Nuestro WhatsApp:+54 9 2477 65-4706
La creación del Observatorio de la Desinformación en el ámbito de la Defensoría del Público precipitó un alud de repudios. Bautizado con la sigla Nodio, la misión teórica del organismo sería “proteger a la ciudadanía” de informaciones falsas y operaciones maliciosas.
Tan paternal meta no alcanza a justificar el pergeño. Las tutorías intelectuales son camuflaje invariable del impulso de control de la opinión pública, que no es la publicada, sino la que surge del libre juego entre la prensa, las organizaciones civiles y el público, en un proceso que se retroalimenta constantemente.
Postular que la ciudadanía necesita “protección” en este campo supone asumir que padece una minusvalía y nunca está de más recordar que la razón de ser de la prensa en el sistema democrático y republicano es limitar al poder.
Este principio no puede obviarse ni someterse a condicionamientos sin desvirtuar y poner en cuestión todo el sistema.
Los precedentes no son auspiciosos y abonan la impresión de que al menos una parte del oficialismo estima que la sociedad es idiota.
La propensión a controlar la prensa forma parte del ADN kirchnerista. En 2015, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se negó a entregarle los atributos del mando a Mauricio Macri porque consideraba que la legitimidad de la elección en que este se había consagrado presidente estaba viciada por una gigantesca manipulación mediática de la opinión pública, complot que se había perpetrado a pesar del no menos gigantesco aparato de información que ella había montado y financiado en su beneficio, en el que no cabían siquiera matices de divergencia con la prédica oficial. Absurdos razonamientos prohijados por la grieta, independientemente de los desastres que luego hizo Macri y que, por cierto, ningún blindaje pudo disimular.
Las objeciones a este Nodio radican principalmente en su carácter inconstitucional, pues la Constitución garantiza la libertad de prensa sin censura previa y sólo habilita sanciones ulteriores en caso de que se cometa un delito.
Para Adepa, “la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.
“La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello”, advirtió la organización.
“Una cosa -abunda- son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de ‘observación’ como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aún más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”.
Por mucho que insista el Gobierno nacional en presentar al instituto como herramienta de esclarecimiento, y que sus ideólogos machaquen que no tiene funciones punitivas, lo concreto es que el Estado, concretamente en su función ejecutiva, se arrogará la facultad de establecer qué es verdad en un momento determinado y qué opiniones y posicionamientos son benéficos para la sociedad.
Una concepción menos extraña que peligrosa, porque la prensa democrática tiene como objetivo precisamente acotar el margen de acción del Estado sobre la sociedad civil, pero principalmente porque omite que, con los avances tecnológicos y de las redes sociales, su capacidad para manipular a la opinión pública se ha visto significativamente reducida.
El Nodio está destinado a ser un instrumento para desacreditar y sancionar la disidencia de opinión desde el poder. Que, para el autoritarismo y la obsecuencia, es siempre infalible aunque la historia se empecine en demostrar lo contrario.
