Otra vez la Justicia acomodaticia al poder

Nadie va a sorprenderse, a estas alturas, de ciertas sentencias que emana la Justicia argentina cuando se trata de personas cercanas al poder y menos si pertenecen a la gestión que aún es gobierno.

No llama la atención, por ejemplo, que a la exministra de Economía Felisa Miceli, habiendo sido encontrada culpable y en consecuencia condenada, se la haya beneficiado con una reducción de la pena que se le había impuesto a fines de 2012 por el recordado caso de la bolsa de papel que contenía 100 mil pesos y algo más de 30 mil dólares, hallada en el baño de su despacho en el Palacio de Hacienda a fines de 2007.
En lugar de cumplir cuatro años y ocho meses de cárcel a los que fue sentenciada por ser encubridora de una actividad delictiva de la financiera Cuenca contra la gente de la misma financiera porque, ahora la exfuncionaria evitará la prisión ya que fue condenada a tres años, es decir el límite para que una pena sea efectiva o de ejecución condicional. Y, obviamente, en su caso la pena es de carácter suspensivo. Concretamente, está condenada pero no irá a la cárcel.

No queremos caer en lugares comunes, pero parece que sólo los sin recursos van a la cárcel cuando cometen delitos en Argentina y, como también vemos por experiencia, no todos tampoco. La discrecionalidad de los jueces que se amparan en la letra y se alejan del espíritu con que fueron concebidas las leyes logra tipificaciones que hace que cada vez más delincuentes estén en la calle.
La reducción de la pena fue dispuesta de manera unánime por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, presidido por Oscar Amirante e integrado además por Adrián Grunberg y Pablo Laufer.
Los jueces debieron revisar el monto de la condena impuesta a fines de 2012 por otro tribunal, por orden de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal; adujeron que había detectado arbitrariedad en la decisión tomada por los jueces que llevaron a cabo el juicio oral contra la exministra de Economía.

En la condena también se inhabilitó por seis años a Miceli para ejercer un cargo público. Y además, la exfuncionaria deberá cumplir las mismas pautas que establece la Justicia para cualquier otro condenado, es decir fijar domicilio, presentarse regularmente ante la Justicia, someterse a los requisitos del Patronato de Liberados, entre otras cuestiones. Además deberá depositar en una cuenta a nombre del Tribunal Oral en lo Criminal Federal los 100 mil pesos objeto del juicio. Aunque nadie los haya reclamado ni haya un damnificado directo identificado, que es generalmente el que se beneficia. La Justicia decidió que fuera sin actualización del monto, pese al tiempo transcurrido. En caso de no concretarse el depósito, advirtió el tribunal, se podrá proceder al remate de la casa en la que vive y que tiene embargada.

Los abogados defensores de Miceli se habían opuesto a la realización de la audiencia por una cuestión técnica no menor: tienen apelada ante la Corte Suprema la sentencia contra su clienta. Y afirman que el delito aún no está probado. El delito del que se la acusa es, según la defensa, el origen del dinero hallado en el baño de su despacho cuando Miceli era la ministra de Economía al final del gobierno de Néstor Kirchner. Pero no se determinó cuál fue la maniobra. Es decir, para la Justicia es dinero originado en un hecho ilícito pero no se sabe aún cuál. Es curioso cómo se mueve el poder en los ámbitos tribunalicios, de manera zigzagueante, cuando la Justicia, por basarse en un código debiera, ser predecible y a mismos hechos estipular similares consecuencias. En este caso, por un lado se da una condena sin establecerse cuál fue el delito. Luego de constituida la pena, se acomoda el asunto para evitar el cumplimiento efectivo. Por otro lado tenemos a Boudou procesado por causas aún más graves que sigue prendido a sus fueros, gracias al amparo del Gobierno que en cambio a Miceli le soltó la mano.

En una causa aparte se la juzga a la exfuncionaria por los más de 30 mil dólares hallados en el mismo lugar. Sobre estos billetes dijo que era un préstamo que le hizo su hermano. 

Lo que no dijeron los defensores de Miceli es que ese dinero estaba en un paquete termosellado, idéntico a los que se utilizan en el Banco Central. Piense el lector si alguna vez le han pagado en una entidad bancaria o un particular con dinero en estas condiciones.
Miceli también fue condenada por el hecho de haber ocultado el acta policial sobre el secuestro del dinero aquella mañana de 2007 en el procedimiento realizado en su despacho durante una supuesta inspección de rutina.

Decimos supuesta porque es probable que alguien de su entorno que supiese de la existencia de ese dinero en su despacho, haya dado la voz de alarma para que fuesen a revisar el armario donde, efectivamente, estaban los pesos y los dólares. Realmente no es una situación de rutina que la Policía ingrese a inspeccionar los despachos de funcionarios.
Miceli insiste en su inocencia y reconoce como un error del que se arrepiente el haber llevado el dinero, que argumenta provenía de un préstamo para una operación inmobiliaria, a su oficina en el Ministerio. Visto de ese modo no sería un error sino quizás “una escala” necesaria hasta el momento de la concreción del trámite. Nada tendría de malo si se pudiera demostrar fehacientemente el origen del dinero y si parte de este no fuera parte del tesoro del Banco Central, al que los particulares no tenemos acceso directo. De todos modos, es claro que esta situación no saltó a la luz por desprolija sino porque se quiso perjudicar a la funcionaria: la Policía no llegó al despacho de casualidad o en un procedimiento de rutina, es obvio.
La defensa de Miceli, ejercida por Eduardo Bonino Méndez y Sergio Schedrovitzky, confía en que la Corte revoque la sentencia en contra dictada por el primer tribunal oral y que luego confirmó Casación.

En realidad, aquí no se trata de apelaciones o dilaciones judiciales, lo que deben inspirar los funcionarios públicos en el manejo de los fondos estatales es confianza. No los debe rozar ni la sospecha. Lo que se puede decir a favor de Micheli en detrimento de otros funcionarios, es que ella renunció ante la indagatoria judicial. 

Contrario a Amado Boudou, quien permanece en el cargo pese a haber sido indagado varias veces por la Justicia, tener una causa pronta al juicio oral y un procesamiento confirmado por coimas, como lo es el caso Ciccone.  

Mientras el poder político no dé ejemplaridad y el Poder Judicial no sea independiente y permanezca condescendiente a las presiones, no llegará el día anunciado por Néstor Kirchner en que al menos un funcionario corrupto luzca el traje a rayas.