Salud y educación, entre la demanda de calidad y el uso eficiente de los recursos

La salud y la educación pública están en crisis, y eso al tiempo que genera críticas, también ocasiona demandas por parte de los ciudadanos que exigen cosas que no siempre contribuirían a la resolución del problema. Una universidad en cada pueblo y centros de salud de alta complejidad en cada ciudad son pedidos frecuentes que no siempre resultan sinónimos de una mejor calidad. El acceso de todos a la salud y a la educación y el uso eficiente de los recursos públicos que se destinan a estos fines es lo que asegura la calidad, no necesariamente la cercanía. Accesibilidad no es sinónimo de proximidad. 

En materia de salud, el subsector público está desbordado y atiende las necesidades no solo de aquellos que no tienen cobertura social, sino de muchos que teniendo algún sistema prestacional eligen atenderse en los hospitales y centros públicos porque evitan el cobro de abultadas diferencias. También están los que debido a la crisis, prescinden de la obra social y empiezan a considerar a los efectores del sistema sanitario oficial como referencias para la atención de su salud.

En este contexto, y sin considerar que así como la salud pública es de todos se sostiene con aportes que pertenecen a todos, se le demanda al sistema un nivel de complejidad que no siempre logra alcanzar y se le empieza a exigir la configuración de un perfil que no se corresponde con la esencia para el que fue creado. Así, se pretende que cada ciudad tenga espacios de alta complejidad con alta especialización médica y tecnológica para cubrir las distintas necesidades y se desatienden las cuestiones básicas como el uso apropiado de una guardia o los tiempos de espera para la realización de estudios y prácticas. Se pretende todo ya y a la vuelta de la esquina, sin tener en cuenta que el sistema de salud pública, tanto para la atención primaria como para el segundo nivel de atención, fue concebido para otra cosa. Que no es un uso eficiente replicar estructuras insostenibles incluso desde la óptica del recurso humano sino que lo pertinente es crearlas con un criterio amplio de regionalidad, con capacidad para atender a varios ciudadanos de un radio de kilómetros considerable, pero que todos ellos tengan garantizada la accesibilidad de manera gratuita; en este último aspecto es donde deben ponerse los recursos y no en agigantar estructuras.

Lo que aparece como imperativo entonces es fortalecer las redes para que todos tengan acceso a la salud de alta complejidad cuando resulte necesario. Que el sistema se dote de aparatología instrumental y recursos humanos allí donde están los efectores y que para aquellos que no vivan cerca de los mismos o habiten ciudades más pequeñas, tengan acceso rápido y poco burocrático para asegurar la atención.

En épocas de escasos recursos, lo que se impone es optimizar las capacidades instaladas y planificar las inversiones para que cada lugar tenga lo que necesita y funcione con los demás como un gran sistema centrado en las personas.

Así como Pergamino tendrá la suerte de contar con un Centro Oncológico de altísima complejidad, otras ciudades deberán desarrollar un perfil en materia de salud cardiovascular o neurológica, respondiendo a una política sanitaria que se piense con mirada estratégica. Aunque desde algunas ciudades se lo reclama por imitación, no es esperable que otras ciudades cercanas tengan lo mismo, ni que aquí pueda instalarse rápidamente un espacio de tamaña envergadura para cubrir los requerimientos de atención de otro tipo de patologías.

En este sentido, cada ciudad tiene su perfil, o debe construirlo en función de los recursos disponibles. No hay política sanitaria que soporte montar por espasmo todos los servicios en todos los lugares. Hay que crear los mecanismos para brindar respuestas a las demandas de atención y en este aspecto, el modelo que se piensa para el Centro Oncológico Pergamino puede resultar un ejemplo, por cuanto se lo está pensando para cubrir las necesidades de atención de una amplia zona.

Lo mismo pasa con la educación; no es excepcional la pretensión de tener, por ejemplo, una universidad en cada pueblo. Y se le exige al Estado la resolución de esa demanda anteponiendo argumentos para evitar la migración de los jóvenes. Sucede algo parecido con la oferta académica en las instituciones ya instaladas. No pueden dictarse todas las carreras en todos los lugares. Las alternativas académicas deben responder a un planeamiento estratégico. Y lo mismo sucede con la localización de las casas de altos estudios.

A pesar de que puede resultar antipático, no se trata de tener una universidad en cada pueblo sino de diseñar una política de educación superior que pueda compatibilizar las necesidades de formación de la población con las demandas profesionales y productivas de la propia sociedad. Lo que ha sucedido en los últimos años en el sistema universitario argentino es una prueba de ello. La política ha creado universidades en muchos lugares- varios de ellos cercanos geográficamente. Con el diseño de una oferta académica individual y desarticulada, con inversiones millonarias que parecieron responder más a las respuestas demagógicas de la política de turno que a una verdadera planificación estratégica.

En este plano, nuevamente Pergamino parece tener una dinámica de funcionamiento en lo que se refiere a la actividad universitaria que aparece como una referencia. Porque si bien es cierto que en su momento se peleó fuertemente por contar con la Universidad “en casa”, no menos real es que con el devenir de los años supo integrar esta aspiración a un proyecto universitario de alcance regional e innovador en su concepción. Así, la Universidad Nacional del Noroeste supo articularse con otros para brindar respuestas al requerimiento de la educación superior sin superponer esfuerzos con otras casas de estudios instaladas en una geografía cercana y con los años consolidó su impronta en el concierto de las universidades nacionales por su génesis.

Incluso con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, creada en el último tramo de la gestión kirchenerista consiguió articular acciones para avanzar en el desarrollo territorial de una oferta de educación superior superadora en la que cada institución, respetando su individualidad, pueda ofrecer a la comunidad alternativas de complementariedad y no de competencia. El proyecto de dictar algunas de sus carreras en forma articulada con anclaje en el desarrollo regional promete ser una experiencia innovadora. Lo mismo sucede con universidades más lejanas o con centros de investigación de reconocido prestigio con las que ya comparte el dictado de algunas alternativas de posgrado. Valen como ejemplo la experiencia con la Universidad Nacional de Quilmes con la que dicta la maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas y con el Hospital Muñiz y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio Maiztegui” con la que dicta la Maestría en Prevención y Control de las Zoonosis.

Pero esto que ocurre aquí, no siempre se replica en otros lugares. Y en ocasiones los recursos públicos destinados a la educación, no solo universitaria, se vuelcan a proyectos que no resultan sustentables y terminan fracasando transformándose en onerosas estructuras que con recursos del Estado hay que seguir sosteniendo. También algunas decisiones estratégicas en este sentido de optimizar los recursos de todos terminan cayendo, por ser mal explicadas, en el ring de la política. Tal el caso del cierre de aquella escuela primaria de una isla del delta de Tigre, a la que solo concurrían cinco alumnos. En lugar de mantener para ellos cargos directivos, docentes y auxiliares, se dispuso su traslado a diario a un establecimiento en el continente. Además de optimizar el gasto, los chicos pasarían a nutrirse de nuevas experiencias entre pares. Pero no tardaron en aparecer quienes se quedaron con el titular: “El Gobierno cierra escuela en el Tigre”, haciendo uso político de barricada de una decisión por demás de acertada. 

Sin que los argumentos señalados agoten el inventario, demandar salud y educación de calidad es un derecho de la ciudadanía y brindarla es una obligación del Estado y de los responsables de llevar adelante esos espacios. Sin embargo, la mesura con la que se piensan algunos proyectos y la cautela con la que se desarrollan se imponen como un gesto de sanidad en el uso de los dineros públicos, esos que son de todos y que en este momento escasean.