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Los últimos años han sido difíciles en materia de salud pública y así como en algunos aspectos ha habido inversiones, en otros rubros se ha profundizado el colapso de un sistema que al tiempo que recibe cada vez a un número mayor de pacientes no se ha reconvertido para afrontar esa demanda.
La decisión del expresidente Mauricio Macri de bajar al rango de Secretaría el Ministerio de Salud es sin lugar a dudas una determinación que quedará marcada en la historia como un retroceso por lo que esto significó en términos de recursos y de derechos que se vieron vulnerados. Más allá de algunos indicadores que fueron planteados como avances transformadores en materia sanitaria y de esfuerzos que se hicieron, lo que la medida de hacer desaparecer de la estructura del Estado al Ministerio de Salud poniéndolo bajo la órbita de otra cartera nacional, lo que hizo fue dejar con muy poco margen de maniobra al Estado para administrar recursos y hacer frente a coyunturas complejas como las que se viven hoy, con el deterioro que eso supone para prestaciones sensibles y urgentes.
En el campo de la salud pública la irrupción de enfermedades que estaban erradicadas del país como el sarampión, la falta de algunas vacunas marcadas en el calendario como obligatorias, las abultadas deudas a proveedores de servicios esenciales y decisiones arbitrarias como el recorte de funciones y la falta de inversiones como ocurrió en el Instituto Maiztegui- una institución que hace ya bastante no puede producir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina ni desplegar su potencial en el estudio de enfermedades olvidadas- son solo algunos ejemplos del deterioro que se ha dado en el ámbito sanitario y que demandará seguramente mucho tiempo revertir.
La falta de interés por la salud pública o una concepción de la misma que no se condice con los preceptos que hicieron de ella un baluarte del país, han generado condiciones muy difíciles de modificar. Y detrás de indicadores y parámetros hay historias de personas severamente afectadas por la crisis, muchas de ellas atravesando enfermedades graves, que requieren de intervenciones del Estado en forma rápida y sin dilaciones.
En este aspecto, el cambio de Gobierno con la llegada a la cartera sanitaria de Ginés González García, un profesional de reconocida trayectoria en el campo de la salud pública y alguna de sus consideraciones en temas de la agenda urgente, abren un horizonte de expectativas en lo que se refiere al terreno de los derechos. La restitución del rango de Ministerio a las cuestiones inherentes a lo sanitario hablan de por sí de una jerarquización de la acción política en esta materia.
Sin embargo, en este aspecto tampoco alanza con la denominación. Hace falta dotar a la cartera de recursos y herramientas para abordar problemas que son cada vez más complejos. El precio de los medicamentos, la presión de los laboratorios y la necesidad de sacar al sistema sanitario del estado “crítico” como el ministro definió al contexto actual son apenas algunos ítems sobre los cuales pensar la acción de la política.
El anuncio de creación del Consejo Consultivo Nacional del que participarán las provincias, sumado a la emergencia sanitaria contenida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, aparecen en el horizonte como las herramientas de las que deberá valerse el titular del Ministerio de Salud para poner de pie a un sistema que exige de profunda sensibilidad y profesionalismo al momento de establecer las prioridades y cumplirlas porque quienes usan el sistema público de salud son los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que están excluidos de toda posibilidad de recurrir al subsector privado- y al que también habrá que atender debido a la difícil coyuntura en que se encuentran producto de políticas macro económicas que condicionan la supervivencia de muchos establecimientos sumado a cuestiones estructurales de vieja data-.
Políticas públicas en materia de salud que garanticen el acceso y la equidad son imperativos de la hora. Se requiere de acciones eficaces, flexibilidad y enorme compromiso social para lograrlo. Aquí quizás vale el concepto de solidaridad, pero más que ese, aplica el de pericia para alcanzar lo que el propio titular de la cartera de salud ha planteado como una premisa al iniciar su gestión: “Un buen sistema de salud no tiene que ser una consecuencia de que la Argentina esté mejor, sino la causa de esa mejora”.
Es hora de poner manos a la obra y más allá de cualquier giro discursivo poner en marcha políticas públicas pensadas para dotar al sistema sanitario de los recursos y las mejores herramientas sabiendo que se tiene la infraestructura y quizás la mejor fortaleza: el capital humano que ha demostrado sobradamente en la bonanza y en las crisis que tiene un marcado compromiso con la salud pública en cualquier geografía del país.
Hacia adentro y hacia afuera del sistema sanitario se requiere de acciones transformadoras, que restablezcan derechos, que aseguren el acceso a una salud pública de calidad, esa que históricamente tanto en el primer nivel de atención como en aquel de la mayor complejidad ha puesto a la Argentina en los principales países del mundo por la calidad de sus prestaciones y la singularidad de su sistema de salud pública. Se está en un momento de inflexión. La historia será testigo de si esta vez sí la salud pública es motor de la mejora del país y no su consecuencia.
