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La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de quitar recursos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la Provincia de Buenos Aires para mejorar los salarios de la Policía tras protesta de la última semana, ha motivado al Gobierno de la Ciudad (distrito autónomo) a reclamar por vía judicial la anulación de esa disposición para recuperar recursos incorporados en su presupuesto.
Como antecedentes recientes, pueden citarse las demandas entabladas por los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y San Luis contra la Nación por la reducción de transferencias de recursos coparticipables, demandas que, en los tres casos, fueron admitidas por la Corte.
La decisión unilateral del Gobierno central de apoderarse de recursos de la Ciudad de Buenos Aires para asignarlos a la Provincia de Buenos Aires, más allá de la discusión técnica sobre si es o no inconstitucional, es una cuestionable forma de imponer condiciones, por la fuerza, sin consensos ni consultas, al mejor estilo kirchnerista impuesto por su líder original, Néstor Kirchner, cuando tras asumir la Presidencia de la Nación con escaso apoyo popular, comenzó a construir poder sobre la base del método “billetera y látigo”.
Alberto Fernández, que necesita salir de la agenda del Covid-19 para poder mostrar algo de gestión, comienza a plantear asuntos que no son centrales para la vida de los argentinos y lo hace hablándoles a los suyos, o dicho mejor, a los votantes de Cristina, que celebran cuando el martillo golpea sobre algún funcionario identificado con el macrismo. Los que esperaban que Alberto pudiera tener un diferencial en sus métodos con relación a Cristina creyeron mal. Tal vez no sea de su agrado hacer lo que hace, pero lo hace porque su arribo a la Casa Rosada no fue por méritos propios, claramente, y por tanto carece de la espalda necesaria como para ser autosuficiente.
En principio, las iniciativas sobre contribuciones (creación de impuestos) es resorte de la Cámara de Diputados, basada dicha atribución en la aplicación de un precepto clásico y antiguo cual es el de la representación democrática en virtud del cual el pueblo no puede ser obligado a pagar tributos sino a través del consentimiento de sus representantes (diputados) en cuanto al alcance y extensión de esos tributos.
Puede el Ejecutivo proponer sobre la materia impositiva, como cualquier ciudadano común (lo que se conoce como derecho de iniciativa), que en tal caso, deberá presentarse -precisamente- ante la Cámara de Diputados; lo que no puede hacer el Ejecutivo es atribuirse potestades que no le son propias y que están reservadas a otro Poder del Estado, lo cual le está vedado por la propia Constitución.
La apropiación arbitraria de recursos de la Ciudad de Buenos Aires para reasignarlos a la Provincia, constituye una insubordinación flagrante a los límites que le impone la Carta Magna al establecer las facultades y prohibiciones que ésta le fija al Ejecutivo e instala un peligroso antecedente que gravita sobre el federalismo, en cuya defensa está conformada la República. Configura –además- un privilegio intolerable si se considera que tal apropiación de recursos no es redistribuida entre todas las provincias sino una detracción de recursos a un distrito para transferirlos directamente a otro, a través de una decisión arbitraria, unilateral e inconsulta.
Por otro lado, el aval a la decisión presidencial estampado en un documento firmado por 19 gobernadores, de ningún modo puede considerarse como una validación legal a la actitud arbitraria del Ejecutivo nacional, sino un respaldo de aliados del mismo signo político que en un futuro quizás no tan lejano, podrían acudir al mismo mecanismo para solventar los déficits de sus respectivas cajas.
En lo relacionado a la movilización de efectivos (y jubilados) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no encuadraría dicha actitud en el delito de sedición previsto en la Constitución, toda vez que no se ha tratado de un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina, sin llegar a la gravedad de la rebelión con el propósito de derrocar a los poderes del Estado, sino que transparenta una protesta colectiva ante la falta de respuesta a reclamos sobre haberes y condiciones de trabajo que llevan décadas de haberse instalado sin ser oídos.
Los efectivos policiales son, básicamente, trabajadores que como tal prestan un servicio a cambio de una retribución. Tienen un régimen especial por ser parte de una fuerza de seguridad, pero necesitan, como todos los trabajadores, llevar el sustento a sus hogares. Muchos de ellos cobran sueldos muy bajos, por eso el reclamo y, además, por la falta de elementos de seguridad para enfrentar a la delincuencia. No se ha visto una insubordinación ni mucho menos una rebelión aunque haya quienes puedan interpretar lo contrario, como el sindicalismo organizado en las centrales obreras que, contradictoriamente a los intereses que debería defender, repudió un reclamo de los trabajadores que pedían mejora salarial, para defender un estado de derecho que supuestamente se estaba poniendo en riesgo. De hecho, entre el patrón (el Estado provincial) y los empleados (los policías) la CGT y las CTA de Pergamino a través de un documento conjunto se manifestaron del lado de la patronal. Claro ejemplo de cuando las posiciones ideológicas se imponen al sentido común.
