Editorial

Parlemos del Parlasur


El Parlamento del Mercosur, más conocido como Parlasur, es motivo de opiniones antagónicas. Por un lado están quienes consideran que es vital para el desenvolvimiento del bloque y que aunque esté “en pañales” no implica que no deba tener sus funcionarios, estructura, presupuesto. Y del otro lado están quienes solo lo ven como un gasto inútil, como un negocio más de la política y como “guarida” (así lo definió una parlamentaria, Mariana Zuvic) de personajes con prontuario que fueron incluidos en las listas a fin de obtener fueros, además de sueldo y viáticos.

Ambas puntas de las opiniones tienen su cuota de razón: no lo es ahora pero en el futuro puede convertirse en un órgano vital, para lo que hay que apuntalarlo y hacerlo crecer. Pero mientras tanto genera ciertos gastos innecesarios y sirvió como destino para muchos que en 2015 culminaban mandato y sus “jefes” los querían seguir teniendo cerca, protegidos judicialmente y guarnecidos económicamente.

Todas las dudas y críticas que genera hoy el Parlasur son lógicas, pues si el bloque regional cumple mal su misión de fomentar la integración comercial poco puede esperarse de un órgano deliberativo multinacional que pretende secundarlo e incluso legislar con fuerza normativa para los países miembro.

También es discutible su necesidad hoy, a esta altura tan prematura del bloque que no termina de nacer en los hechos, por cuanto implica dotar de un sesgo político a un proceso de integración concebido en un principio con objetivos exclusivamente económicos.

Los más optimistas se miran en el espejo del Parlamento Europeo, pero son ilusiones, puesto que el grado de desarrollo de la integración europea es incomparable con el conseguido por estas latitudes. Lo cierto es que del Parlasur han surgido hasta hoy meras declaraciones y si adoptara alguna resolución concreta ésta solo podría validarse con la ratificación de los Parlamentos nacionales, cosa que por ahora está lejos de ocurrir. Hay quien dice que las cosas cambiarán cuando todos los países elijan a sus representantes en el Parlasur a través del voto popular. Los únicos que lo hicieron hasta el momento son Paraguay y Argentina; en ambos casos los elegidos cuentan con fueros, dieta y viáticos, con la salvedad de que en nuestro país Macri suspendió el pago de sueldos y algunos miembros, como José López y Milagro Sala, fueron expulsados, a pesar de los fueros. Uruguay, Brasil, Venezuela y Bolivia deberán elegirlos por voto popular, como máximo, el año que viene.

Se dice que con esa legitimación de las urnas el Parlasur tendrá otro peso, pero también planteará mayores problemas, en particular los relativos a su integración final. Es que para 2020, una vez electos por votación todos sus representantes, aumentará la asimetría entre los países mayores y los demás. Para entonces se prevé que Brasil cuente con 75 bancas y Argentina con 43, en tanto Uruguay y Paraguay seguirán con las 18 que hoy poseen. Eso acrecentará el predominio de unos no solo en el plano comercial sino eventualmente en el político, corriendo el bloque la suerte que imponga la ideología de turno en Brasil y Argentina.

Ese predominio político en un órgano legislativo supranacional ansioso por hacer valer sus prerrogativas contiene peligros. Un Parlasur dotado de mayores poderes y dominado por una mayoría de representantes con ideas políticas afines podría intentar imponer sus posiciones a los demás países del Mercosur, que deberían adoptarlas les guste o no. Un riesgo que se acrecienta si se tiene en cuenta que ni todos los países “chicos” juntos lograrían de constituir una mayoría.

De todas maneras, esos riesgos aparecen todavía lejanos en virtud de la fragilidad del propio Mercosur, que desde 2014 viene reduciendo el volumen de su comercio interior y que manifiesta una extraordinaria lentitud en todos sus pasos, incluido el tan prometido acuerdo con la Unión Europea. Por ahora, esta superflua y estéril creación que es el Parlasur sirve solamente para dar curso a mayores gastos, a exhibiciones retóricas o para pomposas declaraciones. Y visto lo que podría implicar su funcionamiento vinculante para democracias tan errantes como las sudamericanas, casi que el hecho de que no funcione es una tranquilidad.  Si no hay más remedio que aceptar y pagar su existencia, de momento que solo se quede solo en lo que es. No es pesimismo, es realismo: no podemos tener como prioritario constituir un órgano legislativo y encima vinculante cuando en 29 años ni siquiera hemos logrado una unión aduanera.

Hablando en términos de la calle, que siempre más llanos porque incluyen una gran cuota de ignorancia sobre cuestiones institucionales y saca conclusiones desde lugares más mundanos como el bolsillo, lo que más molesta a los argentinos del Parlasur son dos cosas: que cobren sus legisladores por funciones que aun no ejercen y que tengan fueros.

Sobre lo primero, el presidente Macri dispuso que los legisladores que accedieron al cargo en las elecciones de 2015 no cobren su dieta, solo se les abonan los viáticos por la asistencia a la reunión mensual en Montevideo. Esto podría acarrear alguna consecuencia legal y económica a futuro, puesto que salvo que se reforme la ley, el presidente no puede imponer el no pago de una dieta. Respecto de los fueros, ahí están, en vigencia. No obstante, algunos legisladores renunciaron a ellos, como Mariana Zuvic, del PRO, ampliamente crítica del Parlasur a pesar de ser parte. Y luego están los expulsados, a pesar de los fueros. Pero el Parlasur tiene tanta mala prensa, está tan deslegitimado en la sociedad, que nadie alza demasiado fuerte la voz para reclamar por estos derechos adquiridos que fueron conculcados.    

Si de por sí el alcance de los fueros del Estado es cuestionable, su existencia en el Parlasur es ya un disparate. No hay motivo para que un legislador del Mercosur tenga fueros ya que lo que se va a discutir no es de cumplimiento obligatorio.

Ahora, de cara a un nuevo proceso eleccionario, Macri se dio a la tarea de que no se voten parlamentarios al Mercosur. Para ello debe dejar sin efecto la Ley Nº 27.120 que establece que al momento de elegir los cargos ejecutivos del país, diputados y senadores, también se vote por los legisladores del Parlasur.  Es solo una firma, pero con un alto costo político; no es sencillo quedar como quien “pone palos en la rueda” al Mercosur ni mucho menos conveniente es borrar de un plumazo una ley emanada del Congreso. Veremos si logra los consensos para conseguir su objetivo por la vía parlamentaria. Mientras tanto, seguirá sin pagarles la dieta.

¿Y qué implicaría que en octubre los argentinos no elijamos legisladores del Parlasur? Nada cambiaría. Solo se volvería al modo de representación anterior, que de hecho es el que tiene el resto de los países miembro a excepción de Argentina y Paraguay. Serían los diputados quienes asumirían esa representación participando una vez al mes de los encuentros en Montevideo. Y no más que eso es necesario en esta etapa constitutiva de un órgano, cuando aun no hay competencias establecidas ni su accionar es vinculante. Solo se necesita una representación por cada país de modo de sentar las bases. Los legisladores ad hoc, con su dedicación exclusiva y sus honorarios para cuando efectivamente haya que legislar, ¿no sería acaso lo lógico?


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