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La plataforma Airbnb para la contratación de hospedajes particulares a través de este medio revolucionó la manera de contratar espacios de alojamiento en el mundo y Argentina no está exenta de ese boom. De acuerdo con una información publicada esta semana por el diario Clarín, en el país hay más de 50 mil espacios, que equivalen a alrededor de medio millón de camas que se ofrecen a través de este canal. Es la mayoría de la oferta de alojamiento
Este significativo crecimiento de Airbnb, que tiene presencia en muchos países del mundo, habla de un nuevo hábito de consumo y como sucede en otros rubros de la actividad económica- por ejemplo Uber para el transporte de pasajeros- produce un impacto negativo en la actividad preexistente, que se extiende y atiente en las cámaras que vinculan a estas empresas que brindan servicios a través de medios tradicionales de contratación. La queja, tanto en el rubro hotelero como en todos los que hoy comparten el espacio con la oferta digital, no es por la existencia de este canal de venta sino porque el servicio se presta de manera informal, lo que implica deslealtad comercial ante todo y falta de seguridades y garantías para los usuarios, si bien estos son conscientes de esa falencia y de todos modos consumen, privilegiando el bolsillo.
Como decimos, no se trata de una negación a la actividad digital, ya que de hecho la hotelería tradicional también se vale de estos canales. La cuestión es que no existe legislación que ponga a esta actividad en un pie de igualdad con los compromisos tributarios y responsabilidades que asumen las empresas hoteleras registradas en el sistema formal. Cabe señalar en este punto que lo que se ofrece a través de Airbnb son inmuebles particulares para estadías, incluso algunos incluyen el servicio de limpieza y desayuno.
Los empresarios hoteleros, como sucede con los taxistas, denuncian una competencia desleal y apuntan que quienes operan por Airbnb ni siquiera tributan por la actividad que realizan ninguno de los impuestos que alcanzan a los hoteles brindando los mismos servicios. En otros países sí hay regulación aunque variable en su tipo: en algunos casos quienes ofrecen una vivienda deben estar inscriptos y tributar por ello, en otros se impone una cantidad de días máximos al año en que una propiedad puede alquilarse por esta vía.
Los datos oficiales señalan que en el país el número de plazas de alquiler temporario supera a las hoteleras en un amplio porcentaje, una cifra que confirma la informalidad. ¿Si es más barato? Claro que sí, sencillamente porque hay un lucro pero sin tributo. Ahora bien, nadie puede desconocer que existen estos sitios porque hay una demanda de consumo por parte de usuarios cada vez más volátiles y predispuestos a incursionar en nuevas formas de comprar y vender productos y servicios según avanzan los tiempos.
En este contexto, lejos de los que proponen prohibir la actividad, algo que iría a contracorriente de una forma de ofrecer y demandar servicios que se da en el mercado real y como un fenómeno de alcance planetario, lo que se impone es reflexionar sobre las normas vigentes y sobre la necesidad de legislar y adecuar los marcos normativos para hacerlos actuales al curso de los tiempos. Hay sin duda una tarea legislativa pendiente para encuadrar en la ley lo que hoy aparece sin norma y gana terreno en la elección de los usuarios. En este como en otros rubros de la actividad económica se necesitan reglas claras porque es cierto que quienes ofrecen servicios a través de este tipo de plataformas no asumen las mismas responsabilidades ni los mismos compromisos que aquellas empresas que están obligadas a tener personal en blanco y a cumplir con una presión tributaria alta.
Pasa en el terreno del turismo lo que sucede en otras industrias donde parece imponerse la informalidad que genera desigualdad de condiciones en términos de competencia. Sin ir más lejos, las empresas periodísticas asumimos costos y responsabilidades de propiedad intelectual que no tienen quienes reproducen contenidos elaborados por quienes estamos en la formalidad y encima lucran con esta producción “gratuita”.
Sucede algo parecido con quienes comercializan indumentaria o productos de consumo personal puertas adentro de cualquier casa sin asumir los costos fijos de tener “un negocio a la calle”. Vender de manera digital exclusivamente o puertas adentro es una opción totalmente válida, pero otra cosa es la clandestinidad, es decir hacer estas operaciones de producción y compra venta sin las correspondientes registraciones, ni hablar cuando se trata de comida, donde los controles sanitarios a los que son sometidos periódicamente los comercios visibles están totalmente ausentes para quienes operan en las redes.
Es allí cuando aparecen las diferencias, con productos de cualquier tipo a precios irrisorios porque están exentos de cargar en ese costo lo que supone cumplir con las obligaciones impositivas que el propio Estado, que no legisla adecuadamente, impone a todas las actividades de las distintas cadenas productivas. Y junto con las diferencias, las deslealtades y los falsos conceptos: el comercio no te “roba” porque cobra más caro; el que nos “roba” a todos es el que comercializa en la clandestinidad.
Ordenar el caos es una tarea de los legisladores que han sido elegidos para generar marcos que en lo público aseguren una convivencia armoniosa de todos los actores sociales, se dediquen a la actividad económica que sea. Sumergidos en otras urgencias, este diálogo parece estar ausente. Cualquiera que lea los diarios o escuche cualquier radio recibe atónito la noticia de que el Senado destinará una sesión y concentrará el debate para darle formato de ley a cómo debe ser el traspaso de mando presidencial de aquí en adelante. Lo que resulta risueño, es trágico si se atiende el contexto en el que se da esta decisión, confirmando que el sistema legislativo suele quedar entrampado en la política para funcionar solo con lógicas de conveniencia electoral, desconociendo el amplio universo de temas que preocupan a quienes producen y a quienes con sus impuestos aportan a las arcas de un Estado que haciendo la vista gorda permite y fomenta la de-sigualdad.
Ahora bien, así como se les exige a los legisladores que creen nuevos esquemas normativos e impositivos, no se puede desconocer que las propias industrias están destinadas a aggiornarse para no perder el tren en el que viajan los usuarios, que inmersos en un mundo globalizado optan por hábitos de consumos diferentes a los de otras épocas y eligen en un marco de libertad por su propia conveniencia.
En un mundo inmenso hay lugar para todos en el mercado. Pero esto debe suceder como en cualquier sociedad ordenada en un marco de regulaciones claras que fomenten una competencia justa e inclusiva. Lo que preocupa es que quienes deben ocuparse de estas cuestiones, parecen distraídos detrás de debates absurdos. Sucede con las leyes de índole económica y comercial y con otras sensibles a la vida cotidiana y a los derechos esenciales de los ciudadanos que apáticos observan casi con resignación cómo la atención de quienes debieran representarlos en sus intereses van corriendo detrás de debates estériles, demostrando cuan inmadura está aún hoy la convivencia democrática.
