Sin consenso y sin criterio de oportunidad

A pocos días de que el anuncio correspondiente la instalara como un tema de debate alternativo en un contexto donde las principales preocupaciones pasan por otro lado, el proyecto de reforma judicial ideado por el Gobierno nacional ha venido acumulando tropiezos ante la irrupción de objeciones mayores que las señaladas en lo inmediato. Los pronunciamientos de dos cuerpos colegiados de diferentes fueros que se verían afectados de materializarse la iniciativa, la Cámara del Crimen y la Civil y Comercial Federal, reflejan una resistencia que trasciende la de una oposición acusada de obstruccionismo e incluso la de una sociedad que sí demanda cambios en la Justicia pero no del tipo de los que se proponen. Son los propios jueces y fiscales los que consideran que es inapropiada e inoportuna la iniciativa.

Está claro que en un principio las críticas al proyecto parecían poder clasificarse en dos grandes grupos:?las que aludían a una evidente falta de sentido de la oportunidad, en medio de la pandemia de Covid-19 y de la espantosa crisis económica en desarrollo debido a las medidas de aislamiento y las restricciones a la actividad productiva asociadas a ella, y a la sospecha de que en el fondo se trata de una maniobra para asegurar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo primero no necesita demostración alguna, aun cuando siempre pueda argumentarse que lo urgente a veces debe ceder ante lo importante, mientras que lo segundo ha sido reforzado por el propio presidente de la Nación con la insólita decisión de integrar en la comisión asesora al abogado principal de su compañera de fórmula, según todo lo sugiere por indicación de ella.

Sin embargo, con el paso de los días se han ido sumando objeciones técnicas, incluidas las de especialistas en derecho constitucional que advierten sobre los aspectos de la iniciativa oficial que entrarían en conflicto con la letra y el espíritu de la ley fundamental, así como otras de carácter práctico que ponen en duda la capacidad del nuevo esquema para mejorar el servicio de Justicia. En particular, suena atinado el señalamiento de la incongruencia de un proyecto que exigiría el nombramiento de varias decenas de nuevos jueces justamente cuando está entrando en vigencia el nuevo Código Procesal Penal que incluye el traslado de más facultades para investigar a los fiscales, es decir, cuando se les estaría reduciendo a los jueces el trabajo.

El pronunciamiento de las cámaras en cuestión, unánime en el primer caso y con un integrante que se excusó por motivos formales en el segundo, sugiere además que si el proyecto es convertido en ley no le será fácil entrar en vigencia frente a las muy probables declaraciones de inconstitucionalidad. Si la Corte Suprema debe resolver en última instancia, debe recordarse que solo una entre sus miembros acudió a la presentación del proyecto, a la que los cinco estaban invitados. El antecedente de la reforma judicial de Cristina Kirchner, que solo logró el aval de un ministro de la Corte que ya está jubilado, y quedó convertido en letra muerta, lleva a preguntarse qué motivos puede tener el oficialismo para ser más optimista hoy.

En este marco, no resulta excesivo aseverar que el proyecto no solo es inoportuno sino también en sí mismo incapaz de generar el nivel de aceptación que lo volvería viable, aun en circunstancias en que la Argentina transitara una vida política, institucional y social normal. Y se refuerza la impresión de que mantenerlo como prioridad no atiende a las necesidades del país.

Es muy claro que la sociedad no registra entre sus prioridades a la reforma judicial. Conocemos de sobra que la Justicia está entre las instituciones con peor imagen ante los ciudadanos, pero éstos se encuentran hoy preocupados por su salud, acosados por datos sobre infectados, muertos, porcentajes de ocupación de camas de terapia intensiva, nuevos testeos, curvas y picos de todo tipo (que nunca llegan), angustiados por la ruina económica actual de vastos sectores pero sobre todo la que se viene. Hay coincidencia en todo el arco de economistas del mundo que será la peor crisis desde 1870, y para Argentina será directamente  catastrófica por las condiciones de base que presenta. Para hacerlo más gráfico, el PBI argentino proyectado para este 2020, es decir la producción de bienes y servicios de los ciudadanos, será similar al de 1973. Un retroceso brutal frente a un aumento exponencial del gasto público. No obstante las inversiones realizadas, el sistema de salud (los subsistemas público y privado) está quebrado. Ni hablar de la educación, cuyos actores han hecho lo posible para transmitir saberes en este contexto pero que está a años luz de proveer reales herramientas para el mundo presente y futuro. Como un engranaje sin solución de continuidad, la salud, la educación y la reactivación económica son los eslabones que requieren ahora, ya, de todos los esfuerzos y los consensos de la clase dirigente. Todo lo demás es cartón mojado si estos tres ejes no reciben un plan estratégico, con planificación a futuro y desprovistos de ideologías. En ello deberían estar ocupados lo equipos de gobierno y los legisladores de todos los signos. Y cuando decimos todos los demás, incluimos la reforma judicial cocinada a espalda de la sociedad y sus verdaderas urgencias.

Con este panorama llegamos con facilidad a la conclusión de que la reforma judicial nada tiene que ver con la agenda de la sociedad, que espera otras medidas urgentes del Gobierno, y no invertir tiempo, esfuerzo y dinero en calcular cuántos juzgados o fiscalías se necesitan en la Capital y en el interior, o si se transfieren las competencias penales a la Ciudad Autónoma. Todo ello forma parte de la agenda del Gobierno. Ni siquiera puede afirmarse que sea de toda la clase política.