Pruebas contundentes y fueros mal empleados

El día de hoy divide aguas en la Argentina para con el pasado, porque hay un antes y un después inevitable toda vez que el juez Claudio Bonadio ordenó la prisión preventiva y la embargó por 4.000 millones de pesos a la expresidenta Cristina Kirchner y la misma resolución tomó el magistrado para medio centenar de imputados, entre empresarios y exfuncionarios. La contundencia de más de 50 testimonios que no se contradicen entre sí revela una trama de corrupción que no tiene otro destino más que juicio y condena.

Cristina fue procesada como jefa de una asociación ilícita, conformada por funcionarios y directivos de empresas, y diseñada para cobrar sistemáticamente coimas de contratistas del Estado. La misma medida aplicó el juez para el exministro de Planificación, Julio de Vido, y otros exmiembros de su ministerio, además de una larga lista de empresarios, una veintena de ellos convertidos ya en colaboradores, pero imputados y sujetos de condena al fin.

A pesar de la decisión del juez de dictar la preventiva, Cristina sigue cubierta por sus fueros como senadora por lo que sigue en libertad. Bonadio pedirá su desafuero, pero antes esperará a que la Cámara Federal deje firme su decisión de procesarla para que el pedido llegue al Senado con mayor contundencia. Y ahí empezará otro desafío para nuestra clase política. Porque el peronismo, amparado en las leyes vigentes, en cualquiera caso, no lo habilitaría. Miguel Angel Pichetto esta semana se mantuvo firme y dijo “no hay ninguna posibilidad de un desafuero a un senador sin sentencia firme”. Ahora, ¿deben las leyes ser inamovibles desde su génesis, incluso cuando la sociedad para las que fueron creadas cambie día a día, año a año? Claramente no. De hecho, las leyes se modifican, enmiendan, derogan y rehacen permanentemente, incluso las más arraigadas. Recordemos, por caso, que estamos discutiendo la legalidad del aborto y que hace unos años se modificó el Código Civil introduciendo el matrimonio igualitario, justamente porque la sociedad demanda estos cambios. Del mismo modo, si la clase política quisiera –y sobre todo si escuchara el reclamo social- podría reverse la ley relativa a los fueros, una figura que data en el mundo desde el Siglo XIV y que resulta anacrónica para la realidad que se vive, además de no referirse precisamente a una prerrogativa para delitos comunes como la asociación ilícita, que nada tiene que ver con la ideas políticas y su expresión que es lo que protegen los fueros durante el ejercicio de un cargo público electivo. Además de esta consideración general sobre los fueros, hay otra que tiene que ver puntualmente con los procesos en Argentina: es insostenible y motivo de las peores maniobras que los fueros se sostengan en tanto haya instancias de apelación posible, aun cuando se haya probado el dolo. Porque en Argentina, los tiempos de la Justicia hacen posible que, bajo este argumento, un funcionario probadamente culpable pueda estar eximido de prisión por los siglos de los siglos, mientras interpone apelaciones, las que –dicho sea de paso- en las más de las veces responden a reclamos por vicios procesales y no a la introducción de nuevas pruebas y situaciones que pudieran alterar el veredicto. Y para muestra basta un botón: ahí lo tenemos a Carlos Menem en su banca de senador, aunque pesa sobre él una condena firme, porque fue planteando apelaciones sucesivas hasta la última instancia posible, la Corte Suprema.

Realmente, no se trata de una imposibilidad legal de Pichetto, como legislador vocero del PJ. No es un argumento irrenunciable sino una negación a modificar lo que debe ser modificado para que la ley esté a tono con la realidad, sencillamente por cuestiones políticas y de lealtades partidarias. 

No decimos con esto que deben desaparecer los fueros, sino los fueros tal como los conocemos y como se los utiliza en nuestro país. Son una medida procedente en una situación judicial normal porque frente a una simple denuncia no se debería quitar un fuero. Pero sí luego de un fallo condenatorio en un juicio oral. Porque viendo cómo se aplican aquí y con el ejemplo de Carlos Menem a la mano, que tuvo sentencia en tres estamentos (más que firme, podríamos decir) pero apeló a la Corte y así al fin nunca hubo posibilidad de hablar de “sentencia firme” y el exmandatario todavía es senador, es claro que en la Argentina se han deformado de tal modo tanto el concepto de fueros protectivos como el de sentencia firme que el planteo del senador rionegrino hace agua por todos lados.

Sobre todo porque los fueros no nacieron para proteger a los legisladores de delitos comunes, esto debe quedar en claro, es una protección a las minorías para evitar que el Estado lo moleste por sus votaciones u opiniones. Eso no quiere decir que si un legislador roba, los fueros lo deban proteger, es una locura entenderlo así o forzarlo a que se entienda así.

Además de Cristina, fueron procesadas 50 ciudadanos entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios del sector de la obra pública, transporte y energía. De Vido y su segundo, Roberto Baratta, que seguirán detenidos, fueron identificados como organizadores de la asociación delictiva. También fue procesado el ex juez federal Norberto Oyarbide, que reconoció haber sobreseído sin fundamentos sino por “presiones” a los Kirchner en la causa por enriquecimiento. Entre los gran cantidad de empresarios procesados se destacan Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri-, Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Luis Betnaza (Techint).

En el caso de los empresarios el juez Bonadio descartó que fueran presionados, como dijeron, y consideró que participaron voluntariamente para enriquecerse, según explica en su resolución de más de 500 páginas. Según la investigación que realizó “los sobornos eran utilizados para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”.

En realidad no es que lo que plantea Bonadío sea una novedad absoluta para los argentinos, en más o en menos todo lo que se está ventilando lo fuimos sabiendo a través de otras causas como las de la Ruta del Dinero K, por ejemplo. Pero lo que los cuadernos del chofer Oscar Centeno permitieron conocer fue el sistema del traslado de las coimas y quiénes las pagaron, mientras que las confesiones de los arrepentidos develaron la mecánica detrás del circuito. Y lo fundamental es que tanto los arrepentidos empresarios como los funcionarios van narrando exactamente las mismas cuestiones, las recorridas, los que se sumaron al robo en la obra pública, lo que se pagó y lo que se recibió, los beneficiarios de las operatorias. Y son tan idénticas las historias que van dando absoluta veracidad a la prueba que se necesitó para los procesamientos de la exmandataria, funcionarios y empresarios.

Bonadío lo resume en los fundamentos: “Para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte o subsidios, una empresa o grupo de empresas entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagabas, a los funcionarios que Néstor Kirchner y Cristina Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos ‘retornos’ o ‘coimas’”. Y esto lo describe el juez porque tiene demasiados relatos al respecto.

Es lamentable, doloroso, triste que esto nos esté pasando como país, pero no podemos sumar más frustración a esta frustración; deben operar los mecanismos de Justicia en su esplendor y desprovistos de trabas políticas como los fueros para que podamos volver a creer en aquellos que dicen llegar a los cargos por vocación y para hacer un bien al país. Nos han defraudado con este robo inconmensurable; sería bueno que no nos defrauden también nuestros actuales legisladores, sumando incoherencia, falta de sentido común y complicidad con el sostenimiento de los fueros a esta cadena de corrupción.