Editorial

Ricos, pobres y políticos


Para el senador nacional Carlos Caserio, la clase política no debe hacer esfuerzos atento su “providencial” condición fundacional no productiva. A confesión de parte, relevo de pruebas y confirmación del escándalo político vernáculo.

“La clase política no es la que hace el esfuerzo, la clase política dicta normas”, dijo días pasados Carlos Caserio, senador del Frente de Todos. “Hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado, (esta clase de clases) ya que la misma no es un elemento productivo del país”, razón por la cual desactivar sus jubilaciones de privilegios o hacer algún esfuerzo compartido con los demás sectores de la comunidad nacional (por caso, con los jubilados ordinarios), “no le parece serio” (sic).

Según Caserio, un 50 por ciento de los argentinos son pobres o indigentes (tan “vulnerados” que muchos no tienen ni para comer) y por eso -afirma- se le pide al otro 50 por ciento de los argentinos que colabore con “su Argentina implosionada” pero, atónita y contra fácticamente sostiene que la clase política no es la que debe hacer el esfuerzo; reiteramos -aunque fueron hartamente replicadas- palabras del legislador cordobés vertidas en un reportaje con la periodista Carolina Amoroso del canal televisivo TN (Todo Noticias) en la madrugada del sábado pasado; obviamente palabras documentadas, filmadas y grabadas.

Evidentemente la clase política, para Caserio, no habita ninguno de los dos 50 por ciento de los argentinos. ¿Entonces? ¿Dónde viven los políticos, funcionarios y, por qué no, dirigentes sindicales?

Como titula una de sus obras Daniel Alarcón, “el rey siempre está por encima del pueblo”. Para los reyes (o los que actúan como ellos) la vida humana -laburante o jubilada- de los pueblos debe hacer todo el esfuerzo. Temerariamente, ignoran o desdeñan que en todas esas vidas y sus familias -agobiadas y afligidas- vibran soterradas la violencia y la voluntad de rebelión ante semejantes figuras que intergeneracionalmente, sin idoneidad (el actual estado de cosas así lo demuestra) con nepotismo de nepotismos han cooptado el poder (o así lo pretenden) en todas sus formas.

¿Cuánta corrupción, desigualdades y privilegios provienen, se amparan, se explican o predicen en “realezas” semejantes? ¿Cuál enojo, ebullición o estallido sudamericano actual escapó, escapa o escapará de esta lógica perversa? ¡Lamentablemente, ninguno!

La cooptación del Estado por castas políticas privilegiadas e incompetentes es un dato de la realidad. Más allá de que podría argumentarse que las palabras de Caserio fueron fruto de una respuesta rápida y cansada tras la maratónica sesión, incluso que el senador quiso decir otra cosa pero no encontró las palabras, lo cierto es que tanto lo que dijo Caserio como lo que se expresa en las líneas precedentes no es otra cosa que lo refleja la realidad: una casta alejada de la sociedad, que aglutina a personas cuyo arribo de la función no tuvo necesariamente relación con su capacidad y que, a pesar de estar por años en el poder sin encontrar soluciones trascendentes, no quieren abandonar ese lugar.

En Argentina, la inmensa mayoría padece (o es cómplice de) esas castas tan onerosas e inútiles para el bien común y el desarrollo humano. El poder de cooptación de tales castas se traduce en un sistema de nombramiento o reclutamiento por nominación, mediante el cual una asociación o amontonamiento cualquiera de personas o sectores políticos nombra caprichosa, discrecional e internamente a sus propios miembros, sin dependencia ni control de criterios e instituciones republicanas externas.

Cuando hablamos o proponemos, más aun cuando exigimos solidaridad social para una reactivación productiva como en este caso, debiéramos de saber que se trata de una patriótica solicitud de adhesión o apoyo espontáneo, no forzosa ni arbitraria o discrecionalmente selectiva.

La solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales, emparentado con la compasión y con la generosidad. Tiene que ver con un ánimo de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, opiniones o prejuicios personales.

Del mismo modo, la solidaridad no suele considerarse como una obligación o un mandato sino que ha de ser voluntaria. Existe, no obstante, un compromiso moral mayor en quienes dispongan de más recursos para ayudar a otros a superar una situación críticamente penosa como la cruel y recurrente de nuestros viejos jubilados, razón por la cual nuestra tradicional cultura solidaria argentina no percibe con buenos ojos a quienes, como el senador Caserio, se rehúsan a hacerlo.

Ilustres privilegiados como legisladores, jueces, diplomáticos, presidentes, gobernadores e intendentes, sepan que sin una ética de la solidaridad y de la cooperación no habrá paz, ni igualdad, ni libertad ni fraternidad en todo su noble y cabal sentido y alcance para una Nación Argentina representativa, republicana, democrática y federal, según la estableció nuestra propia Constitución Nacional; sí, la misma que nos recuerda lapidariamente en su artículo 16 : “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Ya sabemos que en este país, en los hechos, no somos todos iguales ante la Ley. Pero si hay un distinto que se destaca, ese el político.


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