Un enorme presupuesto de 8.300 millones de pesos es lo que nos cuesta el Parlamento provincial (diputados y senadores) a todos los bonaerenses. Respecto del año pasado es 22 por ciento más, un incremento que podría calificarse como lógico en función del índice anual de inflación acumulada. Pero el asunto no es el porcentaje de actualización sino del tenor del gasto que se viene arrastrando y nunca se ajusta, constituyendo una de las mayores cajas políticas y una de las más oscuras del país.
El Estado bonaerense, si hacemos un corte general del gasto, destina 60 millones de pesos por cada legislador, lo que no implica que cada diputado o senador se lleve ese dinero en el bolsillo, pero es lo que nos cuesta de todos modos.
De esos 60 millones anuales per cápita, los legisladores cobran su dieta, reciben módulos para nombrar asistentes contratados, tienen becas y subsidios. Y digamos las cosas como son: muchos entregan a terceros esas becas y ayudas y otros no nos enteramos nunca que den esos beneficios, los que dicho sea de paso, no requieren una exhaustiva rendición de cuentas.
¿Ese dinero que no se entrega quién se lo queda al fin? La respuesta es de lo más simple: el legislador en la provincia se queda con esos fondos, los que son muchas veces para el aparato político que los sostiene (partido, punteros, publicidad) y otras para el bolsillo. Por eso decimos que el Parlamento bonaerense es una caja política oscura, dado que es prácticamente imposible hacerse de datos fehacientes respecto de quiénes son los beneficiarios de becas o de subsidios. Y hablamos de mucho dinero.
A diferencia de lo que sucede en la provincia, las cámaras nacionales de diputados y senadores paulatinamente fueron compelidos (no digamos obligados porque se trató más bien de una presión mediática y social) a ir blanqueando cómo administraban los fondos destinados a distribuir beneficios desde su función política y territorial. La idea es que sean las veces como una “ventanilla del Estado” en la que la gente pueda acudir por apoyo, por ser -en teoría- más cercanos al pueblo en su representación que un funcionario ministerial. En el caso de los legisladores nacionales, la presión de los grandes medios fue enorme, marcando recurrentemente en sus titulares los ingentes fondos que manejaban, por lo que fueron limpiando su imagen haciendo esta cesión de fondos cada vez más transparente. No es que nos salgan baratos sino que son más visibles y se ven obligados a manejarse con más seriedad que en la provincia.
Otra situación que engrosa el gasto, no tan benevolente como los fondos para distribuir en ayuda directa, se produce porque los legisladores llegan con sus colaboradores a la función, lo que es lógico, pero cuando terminan el mandato van dejando a algunos de ellos “ubicados” en la planta estable. Y es así que además de los contratados de turno, los legisladores que van llegando conviven con las “capas geológicas” de funcionarios que sus antecesores le fueron dejando. Entre estables y los que se contratan a módulo no hay lugar para tanto empleado. Y aunque han tomado en los últimos años algunas medidas para reducir la planta, los resultados son escasos. En consecuencia, hay mucha gente haciendo tareas que podrían hacer menos pero que por su condiciones de estables es legalmente muy complicado de suprimir.
Volviendo al territorio bonaerense, el monto total del gasto del Parlamento es el 0,9 del presupuesto provincial y como un año antes era el 1,2 y antes 1,5 del presupuesto, están convencidos que están bajando el gasto político de verdad. Y no están bajando nada, pero lo más grave es que no parece razonable gastar más de 8.000 millones a legisladores que este año sesionaron una vez por mes. No vaya a ser que les saliera una hernia de tanto trabajar. El único mes en que tuvieron dos sesiones fue diciembre.
Con tan baja productividad, en medio de una crisis que se está llevando las ganancias de las Pymes bonaerenses como un tsunami, este gasto enorme enoja a propios y extraños. La carga de lo que se paga en impuestos es tan pesada que viendo cómo se dilapida tanto esfuerzo da verdadera vergüenza. Pensemos que la proporción del gasto del Parlamento se puede traducir como que cada legislador factura 5 millones de pesos por mes, una cifra a la que la pequeña y mediana empresa no llega ni cerca.
La realidad es que el gasto político provincial en esta etapa debiera ser la mitad que el año anterior, porque mientras empresarios pequeños, jubilados, trabajadores, sectores medios, todos atravesamos un momento de grandes dificultades, ser legislador en la provincia de Buenos Aires termina siendo como sacarse la lotería, sesionar una vez al mes y ganar una fortuna. La vocación por el servicio público debiera ser la primera motivación, no la remuneración. Y el Estado puede hacer mucho para recuperar este espíritu, invitando a quienes son o quieran ser legisladores a trabajar en lo que les gusta bajo las mismas condiciones que lo haría en el sector privado, no con más privilegios. Que sea para ellos una opción de vocación y no de bolsillo.
Por otra parte, a nivel nacional tener diputados y senadores es lógico porque tienen distinta base de representación. En la provincia tener dos cámaras no tiene lógica, porque estamos duplicando la representación en este caso. Debiéramos ser unicamerales en la provincia como debiera pasar en todas las que tienen dos cámaras. Así se amplifica el gasto y además se generan cargos para acomodar a más políticos, esa es la resultante final de tener dos cámaras a nivel bonaerense.
Alguna vez debemos hablar en serio del gasto político y es quizá en estas crisis que tenemos el momento más propicio para corregir estas desmesuras. Si no totalmente, al menos el gesto, el intento, sería bienvenido y apreciado por una sociedad donde desde el hogar hasta cada Pyme ha tenido que hacer achiques obligados e indispensables para no naufragar.
