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La destrucción del Indec, desde la intervención de Guillermo Moreno, para dibujar estadísticas, generó dificultad en la Argentina para obtener porcentuales certeros de datos que son muy importantes tanto para políticos, economistas, empresarios, sindicalistas e incluso para el hombre de a pie.
Las cifras de la inflación, por ejemplo, son vitales para consensuar salarios, para el pago de bonos al exterior atados al CER (es decir al costo de vida argentino), para calcular las ganancias de acuerdo a las inversiones.
En los países estables y normales, cuando un empresario realiza una inversión puede calcular, si todo sale como lo ha planeado, un recupero de ese dinero en una cantidad de tiempo, sean 10 meses o 10 años.
En la Argentina nada de eso es posible, porque las cifras del Indec que debieran ser absolutamente certeras están retocadas. Es lógica, con este panorama, la retracción en las inversiones, tanto locales como de capitales foráneos; sin poder hacer previsiones, la plata se preserva o se destina a otro país, en el caso de los extranjeros.
Siguiendo esta conducta, se oculta otro dato no menor: el índice de pobreza.
El propio ministro de Economía Axel Kiciloff, acorralado por una pregunta de la prensa, dijo desconocer la cifra, y se excusó de manera irrisoria diciendo que era discriminatorio dar cifras sobre los pobres. Una versión pueril de un asunto que se quiere esconder.
Es un axioma: si hay inflación creciente, hay pobreza creciente. Aunque ahora la inflación está apenas atenuada, no deja de ser una fábrica de pobres, porque a medida que se incrementan los precios, se van pulverizando los salarios, aun cuando haya paritarias. Esto es sabido y no es la primera vez que sucede en el país. Tenemos dura experiencia en procesos inflacionarios.
Como no hay datos oficiales, debemos recurrir a expertos en la materia o consultoras privadas, quienes afirman que a fines del año pasado había en el país 9,6 millones de pobres.
Un informe elaborado por técnicos que fueron desplazados de la Encuesta Permanente de Hogares después de la intervención del Indec, en 2007, estimó que el número de personas en esa condición aumentó 4,4 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2013 y el mismo período de 2014. Precisamente el año marcado por la devaluación dispuesta por el Gobierno.
En la comisión técnica de la Asociación de Trabajadores del Estado-Indec afirmaron que un 25,1 por ciento de los argentinos era pobre a fines de 2014. Un año atrás, su propio cálculo era de 20,7 por ciento. Sin embargo, en la comparación con el primer semestre de 2014 se ve una desaceleración de cuatro décimas por cuestiones estacionales.
El Indec dejó de publicar las estadísticas sobre pobreza a fines de 2013 por “problemas de empalme”, según advirtió el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Otro argumento pueril, para eludir que las cifras no se corresponden con el relato oficial. Agregó que el Gobierno había “erradicado” la pobreza. En fin. Que el lector saque sus conclusiones.
El actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, más frontal que su antecesor y que cualquiera de los ministros de Cristina dijo: “El Estado no está para contar pobres”. En eso tiene razón, no está para contar pobres, está para ayudarlos a salir de esa condición. Siguiendo esa línea, de que no es labor del Estado cuantificarlos, debieran entonces admitir los sondeos privados sobre la materia y no ningunearlos, ya que esos sí están hechos por profesionales con voluntad de obtener la información, con el fin que fuere.
El director del Indec, Norberto Itzcovich, publicó días atrás una columna en Ambito Financiero en la que argumentó: “No resulta fácil medir la pobreza”. Según su explicación, de acuerdo con los insumos que publica el Indec y con sus investigadores, existen 6.000 formas de calcular la pobreza. No obstante, el organismo no difunde ninguna.
Es cierto que se puede medir la pobreza sobre la base de distintas variables: se puede comparar el nivel de ingresos con la canasta básica o la global según interese; se puede medir en función de las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más vulnerables de la sociedad o se puede recurrir a distintos enfoques multidimensionales del problema que integren necesidades de salud, escolaridad, vacunación, vivienda, alimentación, servicios. Pero el Estado no utiliza (o no da a conocer) ninguna medición.
Los técnicos de ATE-Indec -que calculan sobre la base de los ingresos- afirmaron que la canasta básica total, que es la que fija la línea de pobreza, costaba a fin del año pasado 6.384 pesos, lo que implica un incremento trimestral de 4,6 por ciento en comparación con el tercer trimestre del año pasado, cuando costaba 6.101. Por otro lado, la canasta básica alimentaria que es la que pone un piso a la indigencia fue de 2.800 pesos a fines de 2014. Un trimestre atrás era de 2.676 pesos. En este caso hablando sólo de alimentarse.
El documento, que será presentado hoy en el habitual abrazo al Indec que realizan todos los meses los trabajadores opuestos a la intervención, afirma que a fines de 2014 había en la Argentina 2.161.000 indigentes. Esto significa que un 5,6 por ciento de los argentinos no podía acceder a la canasta mínima para procurar su alimentación.
Los cálculos de los economistas privados sobre la cantidad de pobres en la Argentina son más pesimistas que los de los técnicos desplazados de ATE-Indec. Y consideran que la pobreza aumentó más de 5 por ciento en estos últimos dos años. Basándose para el estudio en la devaluación de enero de 2014 y el ajuste anual sobre los salarios.
En definitiva, es muy importante tener datos certeros, pero que con la inflación que tenemos en la Argentina habría más pobreza era tan seguro como que la luna gira alrededor de la Tierra.
