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Una bióloga molecular que investiga nuevos tratamientos para el cáncer en el Conicet fue noticia la semana pasada por haber ganado medio millón de pesos en un programa televisivo de preguntas y respuestas. Hasta ahí, su caso podría ser una nota de color más. Pero lo que la llevó a participar en el concurso fue la necesidad de disponer de fondos para comprar insumos que utiliza en su proyecto de investigación, porque el Estado nacional no cumple con lo prometido y solo aporta la mitad de la suma asignada para las investigaciones en su laboratorio.
Esta particular historia, que es muy probable que sea única en el mundo, tuvo como protagonista a la bióloga molecular Marina Simian, una de las pocas especialistas que hay en el país en el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer de mama mediante el uso combinado de drogas tradicionales y nanotecnología. Según explicó, la suma obtenida en el concurso televisivo ¿Quién quiere ser millonario?, que se emite en horario central por el canal Telefé, será destinada a la adquisición de insumos básicos para el proyecto de investigación que lleva adelante junto a un equipo de cinco becarios. En el año 2017 su proyecto de investigación científica y tecnológica ganó un subsidio de unos 320.000 pesos anuales para desarrollar los trabajos en laboratorio, pero el Gobierno nacional recién comenzó a depositar el dinero el año pasado, y en pequeñas cuotas. Doctora en Ciencias Biológicas por las universidades de Buenos Aires y Berkeley y, además, licenciada en Ciencias Biológicas por la UBA, Simian investiga junto a sus jóvenes colaboradores los diversos mecanismos que intervienen en el cáncer de mama y el fibroblastoma (tumor cerebral). Una de las novedades que aporta el trabajo de su equipo de especialistas es la intención de emplear nanopartículas para facilitar la incorporación de nuevas drogas al organismo. En la actualidad, las nanopartículas son un área de intensa investigación científica, debido a que pueden ofrecer soluciones innovadoras en campos como la medicina, la química, la electrónica y la agricultura, entre otras áreas. El objetivo que persigue el equipo de Simian es hallar un mecanismo que permita que las terapias contra el cáncer sean más eficaces. Pero para poder avanzar hacia esa meta el laboratorio de la bióloga necesita unos 15.000 dólares anuales para poder funcionar de manera adecuada; de modo que lo que ganó en el programa de TV es apenas una ayuda momentánea. Es que los insumos que necesita el equipo de investigación están dolarizados, por lo que la fuerte devaluación que sufrió la moneda argentina y la ausencia de políticas públicas que garanticen el financiamiento en ciencia y tecnología dejaron prácticamente huérfanos a los investigadores de todo el país.
El Gobierno pasó de la promesa de duplicar la inversión en este sector estratégico a reducir el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para pasarlo al rango de Secretaría. “Nuestra propuesta es mantener el compromiso con la investigación y ponerla al servicio del desarrollo del país: aplicar todo el conocimiento generado para crear más empleo, más tecnología propia. Queremos acercarla a la sociedad para mejorar la forma en la que viven los argentinos”, prometía Macri en octubre de 2015, en plena campaña electoral. La realidad muestra otra cosa: si se toma el período que va desde que llegó a la Casa Rosada y hasta el año pasado, se puede observar que la reducción del presupuesto en ciencia y tecnología fue de 800 millones de dólares. En forma paralela, la fuga de capitales estimada en 94.274 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos (según un informe de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) deja en evidencia el escaso interés del Gobierno nacional por el trabajo de los científicos argentinos, mientras facilita la salida de divisas con una flexibilización de los controles que no existe prácticamente en ningún país serio del mundo.
El proceso de precarización que padece el trabajo de los científicos en la Argentina hizo que más de un centenar de directores y vicedirectores de Unidades Ejecutoras del Conicet se reunieran el mes pasado en Córdoba para emitir una declaración pública en la que se alertó sobre la “política de desmantelamiento” que impulsa el Gobierno nacional, y denunció que los institutos de investigación no cuentan con los fondos mínimos necesarios para su funcionamiento; algo que quedó demostrado con el camino que, lamentablemente, tuvo que tomar la bióloga Marina Simian frente a la cada vez más evidente ausencia del Estado.
Ayer, a través de una carta de lectores en un diario porteño, un par de Simian en el Conicet, asegura que la situación narrada no es nueva, que viene desde hace más de 10 años y sugiere que detrás de la historia hay otros intereses, seguramente políticos.
Puede ser que así sea, pero no es una novedad el escaso interés de las actuales autoridades en la necesaria inversión en ciencia y tecnología. Los pergamineneses, sin ir más lejos, lo estamos viviendo con el Instituto Maiztegui, que recientemente fue menospreciado, ninguneado y que si no fuera por la fuerza de la comunidad, tal vez la institución iba camino a ser una precaria y olvidada delegación del Estado nacional, echando por tierra su trayectoria y fundamentalmente el enorme potencial para aportar a una de las cuestiones más valiosas que tiene una sociedad, como la salud de su gente.
