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El Gobierno nacional busca, hasta ahora sin éxito, una receta que permita morigerar la inflación. En realidad, es una meta que se han fijado distintas administraciones pero todas fracasaron en su intento. Ante la imposibilidad de enfrentar el problema con medidas económicas estructurales, cuyo costo político es alto e inconveniente en un año electoral (al fin, la recaudación de votos es lo que más importa a nuestros políticos), se procura una vez más tejer un acuerdo con todos los sectores, del capital y del trabajo, para al menos desacelerar el alza de los precios, en especial de los alimentos. Por eso la semana pasada hemos observado reuniones entre funcionarios nacionales y entidades vinculadas al campo, al comercio, la industria y también los trabajadores.
Este esfuerzo desde la política coincidió con la divulgación de la inflación de enero por parte del Indec. El indicador otra vez se ubicó en el 4 por ciento, inmune a los esfuerzos efectuados por el Gobierno a través de políticas poco eficaces como programas de precios cuidados o máximos. El intervencionismo, entonces, mantiene su actitud agresiva hacia el mercado pero en la práctica sin resultados que sustenten su uso como herramienta de política económica.
Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) aborda, una vez más, el tema. Tras destacar que 2020 terminó con una inflación del 36 por ciento, señala que se trata de una importante disminución respecto de 2019 cuando la inflación fue del 54 por ciento. De todas formas, aclara que esta baja tiene que ser evaluada en el contexto muy atípico que plantearon la pandemia y el confinamiento. En abril de 2020, cuando se establació el encierro más estricto, la inflación se ubicó en el orden del 1,5 por ciento mensual. Pero a medida que el confinamiento se fue relajando, la inflación aumentó hasta el 4 por ciento mensual en diciembre.
Sostiene que la dinámica de los precios y del funcionamiento de la economía estuvo muy alterada por el aislamiento obligatorio. El consumo comenzó a recuperarse luego de una fuerte disminución en abril. La inflación siguió la misma tendencia. Hacia el final del año los precios crecieron a ritmo similar al registrado antes del confinamiento y se espera que en febrero el alza se acentúe (ya que suba la nafta es sinónimo de eso), lo que genera justificada preocupación en la sociedad. También explica la prioridad que las autoridades nacionales le están dando a los acuerdos de precios y salarios, aunque como decimos y la historia refrenda, no sirven para nada.
“¿Qué puede esperarse en 2021 con la inflación?”, pregunta Idesa. Para aproximar una proyección sirve apelar a los datos del Banco Central que reflejan que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de dinero en poder del público (efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro) pasó de 2,5 a 4,6 billones, o sea, se expandió en un 84 por ciento, mientras que la inflación fue del 36 por ciento. Esto significa que la cantidad real de dinero en poder del público, descontado el impacto de la inflación, se expandió un 35 por ciento.
Estos datos muestran que la gente actualmente tiene un 35 por ciento más de capacidad de compra que cuando comenzó el año. Sin embargo, el Producto Bruto Interno (PBI), que es la cantidad total de bienes y servicios disponibles para comprar, se contrajo en 2020 en un 12 por ciento. Que haya más dinero en poder de la gente y menos oferta de bienes y servicios genera un desbalance que mantiene una fuerte presión sobre los precios. Esto hace presagiar que en 2021 la inflación seguirá creciendo, advierte el reporte.
Si bien es cierto que parte del desbalance se corregirá con la recuperación de la producción, los órdenes de magnitud son muy diferentes. Mientras que el dinero real en poder de la gente aumentó 35 por ciento, el Gobierno proyecta que el PBI crecerá 5,5 por ciento en 2021, 4,5 por ciento en 2022 y un 3,5 en 2023, lo que representa un crecimiento de 14 por ciento acumulado. En otras palabras, en 2023, la cantidad de bienes y servicios disponibles será igual a 2019. Mientras tanto, el déficit fiscal seguirá obligando a emitir y aumentar el dinero en poder de la gente.
En este escenario, las autoridades nacionales apelan a diferentes medidas para contener la inflación. El Banco Central absorbe parte del dinero emitido con operaciones de pases y Leliq, lo que obliga a pagar altas tasas interés. Lo mismo ocurre con el Tesoro, que emite títulos públicos atados al dólar con altos intereses para relajar la presión sobre el Banco Central a seguir emitiendo. El congelamiento de tarifas también apacigua el aumento de precios, pero a costa de aumentar los subsidios. Es decir, todos los instrumentos que usa el Gobierno tienden a generar mayor emisión monetaria a futuro. En este marco, los acuerdos de precios y salarios pueden ayudar a contener presiones inflacionarias pero de manera transitoria. Un ejemplo claro es el reciente acuerdo salarial de bancarios. Se acordó un aumento del orden del 30 por ciento acorde a la inflación oficial proyectada, pero con cláusula de revisión. Es decir, ni siquiera un sindicato oficialista, como el de bancarios, confía en la meta oficial.
Es necesario asumir que el ordenamiento integral del sector público es central y los acuerdos de precios y salarios son una herramienta complementaria y secundaria. Lo estructural, en algún momento, debe hacerse. Pero en este país, con elecciones cada dos años, parece que nunca es buen momento para hundir el escalpelo y hacer la cirugía mayor que hace falta. Como nadie se la banca, seguimos “atando todo con alambre”, especialmente la “maquinita” para que no pare de funcionar.
