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La Unión Europea (UE) es posiblemente el bloque más poderoso del mundo. Pero está a punto de perder a uno de sus miembros más grandes, el Reino Unido, y no sabemos aún si será de manera amistosa. El cómo y el cuándo el Reino Unido abandone la UE tendrá implicaciones que se extenderán en todo el planeta.
Por ello la importancia de entender de qué se habla cuando se menciona el término “Brexit”.
Este neologismo no es ni más ni menos que la fusión de dos vocablos, inglés y salida = Brexit.
La idea alguna una vez impensable de que los británicos abandonaran la Unión Europea se hizo realidad cuando el Reino Unido votó para hacer precisamente eso en un referéndum en junio de 2016.
Sobre la decisión tomada, para que este divorcio sea lo más pacífico posible y, sobre todo, no deje cabos sueltos, la UE y el Parlamento inglés han estado tratando de forjar un acuerdo durante los últimos 20 meses. Porque la idea de que el Reino Unido salga de la UE sin mediar un acuerdo comercial a futuro asusta a los empresarios británicos y de toda Europa. Las negociaciones han sido duras y después de más de dos años de discusiones, han llegado a un borrador de acuerdo (de 585 páginas) que establece cómo el Reino Unido dejará la Unión Europea el viernes 29 de marzo de 2019. Pero sucede que el 14 de febrero, el Parlamento inglés votó y no lo aceptó, pretendiendo modificaciones. Algo que el propio acuerdo, de carácter cerrado, impide hacer. En ese punto está el asunto, que volverá a ventilarse el próximo martes entre lores y comunes, para ver si se puede aprobar tal como está, ya a contrarreloj del plazo.
No obstante cómo se produzca, la salida del Reino Unido es un hecho. Sin embargo, los ingleses permanecerán dentro del Mercado Unico de la Unión y seguirán estando sujetos a sus leyes y regulaciones hasta finales de 2020.
Por lo tanto, esencialmente el Reino Unido permanecerá en la UE durante otros dos años. Y otra cosa importante: el acuerdo garantiza la protección de más de tres millones de ciudadanos del bloque europeo en el Reino Unido y más de un millón de ciudadanos del Reino Unido en los países del continente para continuar viviendo, trabajando o estudiando como lo hacen actualmente.
El borrador de 585 páginas es largo, complejo y contiene varias cláusulas muy polémicas.
¿Cuáles son los puntos más complicados?
Periodo de transición: Reino Unido saldrá formalmente de la Unión Europea el viernes 29 de marzo de 2019, cuando dejará de participar a cualquier nivel en la toma de decisiones del bloque. Sin embargo, bajo el proyecto de Acuerdo de Retirada, permanecerá dentro del mercado común del bloque y seguirá estando sujeto a sus leyes y regulaciones hasta diciembre de 2020, mientras los dos bandos tratan de concretar una nueva relación comercial.
Si los 21 meses extra no son suficientes — y los críticos sugieren que así será casi con seguridad — el periodo de transición se puede extender por un acuerdo conjunto antes del 1º de julio de 2020 y por un tiempo no especificado.
Frontera con Irlanda y unión aduanera: No habrá una frontera dura entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, integrante de la Unión Europea, al menos a corto plazo.
En caso de que el periodo de transición se extienda más allá de 2020, el borrador de acuerdo compromete a las dos partes a una solución de “respaldo” (backstop) que consiste en “un territorio aduanero único entre la Unión (Europea) y el Reino Unido”. Esa unión aduanera eliminaría todos los aranceles, los controles de las normas de origen y las cuotas y cubriría todos los productos, excepto los pesqueros.
Durante este periodo, el Reino Unido adoptará lo que el documento nombra como “igualdad de condiciones”, asegurando que las empresas del país no pueden socavar a sus competidores europeos, eliminando en los hechos la posibilidad de que el Reino Unido se transforme en un paraíso empresarial de estilo impositivo como el de Singapur, como deseaban algunos partidarios del Brexit.
Al formar parte de la unión aduanera, el Reino Unido estará obligado por todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea. De manera controversial, esto significaría que países fuera de la UE, como Estados Unidos y China, tendrían acceso al mercado británico con base en las condiciones establecidas en los acuerdos con la UE.
Se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo final y los ciudadanos europeos y británicos que lleguen al estado de acogida durante el periodo de transición disfrutarán los mismos derechos que los que llegaron antes del 29 de marzo de 2019.
