La desigualdad creciente en América Latina

América Latina llegará a fin de año con seis millones de personas viviendo en la pobreza extrema. Así lo advierte un completo y pormenorizado informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que describe, con estadísticas y gráficos, el complejo escenario social de una región que sigue siendo la más desigual del mundo. El documento de más de 200 páginas, titulado “Panorama social”, observa que la lucha contra la desigualdad, la erradicación de la pobreza y la búsqueda de sociedades más justas e inclusivas y con mayores niveles de bienestar siguen estando en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pero, a la vez, en el momento actual América Latina transita por una coyuntura mundial y regional más adversa para enfrentarlos, al menos en comparación con la primera década y media del presente siglo. “No solamente diversos avances en materia social se han desacelerado o estancado en un contexto económico poco dinámico, sino que también se vislumbran importantes señales de retroceso”, advierte el trabajo de la Cepal que estima que en América Latina y el Caribe (región que cuenta con una población de 620 millones de habitantes), al concluir este 2019 el número de pobres aumentaría a 191 millones, de los cuales 72 millones se ubicarían en situación de pobreza extrema. Lo verdaderamente preocupante es que, de esa manera, la cantidad de pobres será seis millones mayor que los 185 millones del año pasado. Pero eso no es todo: con esas cifras, este año la tasa de pobreza aumentaría al 30,8 por ciento de la población, lo que equivale a un aumento de 0,7 puntos respecto del 30,1 por ciento de 2018. La pobreza extrema, en tanto, se situaría en 11,5 por ciento, con un alza de 0,8 puntos.

El estudio de la Cepal da cuenta también de un creciente malestar de los ciudadanos de la región contra los gobiernos de países en los que en los últimos meses se registraron estallidos sociales o derrotas en las urnas que expresan el descontento contra las políticas de ajuste aplicadas por las autoridades de turno. Según el documento, la pobreza extrema afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están desempleados.

Durante la presentación del informe, los responsables de este completo trabajo de investigación remarcaron que, lamentablemente, la región vive la peor situación de exclusión, vulnerabilidad y carencia de las últimas décadas. También se señaló que en muchos hogares latinoamericanos el ingreso per cápita no alcanza para la canasta básica y que el alza de 2,3 puntos de la pobreza que hubo entre 2014 y 2018 ‘se explica básicamente por el incremento registrado en Brasil y Venezuela’. Según la Cepal, en el resto de los países, en tanto, la tendencia dominante en ese período ‘fue hacia una disminución, debido, principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, pero también a transferencias públicas de los sistemas de protección social, y privadas, como las remesas en algunos países’.

Frente a este preocupante panorama regional, la Cepal plantea la necesidad de avanzar con un cambio de modelo de desarrollo, lo que implica “diversificar la matriz productiva, superar la dependencia con relación a los recursos naturales que aún caracteriza a la mayoría de los países’.

El diagnóstico muestra, por otra parte, la marcada desigualdad de ingresos que se observa en países como Chile, donde este factor fue uno de los motivos principales del descontento que se expresó en las calles del país trasandino, cuyo modelo económico instaurado a partir de la dictadura del general Pinochet fue mostrado durante muchos años como el ejemplo a seguir por su capacidad para generar crecimiento y cierta estabilidad de la economía, aunque el tiempo demostró que eso no se tradujo necesariamente en una redistribución de la riqueza entre los distintos sectores de la población.

El informe de la Cepal plantea, por último, la necesidad de promover la igualdad para apuntalar el desarrollo y de avanzar en la construcción de Estados de bienestar, basados en derechos que otorguen a la ciudadanía acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte. Es de esperar que el nuevo ciclo institucional que dentro de pocos días comienza en la Argentina avance por esa senda.