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En un momento en que la actividad científica está en el centro de todas las miradas por la tarea denodada que las investigadoras e investigadores científicos están realizando para obtener respuestas que permitan dar soluciones a la pandemia de Coronavirus que puso de rodillas a la humanidad, Argentina arrastra un problema estructural que avergüenza: los investigadores del principal organismo de ciencia y técnica del país perciben sueldos que se comparan al nivel de los salarios del año 2001.
A pesar de los discursos que en el inicio de la gestión de Gobierno del presidente Alberto Fernández prometían poner a la ciencia en el escalón que había perdido durante el período del macrismo y anteriormente a causa de una sucesión de decisiones que habían condicionado el desarrollo en esta materia, en las últimas semanas se reabrió la legítima demanda de profesionales que llevan adelante una tarea silenciosa y exigen otras condiciones laborales y encuentran cómo respuesta la imposibilidad de alcanzar un acuerdo cierto y digno.
La caída de ingresos para la carrera de investigador, coloca a la principal institución científica de Argentina ante una crisis que compromete el sistema de investigación del país. Confirma la magnitud de la problemática el hecho de que referentes internacionales y científicos autoconvocados apoyaron una propuesta de resolución nacida del seno del Conicet y se pronunciaron públicamente respecto de esta cuestión de vieja data.
Lamentablemente la realidad que vive el sistema científico argentino no es novedoso. En los años recientes los investigadores han sufrido una caída pronunciada de sus ingresos a lo que se suma un empeoramiento de las condiciones laborales. Las estimaciones señalan que a fin de año los sueldos de los científicos y científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas van a ubicarse en su peor registro desde la crisis de 2001. Gran parte de los salarios bordearán la línea de pobreza, con lo que eso implica en el contexto actual y en el marco de una gestión de Gobierno que prometió devolverles a los investigadores el lugar perdido a causa de políticas públicas ejercidas por funcionarios que mandaban a los profesionales dedicados a la investigación “a lavar los platos”.
Lo que está sucediendo en el sistema recrea los peores capítulos de la historia reciente. A contramarcha del discurso al que se le impone la realidad.
Además de la condición salarial lo que preocupa es la inestabilidad que la situación general genera en relación a poder sostener en el tiempo investigaciones de mediano y largo plazo. Hay una real falta de certeza sobre el sostenimiento de los equipos de trabajo. Y frente a ello surge el interrogante: ¿Qué desarrollo resulta esperable en un país que condiciona su ciencia?
Lo que vive buena parte del sistema científico argentino va a contracorriente del hecho que el Conicet hace poco fue ubicado en un ranking internacional como la mejor institución pública de ciencia de América Latina y entre las más destacadas a nivel mundial.
Seguramente ese logro fue fruto de la fuerza de trabajo de los propios investigadores y su compromiso con el país. No así de la política que con sus vaivenes ideológicos ha generado un mal estructural en el hecho que sus investigadores deban trabajar en condiciones que no se condicen ni con su nivel de formación ni con la calidad de su producción.
En un nuevo capítulo de una historia que sigue escribiéndose, la carta pública de científicos y científicas de todo el mundo que expresaron su solidaridad con los investigadores argentinos, exhibe ante propios y extraños la cara de una moneda que es necesario transformar si se pretende hacer de Argentina un país que crezca y se desarrolle bajo el paraguas del conocimiento.
Hasta el momento, las conversaciones entabladas con autoridades no han arrojado los resultados esperados. Lo que se reclama va mucho más allá de lo salarial y abarca cuestiones de fondo que brinden previsibilidad al sistema y se traduzcan en una verdadera política de Estado que resuelva lo que viene sucediendo desde hace tiempo y jerarquicen la actividad científica en todas sus dimensiones. El reclamo está abierto, la crisis declarada, algo que más allá de una cuestión semántica, aparece como un contrasentido cierto en un gobierno que ha sido identificado como “el gobierno de los científicos”.
Queda en la potestad de las autoridades nacionales que este dramático panorama no sea el horizonte del futuro. Se trata de una decisión política, acorde con las convicciones que se expresaron en la campaña electoral y se reafirmaron luego frente al contexto de pandemia, que ya no puede dilatarse sin provocar daños irreparables sobre el sistema científico.
