Latinoamérica de baja institucionalidad

La Justicia ecuatoriana ordenó este martes la prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien reside en Bélgica, por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012.

En su decisión, la jueza Daniela Camacho negó el pedido de la defensa del exmandatario y, tras disponer su arresto, emitió un pedido a Interpol para que cumpla con la detención, según señaló la Corte Nacional de Justicia. La magistrada Camacho acogió de tal modo los pedidos del fiscal general, Paul Pérez, por la presunta participación de Correa “en los delitos de asociación ilícita y secuestro”.

Correa está en la mira de la Justicia por el secuestro frustrado del exdiputado opositor Fernando Balda, que acusaba a su administración de corrupción, mientras que el mandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo. Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012. Se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la Policía. Poco después, la Justicia determinó que tres agentes de Inteligencia ecuatorianos habían contratado a delincuentes comunes, ahora en prisión, para secuestrar a Balda. Por el caso ya están detenidos los tres agentes y un excomandante de la Policía, así como pesa orden de prisión sobre Pablo Romero, un exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.

Es probable que Correa, que se considera un “perseguido”, frente a este pedido de captura pida asilo político en Bélgica para eludir la prisión.

Es la historia de muchos presidentes latinoamericanos de distinto signo político, sobre los cuales han pesado serias acusaciones y que en algunos casos han pasado por la prisión, pero en todas las oportunidades las denuncias corrieron mucho después de haber dejado el poder.

Carlos Menem -Argentina- (1989-1999). Quedó detenido en junio de 2001 acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que vendió armas a Croacia y Ecuador. Cumplió arresto domiciliario durante cinco meses y medio en una quinta de Don Torcuato, en el Gran Buenos Aires. Desde ese momento es senador nacional, ganado con los votos legítimos de La Rioja. Tiene fueros y no cumple con otros requerimientos judiciales. Alberto Fujimori -Perú- (1990-2000). Tras una década de gobierno que terminó en escándalo, fue acusado de homicidio calificado y secuestro agravado en dos operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad. Condenado a 25 años de cárcel, recibió un indulto en diciembre pasado. Sus hijos son legisladores y urdieron acuerdos con el actual gobierno cambiando votos por el perdón al exmandatario.

Francisco Flores -El Salvador- (1999-2004). El exmandatario salvadoreño fue condenado por adueñarse de donaciones millonarias del gobierno de Taiwán destinadas a proyectos de lucha contra la pobreza. Cumplió prisión domiciliaria desde 2014 hasta su muerte, en 2016.

Ollanta Humala -Perú- (2011-2016). El exmilitar del ejército peruano convertido a la política está detenido en prisión preventiva, al igual que su mujer, Nadine Heredia, acusados de haber recibido tres millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht.

Otto Pérez Molina -Guatemala- (2012-2015). Permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2014 acusado como presunto líder de una estructura criminal denominada “La Línea” y bajo los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera.

Actualmente está preso el brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva acusado de recibir coimas para la entrega de obra pública.

Y la lista sigue…

América Latina tiene una triste historia de baja institucionalidad, presidentes corruptos con Justicias acomodaticias, que solo activan denuncias cuando los sospechados se alejan del poder. Nada que no conozcamos en la Argentina, donde la expresidenta Cristina Kirchner procesada en diversas causas, aunque sin ningún juicio oral aún es, como Carlos Menem, senadora nacional y no sabemos si no se presentará nuevamente como candidata a presidenta en 2019. No es ya extraño este funcionamiento tardío de la Justicia, pero a ello se suma luego una lentitud que atenta contra la esencia y corazón del sistema democrático: la elección de los representantes por parte de la ciudadanía.

En cada votación, los ciudadanos tenemos la potestad de elegir mediante este sistema que pregona que los que el pueblo considera los mejores, los más aptos, los más valiosos, sean los encargados de, en su nombre, tomar decisiones y conducir el destino de la Nación. Para ello, campañas mediante, el pueblo debe conocer fehacientemente quiénes son los candidatos, cuáles sus virtudes, sus calidades y, por qué no, sus defectos, para también sopesarlos. Sucede que en nuestro país nos encontramos con nombres en las listas sobre los que la Justicia, por su lentitud, todavía no se ha expedido. Entonces, literalmente, podemos estar votando a un representante que ha delinquido, que no cumple con los estándares morales que el votante pretende, que no es apto (por sus actos anteriores) para ocupar el cargo. Así, la esencia de la democracia, que es la sabiduría del pueblo para elegir a los mejores para dirigir, tiene un defecto, una ilegitimidad de origen, porque los ciudadanos no contamos con la información completa sobre la aptitud de nuestros candidatos.

Así vemos que a Carlos Menem lo votan en La Rioja, el apoyo que tiene Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires es muy importante, en las últimas elecciones el PRO bonaerense llegó raspando a quitarle algún punto para ganar, aun cuando María Eugenia Vidal hizo campaña como si fuese candidata al Senado, todo sobre la base de una información incompleta porque la Justicia no se ha expedido con carácter firme sobre su habilidad moral para el cargo.

Por eso decimos que la Justicia, con su lento accionar, atenta contra la democracia.

Y esto habla no solo de nuestra baja institucionalidad sino también de una actitud de la sociedad argentina que no tiene hacia la corrupción una reacción ejemplificadora con el voto. Aunque tampoco se le puede endilgar en totalmente esta responsabilidad porque “todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Entonces, con una Justicia dilatoria y que acomoda sus tiempos a los de la política, los ciudadanos carecemos de este aspecto fundamental, que es la aptitud moral de nuestros candidatos, para decidir. Finalmente, no siempre llegan los mejores sino los que hacen un mejor trabajo de campaña, prescidentemente de una cuestión básica como es dejar claro frente a la sociedad si delinquió o no.

Y es así como se va generando el actual estado de cosas que vivimos.