¿Por qué explotó Chile?

En pocos días, Chile se convirtió en un lugar fuera de control y el Gobierno recurrió a los militares para imponer orden. ¿Qué pasó? ¿Qué desató la crisis más grave desde el retorno a la democracia?

El lunes 14 de este mes comenzaron las primeras acciones, como el no pago del boleto del Metro debido a un alza en el precio de los pasajes que dejaba el más alto en 1.17 dólares. Desde entonces los acontecimientos se han desarrollado a una velocidad vertiginosa; del descontento se pasó a los cacerolazos, a la destrucción de estaciones del ferrocarril metropolitano y a la quema de colectivos, supermercados y otros edificios en la capital, fenómeno que se extendió pronto al resto del país.

El gobierno de Sebastián Piñera reaccionó calificando el descontento como obra de delincuentes e invocó el estado de excepción, que luego se convirtió en toque de queda, medidas que no se veían desde el retorno a la democracia, salvo en casos de catástrofes naturales. Esto solo ha empeorado la situación, y los desmanes no han disminuido de intensidad.

“El Gobierno, en vez de empatizar, basa su respuesta en ‘mano dura’, lo que niega el sufrimiento y la justa demanda de las personas”, dice Jorge Saavedra, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge.

Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la “punta del iceberg” de los problemas que están aquejando a los chilenos. La palabra “desigualdad” se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1 por ciento más adinerado del país se quedó con el 26,5 por ciento de la riqueza en 2017, mientras que el 50 por ciento de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1 por ciento de la riqueza neta del país.

“Si se rasca la imagen de Chile queda en evidencia una enorme injusticia social, cultural, económica y política. La buena imagen se sostenía sobre pilares débiles que se apoyaban, en gran medida, en la paciencia de un pueblo abusado que se cansó”, opina Saavedra. El alza del precio del boleto del Metro es solo la chispa que incendió el pasto, en un país donde los servicios básicos están privatizados, la seguridad social es precaria y los privilegios de algunos sectores han hartado a un amplio sector de la población que se siente desplazado.

La suba del boleto de subte debe ser leído como un hastío general contra el alza sistemática del costo de vida, pero sucede lo que en Argentina: una expresión popular válida y genuina, que debe alertar al gobierno, puede verse afectadas por el vandalismo, que desvirtúa y corre el eje de atención hacia otro lugar.  Los movimientos sociales consiguen que sus demandas sean procesadas por las autoridades en la medida que gozan de simpatía pública. Y si quemás las estaciones, si incendiás los supermercados que son la fuente laboral de quienes viven a su alrededor, finalmente la misma gente hastiada que reclama termina repudiando la protesta.

No hay claridad en Chile respecto de quiénes se encuentran tras los actos de destrucción. Se sospecha de grupos anarquistas y también de delincuentes que aprovechan estas ocasiones para cometer toda clase de tropelías, pero lo que tienen por seguro es que detrás de los datos en 100 estaciones, que superan los 300 millones de dólares, no están quienes hace 10 días planteaban sus reclamos por los aumentos, que Piñera desoyó. 

En programas políticos de televisión y análisis de prensa, muchos se preguntan por qué el Gobierno tardó tanto en reaccionar y por qué el presidente ha estado tan ausente, con apenas una brevísima aparición pública el sábado, en plena crisis. “El Gobierno ha actuado de manera muy torpe; limitó el problema a un asunto de orden público y perdió una oportunidad de oro. Y cuando el sábado Piñera anunció el congelamiento de la tarifa del Metro, ya era muy tarde”, dice Bellolio. “Su actuación ha sido incompetente, negligente, ha estado ausente y la entrega del control a los militares es una muestra de aquello”, señala.

¿Pero qué tanta responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera en la génesis de todo este malestar? Tanto la oposición política como algunos oficialistas han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones. El hartazgo estaba latente, todos lo sabían. En ese marco, lanzar el aumento fue tirar una bomba que podía estallar como no. Esta vez los mansos reaccionaron y lo único que atinaron a hacer los ministros del gobierno de Piñera fue sugerir tomar el metro más temprano, a las 7:00 de la mañana, para evitar pagar el alza, que entraba en vigencia más tarde. Una total subestimación del sentir popular.

Pero a la hora de buscar culpables, es dable decir que, al igual que sucede en Argentina, hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras en la calidad de vida de la gente; se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad.

Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (de 2006 a 2010, y luego de 2014 a 2018), y luego por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta furia. Es decir que el descontento no es contra un signo político sino contra la dirigencia toda.

Hace solo unas semanas, y tras las crisis en Perú y Ecuador,  decía Piñera que este país sudamericano era un “oasis” dentro de América Latina. Ahora, la situación ha cambiado abruptamente y nadie sabe si la furia va a detenerse y si no trascenderá las fronteras, transformando este conjunto de episodios internos en una oleada latinoamericana de protestas.