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Esta semana la decisión del Gobierno nacional de implementar el Servicio Cívico Voluntario en Valores” destinado a jóvenes de entre 16 y 22 años pertenecientes a la conocida como generación “Ni Ni”- es decir aquellos que no estudian ni trabajan- generó controversias y posturas a favor y en contra de la iniciativa.
Por un lado están quienes celebraron la medida argumentando que es necesario implementar políticas para integrar a los adolescentes y hacerlo comenzando por ofrecer pautas que les permitan involucrarse con responsabilidad en proyectos colectivos a partir del desarrollo de su conducta cívica. Por el otro, una amplia porción de la sociedad repudió el proyecto y lo calificó como el intento electoral de seducir a un electorado que reclama la vuelta al servicio militar. Quienes alzaron esa voz consideran además que muchos de los problemas de inseguridad que afectan al país se resolverían con una medida de ese tipo, colocando el debate en un lugar que alienta la polémica.
En otro aspecto, hubo quienes le criticaron al Gobierno el hecho de haber creado esta figura a través de un decreto presidencial sin abrir ninguna instancia de debate legislativo, sobre todo atendiendo que la problemática de los adolescentes que no estudian ni trabajan conforma una cuestión que merece una búsqueda de soluciones amplias que abarque el tema en toda su dimensión.
Tras el anuncio oficial, lo que quedó en el centro de las miradas fue el Ministerio de Seguridad y una de las fuerzas que están bajo su órbita: la Gendarmería nacional, por cuanto será la que podrá su infraestructura y recursos humanos para la implementación del Servicio Cívico Voluntario.
Aunque aseguran que los jóvenes que se sumen no recibirán ningún entrenamiento militar, el hecho de que se hayan elegido espacios de una fuerza de seguridad sin intervención de otras áreas claves como Educación o Desarrollo Social abre algunos interrogantes, porque de algún modo se la plantea más como una política de seguridad que de inclusión. El Gobierno afirma que el Servicio Cívico Voluntario servirá para inculcar a los jóvenes valores y disciplina, al tiempo que formarlos en oficios. Y cuando se dice esto, independientemente de la legitimidad de la propuesta, en el imaginario social aparece la escuela como institución formadora y no un cuartel. Lamentablemente cuando se habla de disciplina, aparecen temores fundados en historias tristemente conocidas. Una de ellas fue la que motivó la abolición del servicio militar. Y esto no se puede soslayar.
Habrá que esperar cuál es la respuesta de jóvenes que pertenecen a una generación desentendida de algunas cuestiones. Su participación deberá ser voluntaria por lo que el éxito de la medida va a recaer en su vocación de sumarse con verdadero compromiso.
La propuesta encuentra antecedentes cercanos en la provincia de Mendoza, donde se había implementado una iniciativa parecida con resultados que no resultaron alentadores por el alto grado de deserción de los jóvenes. A nivel internacional el Gobierno de Francia lanzó una propuesta similar, aunque ese país tiene una tradición diferente en la relación de la ciudadanía con sus fuerzas armadas.
En poco más de un mes la experiencia piloto se pondrá en marcha. Quizás haya que esperar que se desplieguen las acciones previstas para hacer alguna evaluación sobre sustento real. Por el momento lo que surgen son legítimos interrogantes: ¿Cómo se fomenta en los jóvenes la cultura del trabajo? ¿Qué lugar se les da a las familias y a las instituciones educativas en esa tarea? ¿Cómo se inculca la disciplina? ¿No hay otras entidades de la sociedad civil con capacidad física y técnica para incluir a los jóvenes? ¿El entrenamiento físico que propone el programa debe ser realizado bajo las órdenes y las pautas de una fuerza militar? ¿Cuál es el rol de los clubes y de la actividad deportiva en el fomento de estos mismos valores?
¿Cuáles son los valores democráticos y republicanos que el Gobierno pretende inculcar?
Si bien es cierto que frente a la complejidad del problema que supone la exclusión todas las alternativas son válidas y el Estado es quien debe liderar estos, no menos cierto es que el hecho de que queden por fuera de esta propuesta las escuelas, las universidades, los espacios de formación técnica, los centros de desarrollo comunitario, los clubes y las organizaciones de la sociedad civil que tienen una larga tradición de trabajo voluntario, disciplina y responsabilidad cívica, genera cierta zozobra. La apuesta del Gobierno ha sido decidida y firme. La aspiración planteada, inmensa. Despojados de ideologías, quizás haya solo que mirar a los chicos que ingresen al Servicio Cívico Voluntario , porque serán ellos los que darán la verdadera medida de éxito o de fracaso a esta iniciativa.
