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Editorial

La necesidad de reglamentar los aportes de campaña

Cambiemos y un sector del peronismo parecen encaminarse a un consenso para aprobar la postergada ley de financiamiento electoral. Lo que implica blanquear el aporte de los empresarios y que pueda ser utilizado, legalmente, este año en las presidenciales.

El objetivo formal es transparentar el sistema para que la política deje de ser subvencionada por plata negra, lo que viene sucediendo en todos los partidos desde tiempos inmemoriales. Tanto es que de las pasadas elecciones sin ir más lejos, no se pudo aprobar las rendiciones de cuentas de Unidad Ciudadana, ni de Cambiemos, por poner un ejemplo cercano.

Y si no se puede aprobar lo que los propios partidos presentan, es decir lo que declaran en blanco, porque no cierran los números y están flojos de papeles, es de imaginar lo oscuro que será el negro de esos aportes.

La realidad es que es mejor que haya financiamiento pero que los partidos tengan el deber de rendir cuentas, porque todo aquello que se “aporta” en negro es, necesariamente, un dinero por el cual las empresas esperan una devolución de favores. Hay así un germen de corrupción inevitable, lavado de dinero y otros delitos. Un ejemplo: respecto de la pasada elección hay un juicio iniciado contra Cambiemos por haber falsificado aportantes a la campaña entre sectores muy pobres que cobraran beneficios sociales y sus documentos fueron usados para hacerlos pasar como donadores de dinero.

Pero ahora hay un temor mayor aun, que es evitar en la Argentina que entre el narcotráfico a financiar las campañas políticas o que la plata de la campaña sea oscura y venga de otras actividades delictivas, como ya ha sucedido cuando laboratorios que exportaban efedrina aportaban a la campaña del kirchnerismo.

Porque vemos los ejemplos de México o Colombia, donde el poder del delito entra en la política a través del aporte, algo que vemos que ya está ingresando en niveles inferiores en las provincias. Vemos cómo se perfora a los intendentes, se los involucra con aportes y luego pasan a ser parte de la organización delictiva en la tolerancia, como hemos visto en alguna comuna.

La idea es que una vez en la vida, frente a la corrupción y el avance del narcotráfico los senadores den señales claras y contundentes para transparentar el sistema electoral porque las elecciones siempre se financian de alguna manera, en forma legal o en forma ilegal, con control o con descontrol. Porque precisamente si hay algo de lo que carecemos es de controles, con lo cual corremos enormes riesgos en lo que hace a los dineros de la política.

El Poder Ejecutivo tiene decidido que el proyecto de financiamiento, que no tuvo acompañamiento opositor (ni de oficialistas) en diciembre, tenga media sanción en el Senado durante las sesiones extraordinarias a las que convocará este mismo mes.

La ley debería estar aprobada en marzo o abril para poder ser aplicada en las elecciones generales de este año que se inician con las Paso de agosto.

El proyecto comprende la bancarización del régimen de los aportes. Hasta hoy, la mayoría de las contribuciones a los partidos se realizaba en efectivo, lo que abre las puertas al lavado de dinero y dificulta el control de su origen y destino. El cambio apunta a que tanto los aportes como los gastos sean registrados.

El tema que genera rispideces es el aporte privado. Con la nueva ley se levanta la prohibición a los empresarios de aportar a una campaña. Los empresarios ahora podrán contribuir con un candidato con un límite: el proyecto habilita el aporte de personas jurídicas pero con un techo, de un porcentaje del total de los gastos permitidos para un partido.

Ese es un punto de discusión. Como la Casa Rosada pretende que la ley salga ya trabaja sobre la Cámara de Diputados, en donde el año pasado encontró resistencias no solo en la oposición sino dentro de Cambiemos. La principal discrepancia en la alianza oficialista viene por el lado de la Coalición Cívica que se opuso en forma cerrada al tratamiento.

Es más, hoy lo aprobarían sostuvo un legislador que responde a Elisa Carrió pero no ese artículo sobre el aporte privado. En el bloque explican que ellos nunca aceptaron dinero de empresas sino que aportan los candidatos, que muchas veces tuvieron que pedir un préstamo, más la donación de simpatizantes y el dinero del Estado por los votos obtenidos en la elección anterior.

En función del reclamo en Diputados, el Ejecutivo accedió a limitar al dos por ciento del costo de la campaña el aporte de las empresas; también decidió reglamentar que, en caso de tratarse de un grupo empresario, el aporte sea en representación del grupo y no permitir que un conglomerado de firmas aporte a través de cada una de las empresas.

Desde el peronista bloque Argentina Federal dijeron no saber con qué porcentaje, aunque admitieron que el dos por ciento podría ser y también dejaron en claro que la idea es tener ley lo más pronto posible.

Lo que se busca es una ley que permita terminar con la hipocresía, porque frente a campañas muy costosas, después los números no cierran, como viene sucediendo.

Podemos convenir que solo la fría letra de la ley no traerá transparencia al asunto, deberá acompañarse con la decisión política seria de controlar los aportes de campaña para que se puedan eludir los peligros que actualmente se corren al respecto.

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