenómeno pluricausal; todos tienen parte de la razón al dar su punto de vista: por ejemplo hay quienes creen que el sistema capitalista genera resentimiento en los que menos tienen y por eso salen a robar, otros opinan que no hay rigor en el castigo por lo que el delincuente se siente impune, mientras que están quienes sostienen que las penas en sí mismas no sirven porque las personas no se corrigen en el Sistema Penitenciario y salen de la cárcel peor de lo que entran.
Sin embargo, en los sistemas de convivencia modernos no se ha encontrado aún mejor salida que penalizar a quien no cumple la ley, más cuando el delito es grave o es reiterativo. Principalmente porque el resto de la sociedad participa de un pacto legal por el que se le garantiza vivir con su propiedad y su vida a salvo. Bajo esta premisa, quienes no cumplen ese pacto deben ser separados de la sociedad. La ambigüedad que siempre subyace es si este aislamiento es para proteger a la sociedad del peligroso o para castigarlo.
Hay muchas otras visiones del problema, nosotros damos nuestro punto de vista basados en la simple observación de la realidad: si un sujeto vive del robo, otro viola y un tercero mata o hace las tres cosas juntas, esa persona no puede estar impunemente lastimando a quien se le ocurra. Porque entonces sí sobreviene el caos, el sálvese quién pueda y el Estado deja de ser el custodio de nuestra seguridad.
Por eso es que tenemos una Justicia que no previene (porque para eso está la Policía) pero juzga y condena a quien cometió un delito. Y el sistema carcelario, que seguramente hay que mejorarlo y mucho, debe ser el destino final de los inadaptados, ladrones, pedófilos, violadores o asesinos. Este es el engranaje que debe funcionar para recobrar todos la tranquilidad perdida a manos del delito.
La realidad es que la Policía no previene, las cárceles no alcanzan para la población que debe estar detenida y la Justicia, que ahora vamos a analizar, no está a la altura del combate al delito que, es visible, venimos perdiendo porque éste avanza a un ritmo vertiginoso en sus modos que dejan obsoleta la letra de las leyes, dando margen a muy variadas interpretaciones. Entonces, la consabida discrecionalidad de que disponen los jueces cobra una dimensión mucho mayor y sucede cada vez con más frecuencia que las condenas se alejan de lo que la sociedad en general espera.
En un informe realizado sobre base al Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, el 60 por ciento de los condenados en la Argentina reciben una pena menor a los tres años de prisión, lo que implica un no cumplimiento efectivo, excepto que haya una declaración de reincidencia (por ahora, porque se pretende eliminarla de los considerandos para no “estigmatizar”) o la voluntad del tribunal juzgador para hacer efectivo el cumplimiento de la condena. Ningún tribunal que conozcamos ha hecho cumplir pena con menos de tres años de sentencia, aunque siempre hay excepciones. De hecho, del cruce de datos sobre sentencias y sobre condenados con penas de hasta tres años en prisión revela que éstos representan el 8 por ciento de la población carcelaria, tanto en los sistemas provinciales como en el federal. Esas sentencias resultan mayoritarias con relación a otras penas aplicadas, según informes del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, tomando en cuenta el año 2012 que tienen estadísticas concluidas.
En ese documento se informó que fueron dictadas 29.773 sentencias condenatorias en todo el país; 18.084 tuvieron una pena de hasta tres años y para el resto se ordenó una reclusión por mayor tiempo, incluso la reclusión perpetua en 104 casos. El trabajo oficial indica, a su vez, que en 2011 se conocieron 28.814 sentencias. De manera que la cifra va en ascenso.
Para ponerlo en números más sencillos: de cada 10 condenados (es decir comprobado su delito) cuatro fueron a la cárcel mientras que seis tuvieron sanciones que permiten la suspensión de la medida de prisión efectiva. El asunto es qué tipo de delitos para los jueces merecen esa pena menor a tres años. Convengamos que los delitos de índole económica no atentan directamente contra la vida por lo que una multa económica, inhabilitaciones comerciales o incluso trabajo comunitario constituyen una pena conveniente desde todo punto de vista por lo que el no cumplimiento efectivo sería lo lógico. Sin embargo, de las estadísticas surge que el 86 por ciento del total de las sentencias menores de tres años fue por delitos contra las personas y contra la propiedad. No parece que se esté aplicando un buen criterio, porque estos delincuentes son los que mantienen en vilo a la sociedad, además de presentar alto grado de reincidencia.
En 19.517 casos fue por delitos contra la propiedad, que incluyeron a 15.521 condenados por robo; mientras que 4.979 sentencias fueron por delitos contra las personas, con 1.463 homicidios dolosos. Según esas estadísticas oficiales, el 75 por ciento de los condenados no aparece denunciado como reincidente, por lo que buena parte de los condenados por robo seguirá en libertad.
Si bien parece una proporción mínima la de las personas que vuelven a ser condenadas por un delito, en las cifras de 2012 se observa que 7486 delincuentes recibieron al menos una segunda sentencia.
Lo que llama mucho la atención y habla de todo un sistema -no sólo judicial sino policial también- que está funcionando mal, es que la estadística de condenas por narcotráfico sólo representan el 8 por ciento de los casos, con 2.372 sentencias durante 2012. Sin dudas que en algún escalón de la política, la policía o la Justicia hay una clara traba en este asunto.
La población carcelaria en el país alcanza a 64.109 personas; el 49 por ciento son presos condenados. La cantidad de detenidos con condena en las cárceles argentinas supera apenas el total de condenados en un solo año por robos, lesiones y homicidios dolosos. Pero además indica que la mitad y poco más de los presos está sin condena detenido y eso tampoco es justo ni lógico que suceda. No se pueden atrasar tanto en los juzgados que tienen detenidos a personas un par de años y si no se los considera culpables, hay que indemnizarlos por el daño moral causado. Pero además el número de encausados no para de crecer y las cárceles nuevas no aparecen, así es cómo viven hacinados, en condiciones infrahumanas que tampoco merecen y que motivan feroces motines. De los 53.337 procesados y condenados que estaban alojados en las cárceles argentinas en 2008 se pasó a 64.109 personas en prisión en 2013, con apenas una nueva unidad carcelaria y mediando el cierre de otras dos, es decir, más gente para menos espacio. Ese incremento, que llevó al sistema penitenciario argentino al colapso, hace que muchos jueces ofrezcan prisiones domiciliarias a casos de dudosa calificación para el beneficio o bien argumentando razones en otras épocas no admisibles. Otra alternativa se ata a lo que se mencionaba antes: le bajan un poco la penalidad para que no vaya a un penal donde le dicen que no hay más lugar.
Lo cierto es que por una razón u otra recibir una condena por un delito contra la vida o la propiedad en nuestro país no es sinónimo de ir a la cárcel en muchos casos y esto genera la impunidad con que hoy se mueven los delincuentes, que conocen y evalúan los vericuetos que les minimizarán su eventual condena antes de salir a contravenir la ley. Por eso ya poco les importa actuar con el rostro destapado, que los filmen las cámaras callejeras o que esté la Policía rondando el barrio, mucho menos si son menores o padres de familia que se presentan como único sostén económico de sus hijos. Y es lógico: se comportan de ese modo porque hay Policía ineficiente y Justicia laxa, la combinación que más les conviene a ellos y que más nos perjudica a nosotros.
