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Es para mayor problema del sistema educativo argentino que el Gobierno nacional, que no cumple con sus propias funciones, quiera resolver funciones que son de las provincias.
El artículo 5° de la Constitución Nacional, escrito en 1853, dice expresamente: “Cada provincia dictará para sí una Constitución… que asegure su administración de Justicia, su régimen municipal y la educación primaria”.
En aquella época, a la educación básica –que actualmente se conforma por educación inicial, primaria y secundaria– se le llamaba educación primaria. La reforma constitucional de 1994 no tocó este artículo. Por lo que se entiende que la voluntad de las provincias de preservar para sí la educación básica se mantiene incólume.
Por esta razón, es que las provincias son dueñas de 40.000 jardines infantiles, escuelas y colegios diseminados por todo el país. El Estado nacional no posee ninguno.
Por esta misma razón, las provincias regulan otros 14.000 jardines, escuelas y colegios de gestión privada. El Estado nacional no regula ninguno. Bajo esta realidad, con mucho de sentido común, el anterior Gobierno nacional determinó que a partir de 2018 las paritarias nacionales no iban a negociar más el salario docente. La razón es obvia: si las provincias son las dueñas de las escuelas estatales y subsidian a las escuelas de gestión privada, son ellas las que pagan los salarios de los 781.000 cargos docentes de educación inicial, primaria y secundaria de todo el país. Esto implica que son ellas las que deben negociar el salario docente dentro de su propia jurisdicción.
Sin embargo, ya en la campaña electoral el actual Gobierno nacional anunció que en paritaria nacional entre el Ministerio de Educación nacional y los gremios docentes de representación nacional se volvería a negociar el salario mínimo docente, que pagan las provincias. Esto es un contrasentido y un retorno a la incoherente práctica que rigió entre 2007 y el 2017, cuando las autoridades nacionales y gremios docentes nacionales negociaban salarios. Los resultados son los conocidos: en ningún año de aquella época el ciclo lectivo se inició en todas las provincias con normalidad, porque muchas provincias no podían pagar lo que se negociaba a nivel nacional.
Las nuevas autoridades educativas nacionales declararon que con la injerencia del Gobierno nacional y los gremios docentes nacionales en la negociación del salario docente, el salario docente crecerá más que la inflación.
Es difícil que esto suceda, por tres razones.
La primera es que, si bien la Nación “ayuda” con algo al pago del salario docente (con los programas nacionales “Fondo de Incentivo Docente”, “Materiales Didácticos” y “Aporte Nacional”, estos últimos que se envían solo a siete provincias del norte), esta porción que paga la Nación representa apenas el 7 por ciento del salario docente. O sea, una porción marginal.
Segundo, la Nación tiene una situación fiscal mucho más precaria que la mayoría de las provincias. Por lo tanto, pensar que la Nación puede llegar a hacer un aporte sustantivo a que el salario docente supere la inflación es ilusorio.
Tercero, porque las provincias ya vienen demostrando una visible imposibilidad para mantener el salario real docente en el marco de una alta y creciente inflación. Entre 2015 y 2018 el componente provincial del salario docente (o sea, el 93 por ciento que pagan las provincias) se depreció un 15 por ciento respecto de la inflación. Lamentablemente, el Ministerio de Educación nacional no tiene publicado el salario que pagaron las provincias en 2019, pero dado que la inflación fue mayor, la pérdida por inflación seguramente es peor.
En conclusión, con un Estado nacional que paga una porción insignificante del salario docente y en crisis fiscal, y provincias que pagan la mayor parte del salario docente y ya demostraron no poder igualarle a la inflación, es muy difícil que el anuncio de las autoridades nacionales se haga realidad.
¿Cómo podría el sueldo docente ganarle a la inflación?
Sí. Pero para eso hay que volver al principio de este artículo y hacer que cada jurisdicción haga lo que le corresponde hacer.
El Gobierno nacional, como responsable de la política macroeconómica del país, tiene que concentrarse en bajar la inflación a un dígito. Las provincias, como responsables de la política educativa del país, tienen que concentrarse en gestionar con calidad y eficiencia las 40.000 escuelas estatales y los 781.000 cargos docentes de educación inicial, primaria y secundaria de todo el país para generar los espacios fiscales que permitan al salario docente recuperarse del duro golpe que le dio la alta y persistente inflación. Si cada uno hiciera lo suyo, el resultado sería más beneficioso para las partes que interesan: docentes y alumnos. No así para las partes, que verían reducido su poder político a una menor expresión. Pero como en este país todo al fin se rige por la política, aunque el discurso proclame otra cosa, aquí estamos, en medio de una paritaria nacional donde los protagonistas son convidados de piedra en la fiesta sindical.
