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Editorial

Pensar más en los derechos de los vecinos honestos que en los beneficios a los que delinquen

El nombre de la jueza Patricia Susana Guichandut se hizo conocido recién esta semana por dos fallos que beneficiaron a motochorros extranjeros, y que enojaron tanto a autoridades como a ciudadanos de a pie. Sin embargo tiene una larga trayectoria como funcionaria. Hace 45 años que forma parte del Poder Judicial, al que ingresó en 1974. Ya en 2005, el Senado aprobó su pliego firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner y por su ministro de Justicia de la Nación (actual juez de la Corte Suprema propuesto por Mauricio Macri), Horacio Rosatti. Desde entonces estuvo al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 y luego pasó al N° 62.

Los casos resonantes que la llevaron a la fama crítica fueron: el del ladrón colombiano detenido el martes pasado por un robo en Almagro y liberado a las 48 horas. El otro, el del motochorro uruguayo con pedido de expulsión y atrapado en Boedo que también quedó libre.

Y en un distrito en el que aumentaron los robos y hay 30 ataques de motochorros por día, muchos protagonizados por ladrones extranjeros, estas noticias generaron la indignación de propios y extraños.

Y las quejas fueron no solo de los vecinos sino del propio Horacio Rodríguez Larreta y del mismísimo Mauricio Macri. Tanto fue el enojo, que al fin, el Gobierno denunció el viernes ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Guichandut, titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 62, que liberó al motochorro colombiano tras pagar 700 pesos.

El escrito fue presentado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, por expreso pedido del ministro de Justicia, Germán Garavano. Está dirigido al presidente del Consejo, Ricardo Recondo; al que le solicita intervención de la Comisión de Disciplina. No están seguros que la medida prospere porque en otros casos el sentido de cuerpo ha primado por sobre los motivos del pedido de apartamiento de un funcionario judicial, pero igual consideraron elevar el pedido.

El delito se cometió el 22 de enero, en el barrio de Caballito, cuando Jair Jurado Mora, un colombiano de 25 años, le arrebató el celular a una joven y se dio a la fuga. A las pocas cuadras fue detenido, acusado de “robo en grado de tentativa”, pero a menos de 48 horas, la jueza Guichandut decidió dejarlo en libertad tras concederle una probation. La medida trascendió el fin de semana pasado y enfureció al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, a cargo el Ministerio de Justicia y Seguridad, quien se quejó sobre la labor de los jueces y recordó que de los 188 motochorros que se detuvieron en la Ciudad en 2018, ninguno está preso. Igual que los 20 detenidos durante 2019, entre los que figuran siete extranjeros.  Y la verdad es que en este escenario no hay razón  para que se mejore la seguridad respecto de este abundante delito, porque al fin parece que no se padecen consecuencias.

Jurado Mora no tenía prohibido el ingreso al país, otro asunto complicado, pese a los antecedentes que tenía en su país de origen. Y esto se debe a que la base de datos de Migraciones se basa solo en la información que actualiza Interpol, con los pedidos de captura vigentes. En consecuencia, si la Justicia colombiana no lo incluye en esa nómina -como sucedió esta vez- para Argentina, al no exigir un visado especial a ese país, Jurado Mora está en condiciones de ingresar. Hasta el momento, aquí solo obtiene esa información cuando un extranjero tramita la residencia y se le pide como requisito un certificado de antecedentes penales de su país. De ahí que Jurado Mora no inició ningún trámite de ese tipo, a pesar de tener el período de turista vencido. Al tomar estado público el caso se conocieron al fin los antecedentes y Migraciones ha decidido expulsarlo del país conforme a las normas respectivas.

No conforme con este asunto, el miércoles, Guichandut liberó a otro motochorro con antecedentes, José Franco Antonio (36), que además en este caso tenía prohibido entrar a la Argentina. Pero la magistrada Guichandut está “evaluando hacer una manifestación por escrito para explicar cómo fueron los hechos”.

En realidad, la Justicia viene arrastrando estas decisiones que no hacen más que fomentar la impunidad y el auge del delito. Mientras que como sociedad estamos cansados de esperar que los legisladores modifiquen normas que terminen con una discrecionalidad judicial que ya vemos cómo termina.

En algún momento debemos saldar esta deuda social que tenemos de pensar más en los derechos de los vecinos honestos que en los beneficios a los que delinquen. Porque al fin, la sociedad puede terminar harta de tanta impunidad y tomar caminos peligrosos, como acaba de suceder en Brasil, donde eligieron a un candidato como Jair Bolsonaro, un líder de la extrema derecha que basó su campaña en la mano dura que, como casi siempre sucede, son experimentos que terminan haciendo más daño aún, de tantas injusticias y atrocidades que se cometen en nombre de la ley.

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