Nuestro WhatsApp:+54 9 2477 65-4706
El anuncio que realizaron dirigentes de la guerrilla que se habían desmovilizado, pertenecientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), para dar a conocer la decisión de retomar la lucha armada representa un grave retroceso en el proceso de paz en ese país.
El Gobierno colombiano estima que los 24 grupos de disidentes de las Farc que no se unieron al proceso de paz movilizan cerca de 1.800 personas. Según las autoridades del Ministerio de Defensa, esos grupos tienen estrechos vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal. No obstante, aclararon que hasta el momento no hay pruebas de que esos disidentes estén relacionados con el grupo de exlíderes que encabeza Iván Márquez, el dirigente que anunció que las Farc vuelven a las armas y que dijo que esa decisión se tomó por entender que el gobierno no honró lo acuerdos de paz. Analistas del complejo escenario político y social colombiano advirtieron que la decisión de volver las armas por parte de las Farc podría reactivar el conflicto interno que dejó un saldo de más de 260.000 muertos y provocó el desplazamiento de millones de personas.
A través de un video, que habría sido filmado en la selva amazónica, Márquez dijo que el Estado colombiano modificó en forma unilateral el texto del acuerdo de paz y que no cumplió con compromisos asumidos para poner fin al conflicto bélico más largo de América Latina. En el video también puede verse al excongresista del partido político Farc Seuxis Pausias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”, que permanece prófugo y tiene un pedido de extradición de Estados Unidos por causas relacionadas al tráfico de drogas. Tras el anuncio, el presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó a la justicia que reactive las órdenes de captura contra los líderes rebeldes, a quienes acusó de atentar contra el proceso de paz. También anunció el pago de una recompensa de alrededor de 863.000 dólares por información que permita dar con cada uno de los que aparecen en la grabación. Por otra parte, en las últimas horas el primer mandatario informó que una unidad especial del Ejército abatió a nueve disidentes de las Farc en una operación militar realizada en el sur del país. Antes, el presidente había asegurado que cuenta con información que da cuenta que estos grupos rebeldes tendrían apoyo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, el vicepresidente del partido socialista de Venezuela y segundo hombre fuerte del gobierno de ese país, Diosdado Cabello, desmintió al presidente colombiano y en un acto transmitido por la televisión estatal venezolana dijo que el gobierno de Maduro no tiene ningún tipo de relación con el resurgimiento del conflicto de Colombia.
Observadores internacionales señalaron que la decisión de disidentes de las Farc de retomar las armas representa un duro golpe al acuerdo de paz firmado en 2016 y amenaza con aumentar la violencia y ataques de los grupos armados, pero también con incrementar los asesinatos y represalias contra los exguerrilleros devenidos en políticos que se integraron a la sociedad en el marco del proceso de paz. Por su parte, la Justicia Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar a los excombatientes de las Farc, anunció que excluirán de los jefes rebeldes que retomaron las armas de los beneficios acordados para reducir penas alternativas en lugar de prisión. El acuerdo de paz permitió que más de 13.000 miembros del grupo guerrillero, incluidos casi 7.000 combatientes, abandonaran las armas para incorporarse a actividades civiles y participar en partidos políticos con el objetivo de competir electoralmente en comicios.
El Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, Miguel Ceballos, remarcó que más del 90 por ciento de los excombatientes de las Farc están comprometidos con el proceso de pacificación y dijo que esa voluntad de paz “debe ser respetada”. “El Estado nunca los dejará solos”, sostuvo. Por ahora, la mayoría de los colombianos está de acuerdo con que el Estado siga manteniendo el diálogo con los grupos que se mantienen dentro del acuerdo de paz. Según un sondeo realizado por la consultora Gallup, el 64 por ciento de los consultados se mostró a favor de no interrumpir las conversaciones.
Desde que se firmó, en 2016, el proceso de paz en Colombia atraviesa sus horas más difíciles. Es de esperar que este retroceso sea coyuntural y que no se imponga finalmente a la voluntad de pacificación de la mayoría del pueblo colombiano.
