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En cada país, un porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene dificultades para obtener un empleo. Al mismo tiempo, no todas las personas que consiguen emplearse logran hacerlo en las condiciones que establecen las leyes que protegen los derechos de los trabajadores.
En Argentina, según un reciente informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) la informalidad laboral afecta al 46,8 por ciento de los trabajadores, con el aditamento de que el índice crece al 61,6 por ciento para el segmento de jóvenes de entre 15 y 24 años. Traducido aquel porcentaje a número de personas, significa que 7,2 millones de hombres y mujeres que viven en Argentina tienen una obligación laboral (sean asalariados o independientes) pero no poseen los beneficios del empleo formal. Y otra lectura, es si casi el 50 por ciento de los trabajadores está en negro, quiere decir que un alto porcentaje de empresarios, comerciantes, industriales y empleadores particulares está evadiendo impuestos, lo que es igual a decir que están ganando dinero que no les corresponde.
La tasa de informalidad de la Argentina coincide con el índice promedio de América Latina y el Caribe, y si bien es elevada, tuvo un descenso desde 2009, cuando era del 49,2 por ciento.
Las nuevas cifras de informalidad revelan un grave y endémico problema de las economías latinoamericanas en general y Argentina en particular. La noticia es la cifra alta pero el verdadero problema no es éste sino la persistencia del indicador, una clara e inequívoca señal de que las cosas no marchan bien en materia de verdadera inclusión social en el trabajo digno y formal. Porque ese es el camino para ir dejando de lado el asistencialismo, que muchas veces se ve transformado en clientelismo.
Esto quiere decir que la informalidad laboral no cede a pesar de los esfuerzos hechos desde el Ministerio de Trabajo a favor de la registración de los trabajadores.
El problema es claro: los puestos de trabajo que genera la economía no alcanzan para satisfacer las necesidades de empleo de las familias. La acumulación de inversión es insuficiente y cuando la economía entra en una etapa de enfriamiento o ralentización, dicha insuficiencia se expresa ya sea por desempleo liso y llano, o por la creación insuficiente de empleo de calidad.
He aquí una diferencia fundamental entre las economías de ingresos bajos y medianos con respecto a las economías capitalistas de ingresos elevados. En estas últimas la protección social está desarrollada de tal forma que la insuficiencia de acumulación propia de las recesiones de la economía se expresa en tasas de desempleo más elevadas. El seguro de desempleo cubre las necesidades mínimas de la población desocupada y las políticas activas de empleo ayudan a la reinserción de los trabajadores.
Por el contrario, en un país con problemas económicos, un jefe de hogar que necesita generar ingresos y que no cuenta con un seguro de desempleo termina aceptando puestos de cualquier tipo y color.
Desde otra óptica, la informalidad también puede ser mirada como la expresión del agobio al que somete el Estado a todo aquel que desea emprender una actividad económica. Claramente eso podría darse en el contexto del trabajo por cuenta propia, pero resulta difícil de sostener cuando la informalidad laboral aparece en los puestos asalariados. El que está bajo sueldo no registrado prefiere seguir estándolo porque eso le proporciona beneficios no pecuniarios (flexibilidad horaria, por ejemplo). Se trataría entonces de una informalidad “voluntaria”.
No obstante, prácticamente todos los estudios hechos en América Latina han mostrado que la informalidad laboral entre los asalariados es involuntaria y responde más a la segmentación del mercado laboral que a la excesiva presión del Estado.
El perfil de los asalariados informales es muy claro: se trata principalmente de jóvenes, de mujeres y de individuos de uno y de otro sexo con bajo nivel educativo. Ocupan puestos laborales que requieren de escasa o nula experiencia para ser desarrollados y se agrupan en ramas de actividad prototípicas, tales como la construcción, el comercio y el servicio doméstico. Cobran una remuneración que, en promedio, apenas supera el 60 por ciento del salario de un trabajador similar pero que desarrolla sus actividades en la formalidad. En todos estos casos hay siempre un atenuante que disminuye la gravedad del síntoma: algunos jóvenes suelen usar la informalidad como una estrategia para acceder a puestos formales y de buena calidad.
Pero según las investigaciones sobre el tema, éstos no explican toda la informalidad laboral juvenil. Muy por el contrario, muchos de los jóvenes que comienzan a trabajar en la informalidad reproducen esta condición durante toda su vida.
Un problema muy importante que concierne a la informalidad es la resistencia a las medidas de política pública. Así, por ejemplo, al no estar registrados, muchos empleados informales perciben remuneraciones que están por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, los empleadores no promueven la capacitación laboral entre estos empleados, dado que son usados como variables de ajuste a los vaivenes del ciclo económico y cualquier tipo de inversión en capacitación sería desperdiciada si estos trabajadores fueran despedidos.
Este tipo de situaciones implican salarios bajos, nulos e irregulares aportes a la seguridad social y a otro tipo de impuestos al trabajo. Así, la informalidad laboral aparece emparentada de manera directa con otros graves e irresueltos problemas: inestabilidad laboral, pobreza, desigualdad de ingresos y de oportunidades, financiamiento de la seguridad social y otros de recaudación fiscal, y exclusión social.
No todo marcha bien en materia económica como trata de hacer creer el Gobierno nacional. El alto índice de desempleo excluye y niega condiciones dignas a muchas familias que pretenden ser parte del circuito de la formalidad. Para incluir desde el trabajo y no desde el asistencialismo, mínimamente hay que generar las condiciones alentando inversiones y controlando a empresarios y comerciantes para que no abusen. Esa sería una verdadera política inclusiva, el resto es un relato refutado por los fríos números que sostienen que en el país casi la mitad de los trabajadores está en la informalidad.
