Quiénes no pasarán el invierno

También fue en el mes de junio, pero el día 29 de un ya lejano año 1959, cuando la economía del país estaba atravesando por una de sus tantas crisis profundas.

En aquella época, la cotización del dólar ocupaba la tapa de todos los diarios y la preocupación de la gente crecía a pasos agigantados por la inestabilidad.

Fue en la fecha señalada cuando Alvaro Alsogaray, uno de los emblemáticos ministros de Economía, pronunció una frase que hoy se sigue replicando en las situaciones complejas, luego de más de 60 años.

“Lamentablemente, nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de 10 años. Se ha cometido un error en definir a este programa como un programa de austeridad, dejando que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: hay que pasar el invierno”, expresó Alsogaray en aquel mensaje, que no pierde actualidad.

Hoy también necesitamos pasar el invierno, y lo decimos por la enfermedad, pero mucho más por la salubridad económica del país. El desafío es tan grande como en 1959, con la salvedad que en aquella oportunidad se fue clarificando el panorama como consecuencia de la llegada de inversiones extranjeras, de un modo particular en la industria automotriz.

Por estos tiempos, la pandemia que desembarcó en marzo de este año en nuestro país y que justamente en estos días ha mostrado un crecimiento exponencial de casos, tiene paralizados a varios sectores de la economía.

La estrategia del Gobierno, indiscutible desde todo punto de vista, fue desde el inicio la de priorizar la salud de la gente, habida cuenta de los antecedentes registrados por entonces en los países más afectados. Para ser más exactos, las estrategias no apuntaron directamente a proteger la salud de la población sino a ralentizar la velocidad de contagio para evitar el colapso del sistema sanitario. De allí que se dispusieron medidas de confinamiento, tendientes a evitar contactos innecesarios entre individuos, además del cierre de fronteras. Ese era el objetivo, más sanitario que de salud, pero percibido como lo último por la sociedad.

Por eso, en el momento en que se decretó la primera cuarentena, todos se mostraron de acuerdo, porque era lo más importante a la hora de poner en marcha un programa que lograra frenar el avance del Covid-19.

Los resultados fueron satisfactorios, pero en la medida que fue reiterándose el pedido del aislamiento social con el “quedate en casa”, comenzaron a surgir dificultades en lo económico y el temido “pico” que haría tambalear al sistema sanitario no llegaba. Así fue creciendo un sistemático malestar en la población en detrimento de la aprobación inicial a la medida.

Los reclamos se hicieron sentir cada vez con mayor fuerza, prácticamente en la mayoría de los sectores que vieron cómo se reducían de manera considerable sus ingresos en muchos casos y en otros era casi nulos o inexistentes.

Una sigla que no se mencionaba con tanta insistencia como en los últimos tiempos, el Amba (Area Metropolitana Buenos Aires), encendió todas las alarmas a la hora de brindarse los informes del Ministerio de Salud.

Las cifras hoy son alarmantes y los cuestionamientos se empezaron a suceder, para que la “interna” entre Ciudad y Provincia, haga por estas horas demasiado ruido, instalando las cuestiones políticas por encima de las sanitarias. Mientras, las discusiones van subiendo de tono y se plantean exigencias, que a esta altura ya resquebrajaron las buenas relaciones de hace un tiempo, el país sigue navegando a la deriva.

Una nueva postergación en la renegociación de la deuda. La decisión de expropiar Vicentin. Las denuncias de espionaje contra el gobierno anterior, lamentablemente, hoy parecen haber desplazado del centro de la escena a una cuestión tan sensible como la pandemia, que nos sigue preocupando a todos los argentinos.

Desde el Gobierno se atienden las necesidades de los sectores más vulnerables y está correcto que así ocurra, pero también deberían ocuparse las autoridades de quienes necesitan retomar lo que para algunos ciudadanos es lo habitual: trabajar, dar trabajo y todos llevar el pan a la mesa familiar. Los vulnerables (que tendrían que ser cada vez menos en un país con tantos programas de asistencia) siempre fueron, son y serán asistidos. La urgencia hoy es salvar a quienes dan trabajo: las Pymes, pequeños comercios y grandes industrias. Ayudando a éstos, se ayuda a los otros. Caso contrario, habrá cada vez más vulnerables, más desempleados (entre los que contamos a los dueños de Pymes y comerciantes) a los que asistir con cada vez menos recursos, habida cuenta que menos gente trabajando y produciendo son menos impuestos que llegan al Estado; ya hemos hablado innumerables veces de este círculo virtuoso de la economía desde esta página. Así que, aunque no esté en las bases del justicialismo asistir al “capital”, aunque sea por viveza y por conveniencia estratégica, debiera hacerlo.

Los plazos se van acortando en la lucha por la subsistencia y no se vislumbra una solución cercana. Y se cuentan por miles los argentinos que han cerrado sus negocios, quedando ellos y sus empleados a la buena de Dios, entre ellos varios vecinos pergaminenses, que han bajado sus persianas y que por no pertenecer al grupo de los vulnerables ni de los esenciales hoy no reciben ningún tipo de asistencia. ¡Craso error! Porque asistir al que produce y al que da trabajo debiera ser prioritario.