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La historia económica argentina nos condena, nuestros incumplimientos y el rechazo a las formas más o menos ortodoxas de la economía, que salvo pocos períodos lleva décadas de reinado, nos torna desconfiables. Ni digamos el haber caído en default, aunque luego terminamos pagando la deuda. Eso nos marca con un punto rojo en el mapa de los países que tienen préstamos.
Con este historial que tenemos, la decisión de Mauricio Macri de financiar el déficit con deuda externa para desarrollar una suerte de cambio lento y semi frenado, a la luz del golpe que nos dimos, de cómo se cortó el crédito sin haber hecho ninguna transformación y terminar en el FMI, no resulta una resolución muy saludable.
Y como los mercados financieros hacen, a su estilo sangriento, el ajuste que la política se niega a hacer, la gente sufre con una feroz devaluación, alta inflación y recesión. En este escenario la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, le pidió al presidente Mauricio Macri “claridad” en su política de ajuste como condición para “evaluar” el préstamo con el que la Argentina pretende frenar la pendiente de la economía. “Reformas serias” y una política monetaria “transparentes” fueron las demandas que hizo públicas en uno de los diarios estadounidenses más influyentes, el Financial Times. “Si el Presidente incluye reformas serias en su plan, entonces lo veremos, evaluaremos el impacto en la situación macroeconómica de la Argentina, determinaremos la sostenibilidad de la deuda y trabajaremos con ellos”, declaró Lagarde.
La afirmación fue hecha al en momentos en que la administración macrista se encuentra en plenas negociaciones con el FMI y deja entrever que el organismo no quedó conforme con los detalles del pedido formal hecho por el ministro de Economía argentino, Nicolás Dujovne, la semana pasada en Washington.
Cuando llegamos a este punto y sobre todo los han pasado una gran crisis cada tanto, cansados de darse golpes, deben plantearse seriamente si no ha llegado la hora de evitar estas situaciones, estableciendo un mínimo ordenamiento legal para que las administraciones gubernamentales deban violar la ley si pretenden gastar muy por encima de lo que recaudan. Y en todo caso obtener un permiso del Parlamento para poder tomar deuda cuando se pretende cometer el pecado de usarlo para gastos corrientes. La verdad es que con buenas prácticas económicas, más austeras y con un sentido claro del desarrollo, no estaríamos en un país que cada tanto se transforma, irremediablemente, en pesadilla.
El Parlamento que se divide en los rebeldes diputados nacionales y el ambiente florentino y conspirativo del Senado, debería ser el ámbito natural para que estas leyes prosperen, poniendo blanco sobre negro a una problemática que nos viene acuciando desde hace décadas.
En realidad, en el primer semestre del año, la Cámara de Diputados registró un nivel de actividad similar al del período anterior. Sin elecciones a la vista y con una agenda dominada por debates sociales -con el aborto legal y los “tarifazos” como principales temas-, la Cámara baja sesionó en ocho oportunidades -una menos que el año pasado- y convirtió en ley 10 proyectos, frente a los 12 logrados entre marzo y julio de 2017.
Si se toma en cuenta la labor conjunta de ambas cámaras, la productividad fue menor. Entre marzo y julio de 2018, el Congreso aprobó 18 leyes, mientras en el mismo período del año pasado las normas sancionadas fueron 27. Además, 34 proyectos de ley tuvieron media sanción (15 en Diputados y 19 en el Senado), esto es, cinco menos que en el mismo período de 2017.
Por otra parte, con la sanción de leyes clave para la gestión de Mauricio Macri, el Senado de la Nación tuvo en la primera parte del año un total de ocho sesiones, de las cuales cuatro fueron ordinarias y cuatro de carácter especial -dos de ellas informativas, para recibir a Marcos Peña-. Cabe señalar que no se contabilizan aquí la sesión preparatoria y la Asamblea Legislativa del primero de marzo. Fue igual al 2017, que tampoco fue un año para que ningún senador se deslomara. En las normas aprobadas figuran el nuevo régimen de Compre Argentino, el nuevo régimen de subrogancias, las tres iniciativas que reemplazaron al DNU 27/18 de desburocratización y simplificación del Estado y la creación de dos Parques Nacionales. Además, la oposición se alzó con la aprobación de la ley para limitar los “tarifazos” pero que, finalmente, fue vetada por el presidente horas después. En tanto, unos 19 proyectos recibieron media sanción y fueron girados a la Cámara baja.
La verdad que la tarea que desarrollan nuestros parlamentarios no les impide en modo alguno dedicarse a generar las leyes que más necesita el país, aquella que obligue a nuestra dirigencia a no plegarse a los dislates que luego pagamos todos. Que se diera luz verde a leyes que protejan a la ciudadanía de prácticas económicas evidentemente nocivas. Porque al fin, siempre aparece la archiconocida frase: “hay que pagar a fiesta” y a los argentinos se nos hiela la sangre, porque en realidad no todos los sectores estuvieron invitados al convite pero a la hora de pagar la cuenta, estamos todos incluidos.
