Editorial

Histórico y mediático juicio en Madrid por Cataluña


Se vive en una extrema tensión política y polarización en España, porque Cataluña enfrenta el difícil momento del juzgamiento a sus líderes independentistas que, los sondeos indican, tienen la mayoría de las simpatías en su región.

Desde ayer el Tribunal Supremo define la suerte de 12 políticos, que podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión por los hechos de octubre de 2017, que desembocaron en la fugaz declaración de independencia de Cataluña.

La realidad es que el sistema judicial se juega su prestigio en un juicio muy delicado e inusual. Mientras España trata de mostrarse íntegra ante sus pares europeos, más permeables a la prédica independentista.

Será el juicio más mediático del que se tenga memoria, habrá más de 600 periodistas de 150 medios de todo el mundo. Tal fue la demanda que las deliberaciones serán transmitidas por Internet y se verán desde cualquier punto del planeta.

En este delicado juicio desfilarán figuras claves de la política española, desde el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras que es uno de los 12 imputados que estarán en el banquillo hasta el expresidente Mariano Rajoy y su exnúmero dos Soraya Sáenz de Santamaría como testigos.

El gran ausente será precisamente el expresidente regional que declaró la independencia, Carles Puigdemont. Prófugo en Bélgica, seguirá la suerte de sus excompañeros de gobierno desde la mansión en la que vive desde que se escapó en secreto, horas después de los sucesos que ahora se juzgan. Y viendo la marcha de los acontecimientos no volvió más a Cataluña.

Los delitos por los que se juzga a los dirigentes independentistas son cuatro: rebelión, sedición, malversación de fondos y desobediencia. De todos ellos el más grave y controvertido es el primero, el de rebelión, claramente porque es el que implica mayores penas. En el gobierno cruzan los dedos para que el tribunal lo rechace porque esperan que haya condenas pero sin pasarse de la raya para dejar un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero no calentar más los ánimos de los catalanes.

La acusación dice que los implicados integraron las tres patas de “un plan orquestado” para separar Cataluña de España y enfrentan penas que van de los 7 a los 25 años de cárcel.

En una creciente polarización, el gobierno independentista con sede en Barcelona entiende que se trata de un proceso “político”, con la sentencia “escrita de antemano”, por eso en Madrid se espera que el juicio sea transparente y si es posible con penas intermedias. Sobre todo teniendo en cuenta que no fue un proceso violento, dicen, lo que permitiría no ir tan a fondo.

Se prevé que los siete magistrados - seis hombres y una mujer- no emitan sentencia hasta junio. Así, el veredicto no incidirá en las elecciones municipales y europeas de mayo. Pero está claro que cualquiera sea el resultado difícilmente sirva para apaciguar la aguda tensión del separatismo catalán con el resto de España.

Lo cierto es que el Ministerio Público entiende que gran parte de los acusados se “alzaron pública y violentamente” para lograr sus objetivos de ruptura constitucional. Pide la mayor pena -25 años- para Junqueras, por “rebelión y malversación”. La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y, por tanto, del gobierno, no vio “rebelión” y pidió penas por un delito de “sedición”, por considerar que ese alzamiento fue “público” y “tumultuario”, pero no “violento”. Pide penas de ocho a 12 años.

El momento más delicado será el de los informes finales, cuando se expondrán los delitos que quedaron acreditados. Corresponderá al ministerio decidir si mantiene el de “rebelión” -el más grave de todos- o si lo rebaja. El gobierno de Sánchez ruega en secreto que baje la carátula.

Una particularidad del sistema judicial español es que en este proceso intervienen tres acusadores: la fiscalía, compuesta de magistrados nombrados tras ser propuestos por el gobierno, pero independientes del poder político; los abogados del Estado, funcionarios que defienden los intereses nacionales, que se muestran más clementes y reemplazaron el cargo de rebelión por el de sedición, y la acusación popular, una controvertida figura que permite a cualquier ciudadano u organización ser parte acusadora en simple defensa de la legalidad (será ejercida por el partido ultraderechista Vox que desde su “acusación popular” reclama penas de hasta 74 años).

Veremos cómo se desarrolla esta cuestión que involucra no solo intereses claramente españoles sino del resto de la Unión Europea…


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23 de Marzo de 2024 - 05:00
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