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El 15 de julio se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley del Matrimonio Igualitario, un hecho que representó un avance sustancial en términos de derechos y que puso al país a la vanguardia, marcando un camino de respeto a la diversidad que luego siguieron otros. Sin embargo, transcurrida una década son muchas las cuestiones sobre las cuales hay que profundizar porque siguen habiendo enormes sesgos de discriminación que posicionan a ciertos colectivos sociales en posición de desigualdad. No alcanza con crear ministerios ni con proclamar discursos es necesario, así como sucedió con el matrimonio igualitario, idear políticas y traducirlas en acciones concretas desde una perspectiva de derechos.
No es novedad que el colectivo Lgtbi lleva adelante una sostenida tarea militante contra la violencia y la segregación y producto de ese activismo fue consiguiendo resolver viejas demandas. Pero muchas otras, estructurales, están pendientes, lo que deja a muchas personas en condición de extrema vulnerabilidad. Como si esas problemáticas urgentes no consiguieran hacerse visibles a los ojos de toda una comunidad ni traducirse en acciones concretas por parte de los decisores de políticas públicas.
Las dificultades para instrumentar en todos los distritos el cupo laboral trans es apenas una muestra de lo mucho que resta avanzar. Es curioso que aunque existen legislaciones específicas para que personas pertenecientes a este colectivo puedan integrar las plantas de trabajo en instituciones públicas, para luego hacer extensivo el cupo a empresas del sector privado, no existe voluntad política de plasmar esto en la realidad. Y lo que se opone como argumento no siempre resulta coherente con discursos que se pregonan en pos de la diversidad.
Sin ir más lejos, en el contexto de la pandemia, la fragilidad económica, laboral y habitacional de las diversidades quedaron al descubierto cuando se impusieron las medidas de confinamiento. A la cuestión subyacen causas mucho más profundas: denota que la problemática del colectivo Lgtbi no termina de tener espacio real en la agenda emocional de la sociedad. Quizás porque por prejuicio o indiferencia se invisibilizan sus demandas.
Lo que sucede con la discriminación, se expresa también en otros ámbitos como el educativo y el sanitario, donde las instituciones parecen no estar del todo preparadas para afrontar los dilemas y desafíos que propone la diversidad. En el terreno de la educación, si bien el tema está presente en la capacitación y el debate, resta fortalecer estrategias que posibiliten, por ejemplo el abordaje apropiado de las infancias trans, cada vez más presente en la geografía de las aulas.
En el campo de la política sanitaria, salvando honrosas excepciones como el funcionamiento del Consultorio Amigable donde se asiste a pacientes con VIH y otras infecciones de transmisión sexual y se brindan servicios de asesoramiento y atención a personas que no poseen cobertura social y desean iniciar el proceso de cambio de género, el derecho a la salud es muchas veces violentado a causa de la indiferencia del propio sistema que muestra cierta resistencia para abrirse, ya sea por falta de capacitación o por la voluntad de perpetuar un modelo hegemónico con poco margen para lo diverso.
Como contracara de los logros alcanzados fruto de una militancia sostenida, persisten actitudes que perpetúan retrocesos.
Hay una mirada prejuiciosa de la sociedad que no termina de poner en un pie de igualdad a quienes sienten o se reconocen en una identidad de género diferente. En este aspecto, los decisores de políticas públicas, los medios de comunicación, los líderes de opinión y las comunidades en general son interpelados sobre la alarmante situación que viven muchas personas que son discriminadas sutil o salvajemente solo por su condición.
En la consideración popular, si bien hay prejuicios que se han roto, hay grietas que aún parecen insalvables y quizás sea la toma de conciencia social sobre la importancia del respeto lo que permita entre unos y otros una sana convivencia.
En el mismo país que impulsó la ley del matrimonio igualitario, muchas personas del colectivo Lgtbi no son vistas, o lo que es peor quedan confinadas a vivir en situaciones de extrema vulnerabilidad. Un nuevo aniversario de la sanción de esa normativa transformadora debería servir de espejo para mostrar lo mucho que pudo avanzar la sociedad y también para ver la contracara de injusticias que todavía suceden.
