Las malas costumbres argentinas que no cambian ni con buenas leyes

La fría noticia difundida hace dos semanas nos cuenta que la Afip, a través de un operativo realizado en 30 countries y barrios privados del Gran Buenos Aires y 10 edificios de lujo ubicados en Puerto Madero, detectó un 40 por ciento de empleo no registrado entre el personal de servicio doméstico. La noticia no es nueva sino que refiere una situación que data de tiempos inmemoriales y que desde 2013, en que se promulgó la nueva ley que rige esta actividad en casas particulares, constituye un delito de evasión. Así y todo, la estadística de blanqueo no mejora y el personal doméstico sigue siendo considerado una clase de trabajador “de segunda”.

Sorprende que la falta de registración alcance porcentajes tan altos, siendo que la misma es mucho más económica y sencilla que la registración de los trabajadores del comercio y la industria. Si se realizaran estudios de campo para analizar la no registración laboral, seguramente demostrarían un componente de desprecio de clase y un resabio feudal de sujeción, que obviamente es mayor por la indefensión en que se siente el trabajador no registrado.

Los empleados domésticos integran el núcleo duro de cuatro millones de trabajadores informales de la Argentina; mayoritariamente no terminaron la secundaria, y en nuestro país casi la mitad de los mayores de 20 años no terminó la secundaria. Es decir que aunque la actividad productiva creciera y generara miles de nuevos puestos de trabajo, esos cuatro millones de informales van a seguir siendo informales porque son informales estructurales.

La realidad lo ratifica: todos los nuevos empleos creados entre 2003 y 2011 no fueron para personas que al inicio del periodo estaban en la informalidad sino para nuevos entrantes y desocupados con razonables niveles de calificación que ocuparon esos nuevos empleos.

Esta situación alimenta una posición de indefensión subjetiva que siente el empleado doméstico frente a su empleador, que lo hace anonadarse sin exigir lo que le corresponde. También contribuye cierta ignorancia respecto de estos derechos laborales y cuánto los beneficiarían. Incluso hay un mito por el cual creen las domésticas que, en caso de ser registradas,  pierden la Asignación Universal por Hijo, lo cual es totalmente falso.

Pero más allá de la sumisión, el temor y la ignorancia en la materia que pueda tener el empleado, está la actitud del empleador. 

Numerosos estudios han demostrado que los ricos tienen un comportamiento menos generoso y solidario que los que integran las clases más desposeídas. Así, el Foro Económico Mundial determinó en encuestas de donaciones benéficas, que, en Estados Unidos, los hogares de menores ingresos donan un porcentaje más alto de sus ingresos a caridad que aquellos hogares de clase media y alta.

Lo gracioso, o particular, del asunto del registro de empleados domésticos en Argentina, es que es sumamente beneficioso para el empleador, casi más que para el empleado. Además de ser sencillo el trámite, otra “novedad” cuando de la Afip se trata.

Lo primero a tener en cuenta es que la Afip no siempre es un cuco y, que, al ingresar, vía Internet, al sitio destinado a “Empleados de casas particulares” el empleador no expondrá automáticamente todas las fechorías fiscales que haya protagonizado. Lo segundo es que quienes pagan Ganancias verán que prácticamente les sale gratis registrar a la trabajadora de su casa ya que podrá deducir más de 50.000 anuales, que equivalen aproximadamente al 100 por ciento de un trabajo de media jornada. En tercer lugar, las cargas sociales son sustancialmente inferiores a las que se abonan en las restantes actividades. Actualmente el máximo está en torno a los 800 pesos. Esa ínfima suma le dará a la trabajadora acceso a sus beneficios sociales (aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo, obra social, entre otros). Y al empleador, la tranquilidad de estar “cubierto” ante eventualidades porque, cabe recordar, cuando el trabajo no es registrado la falta de seguro implica responsabilidad ilimitada de su patrón.

Otra cuestión a considerar es que no existe un mínimo de horas a partir del cual debe formalizarse a la doméstica. Así sea una hora semanal, está previsto en la escala el pago de aportes y demás componentes sociales. Al fin, si algo pasa en esa hora, ese jefe de hogar será el responsable.

Por otra parte, si se sigue en la tesitura de no registrar, debe evaluarse que si la Afip comprueba que hubo evasión, por medio de la denuncia de un particular o por una eventual inspección, el empleador recibirá una multa de hasta cuatro veces el importe omitido, más un 3 por ciento mensual en concepto de intereses. Y en caso de reclamo de indemnización por despido, deberá abonar medio mes de sueldo por cada año de trabajo o fracción mayor de tres meses, a partir del primer año cumplido. Si la empleada sufriera un accidente laboral y no tiene la cobertura de una aseguradora de riesgo de trabajo, puede iniciar la demanda judicial contra su empleador en el fuero laboral o en el civil.

¿Por qué entonces, si es sencillo, accesible y beneficioso, los argentinos seguimos siendo reticentes a blanquear al personal doméstico y este a exigirlo?

Los niveles de registración son todavía muy bajos. En todo el país existe alrededor de 1,2 millones de empleadas domésticas, entre las cuales, apenas alrededor de 450 mil está registrada (menos de tres cada 10).

Cuesta encontrar una razón, porque la tranquilidad para el empleador y el hecho de que sea un trámite sencillo y muy al alcance de su bolsillo, son motivos más que fundados para que el hogar dador de trabajo regularice a su empleada.

La costumbre y algunos mitos -como el mencionado de que a la trabajadora, una vez registrada, se le sacará la Asignación Universal por Hijo (AUH)-, así como los inconvenientes asociados a la inspección, son solo algunas de las aristas de la problemática.

Es que uno de los grandes problemas radica en la fiscalización. Es muy complejo verificar que el empleador cumple con sus aportes cuando las personas desempeñan tareas en casas o en barrios cerrados, donde el acceso es muy difícil. Es un aspecto a mejorar, si se quieren subir los niveles de registro. Por otro lado, podría incentivarse el acceso a viviendas sociales previo blanqueo de la relación laboral, de forma que sea el mismo dependiente el que exija ser registrado.

En general, y más allá de la problemática particular que afecta a las personas que se desempeñan en el servicio doméstico, lo cierto es que este tipo de empleo “en negro” es una problemática de muchos años que ni siquiera en tiempos de crecimiento se pudo revertir.

Definitivamente, es un problema estructural, como sucede con todo el empleo informal. Pero en el caso del servicio doméstico lo que impera es más bien el fenómeno de la tacañería y el egoísmo, que es muy antiguo y arraigado, estructural en los argentinos, podríamos decir también. 

Algunos no las registran porque consideran que esta relación laboral se funda en la confianza y en un acuerdo de palabra. También subyace una idea generalizada que considera a la actividad doméstica como menor, por ser de puertas adentro, basada en un acuerdo de palabra entre las partes, distinta a las demás relaciones laborales. Otros, directamente, prefieren mirar para otro lado. Pero todos, indefectiblemente, toman conciencia de los riesgos cuando aparece el problema.

Como se dice en la calle, es una “cosa e’ locos”: una vez que la Afip ofrece un trámite sencillo, accesible al bolsillo y que beneficia a todas las partes involucradas, no lo utilizamos. Es lamentable, y triste a la vez, que el Estado se haya ocupado y atendido a este numeroso grupo de trabajadores y sean sus patrones los que se hacen los “sotas”. Después, “a llorar al campito”.