Cláusula de divorcio: de acuerdo con un sumario europeo del documento, el “acuerdo no es sobre el monto de las obligaciones financieras del Reino Unido sino sobre la metodología para calcularlo”. Según este razonamiento, el Reino Unido cumplirá con todos los compromisos conjuntos existentes para los programas de la UE según se describe en el presupuesto de la UE para 2020, “incluidos los compromisos pendientes a finales de 2020 y los pasivos que no se correspondan con los activos”.
Previamente esto se había estimado en cerca de 50.000 millones de libras (64.800 millones de dólares), pero la cifra rondaría finalmente los 40.000 millones de libras.
Quedan días para que se cumpla la fecha de salida, el 29 de marzo, y la incertidumbre sigue siendo la misma que hace dos años, cuando los británicos decidieron en un referéndum histórico que querían abandonar el club. Westminster sigue sin ratificar el Acuerdo de Retirada y todos los escenarios vuelven a estar encima de la mesa.
El documento, legalmente vinculante, será tratado nuevamente el próximo martes. De no aprobarse, se estipularon dos prórrogas de escasas horas para que los diputados definan. La salida es un hecho, lo que deben resolver es si será según plantea este acuerdo o sin acuerdo. Esa es la cuestión de la hora.
Cuando May lo presentó en febrero, sus señorías tumbaron el Acuerdo de Retirada por 432 votos en contra (incluidos los de 118 tories rebeldes) frente a tan solo 202 votos a favor.
Eso abrió un periodo de incertidumbre, tras el cual ambas partes decidieron retomar los contactos hace algunas semanas para buscar pequeñas modificaciones que convenzan a una mayoría de diputados para votar a favor del texto. El problema es que Bruselas se niega a reabrir el Acuerdo de Retirada ya cerrado, y Londres pide modificaciones sobre ese texto, en concreto en lo que se refiere al backstop irlandés.
May siempre ha dicho que está determinada a cumplir con el calendario oficial para sacar al Reino Unido del bloque el 29 de marzo. La premier se ha comprometido a volver a presentar el Acuerdo de Retirada en la Cámara Baja con cambios en el backstop antes del 12 de marzo. Pero, adelantándose a la que podría ser una nueva derrota histórica, ha anunciado que si no hay consenso a favor del documento, los diputados podrán votar, como muy tarde el 13 de marzo, sobre si quieren una retirada del bloque sin acuerdo.
Y en caso de que esa segunda opción tampoco prospere, sus señorías podrán decidir, el 14 de marzo, si solicitan una prórroga del Brexit, que solo será posible si la moción es apoyada por unanimidad. Aunque el pacto se llegara a aprobar, muchos consideran que la ampliación sería en cualquier caso necesaria porque Westminster necesita además aprobar una serie de leyes para legalizar la salida y “transformar” el actual marco comunitario en normativa británica. En este caso, solo sería una prórroga “técnica”.
En Bruselas, en tanto, existe la convicción de que si llega una petición de prórroga tendrán que aceptarla. Nadie quiere ser el culpable de un Brexit sin acuerdo cuando se pudo prorrogar el tiempo de negociación. A todo este complejo panorama hay que sumar otra cuestión: si hay una extensión de tipo “técnica” no hay efecto alguno sobre los comicios europeos, pero si la prórroga se va más allá de las elecciones comunitarias del 26 de mayo, entonces comenzarán los problemas. El Parlamento Europeo considera que cualquier prórroga más larga requiere que el Reino Unido participe en las elecciones, porque es lo que establecen los Tratados.
Así lo desea también la Comisión Europea, que teme las consecuencias que pueda tener cualquier denuncia de un ciudadano británico ante los tribunales europeos por habérsele negado su derecho a voto en los comicios europeos siendo Londres todavía miembro de la UE.
Un Brexit “duro”, es decir dando el portazo y sin mediar acuerdo, es la opción preferida de los brexiteers (defensores acérrimos de la salida). Si finalmente se decide por dejar la UE sin pacto -a fin de mes o tras una hipotética ampliación-, el Gobierno británico -capitaneado por May o en un futuro por otra persona si las filas deciden cambiar de líder- intentaría negociar una demora en la salida por un año para prepararse ante unas relaciones que estarían reguladas bajo los términos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, parece que hay pocas posibilidades de que Bruselas acepte tal solicitud. El comercio en los términos de la OMC es altamente inusual entre las economías avanzadas y dañaría muchas industrias en el Reino Unido.
