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Hace unos días el secretario de Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein disertó sobre Salud Mental en el 57° Consejo Directivo de Organización Panamericana de la Salud realizado en Washington D. C. Allí ratificó la importancia de la Ley Nacional de Salud Mental, valoró el reconocimiento internacional de esta normativa por su perspectiva de derechos humanos y reconoció la necesidad de “implementarla”, algo que parece un contrasentido cuando se tienen responsabilidades ejecutivas que confieren la posibilidad de hacerlo.
En un contexto en el que la ley se vio amenazada durante los últimos tiempos, con algunas voces que se proclamaban en contra de algunos de sus aspectos y planteaban la necesidad de avanzar en algún tipo de modificación, las apreciaciones de la máxima autoridad sanitaria del país marcan la ratificación de un rumbo en favor de la norma, aunque dejan en evidencia lo poco que se ha avanzado desde la sanción por unanimidad de la iniciativa en su concreto cumplimiento.
El funcionario remarcó el modelo de atención comunitario basado en la Estrategia de Atención Primaria de la Salud que propone la norma y a los procesos de desinstitucionalización que impulsa. Sin embargo, en la práctica real, más que producto de la acción del Estado y sus recursos, los avances se han logrado como consecuencia de una acción sostenida de compromiso de los propios actores del sistema de salud mental que trabajan en el campo de la salud mental y que han propiciado iniciativas para derribar mitos y crear en la sociedad la conciencia necesaria respecto de la necesidad de ver a la persona con padecimiento mental como alguien que forma parte de la comunidad y que necesita ser abordada de manera integral desde una perspectiva de derechos.
Transformar el modelo manicomial hacia uno centrado en la comunidad es una de las mayores aspiraciones de la ley. Y la responsabilidad más marcada del Estado para dotar al sistema de salud de recursos y formación para hacer de esto una realidad. Esto no siempre ha sucedido. Por el contrario, puertas adentro del propio sistema aparecen resistencias producto de prejuicios y temores.
Si bien es cierto que la ley aporta un marco normativo al que debieron adherir las provincias y que recae sobre ellas luego la responsabilidad de implementarla de modo concreto, el Gobierno nacional es rector. Y no puede quedarse a esta altura de la historia en expresiones de deseo, más atendiendo al hecho de que se trata de un marco legal que contempla diferentes documentos y acuerdos internacionales que instan a los países a implementar estas transformaciones propuestas.
Algunos sostienen que las dificultades de implementación de la ley han sido por falta de recursos. Otros sostienen que no se realizaron las instancias de capacitación necesarias para preparar a los actores del sistema para trabajar bajo la órbita de un nuevo paradigma. Unos y otros tienen razón. También faltó y falta aún decisión política en la gestión de los cambios.
Cuando el propio secretario de Salud de la Nación reconoce tras varios años de vigencia de la normativa que “el objetivo último es implementar la Ley de Salud Mental” queda claro que no se ha avanzado lo suficiente. Y también muestra que debido a estas dificultades y negativas lo que se sigue desconociendo es el respeto a los derechos de las personas, vulnerados históricamente a través de la institucionalización y otras muchas prácticas que las estigmatizaron.
Quizás es hora de pasar del discurso a la acción, como sucede en otros tantos campos de la salud pública. Con la complejidad que conlleva establecer consensos entre actores que tienen intereses tan diversos y concepciones de la salud mental muchas veces contrapuestas.
Tal como ha sido expresado alguna vez desde este mismo espacio editorial, hacerla cumplir o modificarla es lo que corresponde hacer para que la transformación necesaria en el campo de la salud mental sea una realidad que llegue a todos y alcance desde una perspectiva de derechos a todos aquellos a través de un sistema accesible y enfocado en la persona.
En este punto lo expresado en la reunión internacional por Isabella Danel, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud resulta un señalamiento que marca el imperativo de “reorganizar los servicios desde una perspectiva de derechos humanos para que resulten más accesibles y adaptados a las necesidades de las personas que merecen acceder a una atención humanizada y como parte de una estrategia de salud familiar y comunitaria.
