Editorial

La injusticia de que todos paguen por las actitudes inapropiadas de unos pocos


Cuando un castigo o una medida restrictiva no solo alcanza a aquellos contra los que se piensa, sino también perjudica a otros no culpables, se dice que pagan justos por pecadores. La frase refiere también para castigos colectivos, cuando se sabe que no todos los castigados son culpables.

En algunos casos se usa para señalar el extremo de que los verdaderamente culpables han salido impunes, mientras que han sido perjudicadas personas ajenas al hecho castigado.

Vivir en sociedad quiere decir convivir con otros. Para que las personas puedan convivir en sociedad debe existir un conjunto de normas sociales que definieran ciertos comportamientos como apropiados y otros como inapropiados, estableciendo sanciones para quienes no las cumpliesen.

Existen muchas normas y no todas son iguales, entre ellas podemos distinguir: los usos y costumbres, que son comportamientos esperables y deseables que realizan las personas para que las demás las reconozcan y pueden cambiar a través del tiempo. Cuando alguien se aparta de estos se aplica una sanción informal que indica la no conformidad (como enojo, desaprobación). Por ejemplo como nos comportamos en la mesa.

Las normas sociales propiamente dichas, que establecen lo que es socialmente adecuado para los miembros de una sociedad y prohíben aquellas conductas que son inadecuadas, diferenciándose de los usos y costumbres porque se basan en un criterio sobre lo que está bien y mal, justo o injusto. Hay normas generales para toda la sociedad y cada grupo social tiene las suyas: cada familia tiene sus propias normas que no están escritas; pero otras instituciones más complejas y numerosas tienen sus reglas por escrito, en forma de reglamento.

Otras son las normas jurídicas que rigen en un país, provincia, ciudad establecidas por constituciones, leyes, decretos, ordenanzas, etcétera. Estas poseen una sanción establecida por la autoridad pública que tiene que cuidar el cumplimiento de las normas y puede utilizar la fuerza para lograr ese objetivo. 

Este último punto es el que hoy ponemos en tela de juicio, porque en muchos ejemplos, tanto a nivel país como en el ámbito local, vemos a diario cómo pagan justos por pecadores.

Uno de los asuntos más sensibles de la sociedad pergaminense es el de la inseguridad (al igual que en todo el país) y puntualmente en los últimos años se advierte que la mayoría de los hechos delictivos se cometen utilizando motovehículos para llegar y huir rápido del lugar de atraco. Una de las respuestas del Estado fue que todos lo que utilizaban motos o ciclomotores (hablamos de las personas de bien) tuvieran que circular hasta con chalecos con el número de patente impreso, cuando los delincuentes seguían circulando sin chapa patente, sin luces, ni papeles de los rodados. A la par, en los operativos los agentes paraban a los que, a simple vista, cumplían con las normas, mientras que los que vivían al margen seguían circulando clandestinamente y cometiendo sus fechorías. Porque a la luz de los hechos, la actividad delictiva nunca se detuvo.

Otro ejemplo de cuando pagan justos por pecadores es el inmenso portafolio de impuestos que se paga en la Argentina. Quien está dentro de las leyes trabaja medio año para el Estado y si se atrasa un mes en alguno de los pagos, es intimado y eventualmente sancionado. A la par, miles de actividades “en negro” operan sin que nadie las moleste. La ecuación es clara: los que pagan lo hacen por ellos y por los que no pagan.

También se puede traer a colación la colocación de lomos de burro en una calle, donde todos los conductores están obligados a frenar para no romper sus vehículos por culpa de unos pocos de-saprensivos que no respetan los límites de velocidad.

Este tipo de medidas denotan un quiebre enmascarado de la autoridad, o la capacidad de ejercer la autoridad misma. Y eso es lo que la autoridad del Estado nacional, y de ahí para abajo las autoridades regionales y locales, vienen haciendo desde hace años: hacer pagar a justos por pecadores. Eso demuestra la incapacidad de las autoridades de ponerse firmes y hacer pagar de verdad a quienes infringen con peligrosidad y alevosía las normas.

Definitivamente es hora de revisar el conjunto de normas y leyes para que estas generalizaciones no se sigan utilizando como moneda corriente. Es de total injusticia someter a todos por culpa de unos pocos. Pasa a diario en todos los ámbitos de nuestras vidas y de tan reiterativo ya se ha vuelto una costumbre. Pero si queremos vivir en una sociedad más equitativa es tiempo de pensar en que desde lo básico a lo complejo, de lo leve a lo grave, de lo chico a lo grande, es necesario que impere el real sentido de la justicia. Y ese debe ser un esfuerzo de todos, porque la sociedad desde su base es la que debe exigir esos cambios. De lo contrario seguiremos como hasta ahora, todos en el mismo lodo, porque unos pocos se resisten a respetar desde los códigos de convivencia hasta las leyes mismas.


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