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Los errores de política fiscal los paga el sector privado con más impuestos. En enero nos sorprendimos con un déficit fiscal primario del sector público, cuando nunca ocurría en los meses de enero. En febrero la recaudación, por segundo mes consecutivo, crecía por debajo de la inflación esperada; la consecuencia lógica fue otro mes de déficit fiscal primario.
La inflación esperada por la mayoría de los analistas de mercado sería del 40 por ciento anual, la recaudación del IVA consumo de los últimos 12 meses fue del 30 por ciento y la inflación pasada del 50 por ciento anual. En conclusión, falta recaudación y no hay vocación por bajar gastos.
Tomando como base estos datos objetivos, se calcula un déficit fiscal primario para el año 2020 en torno de los 135.000 millones de pesos, una cifra muy elevada que obligará al Estado a emitir pesos para poder financiarlo.
En este contexto, el Gobierno procede a aumentar tributos de la forma más fácil: los derechos de exportación, que es lo más rápido para capturar ingresos. La suba de las retenciones de 3 por ciento para la soja, alcanzaría a un universo de 45,8 millones de toneladas que son el remanente de la próxima campaña que no ha fijado aún precio. La recaudación esperada rondaría los 400 millones de dólares, pero habría que detraer los descuentos especiales para los que produzcan menos de 1.000 toneladas, o bien se ubiquen lejos de puerto, o se les otorguen beneficios especiales a economías regionales. En resumen, quedarían para el Estado menos de 300 millones de dólares. Y esto sin contar la merma en la comercialización que se registrará por la situación con el coronavirus, especialmente en China que es el principal comprador.
¿Era necesario hipotecar capital político por una recaudación tan escasa? La respuesta obligada es: parece que sí, ya que están en peligro las metas fiscales, el acuerdo con el FMI, la reestructuración con los bonistas y la tan ansiada reactivación económica. A todo esto, hay que sumarle los vencimientos en pesos que el Gobierno no puede doblegar porque el mercado le va dando la espalda a la renovación de deuda. También la cuestión ideológica es un factor incidente en esta decisión que complica más que lo que ayuda: el kirchnerismo reconoce que el campo nunca los va a votar, por lo que una medida recaudatoria para este sector no tiene para ellos el impacto electoral que sí podrían tener si tocan el bolsillo de otro rubro productivo.
En fin, que la crítica situación del Estado nacional, en donde los gastos lucen indomables, a pesar de la tajada que le sacaron al gasto previsional, nos lleva a una situación muy compleja y a la necesidad de quedarse con la utilidad del negocio de la soja.
Para sembrar soja se necesita alquilar un campo, que en la zona núcleo cuesta el equivalente a 16 quintales de soja, la producción promedio ronda los 40 quintales, y el precio que tomamos para realizar el análisis es el futuro mayo 2020, que es el momento en que se cosecha, y ayer se ubicaba en 217 dólares la tonelada (muy lejos de los 450 dólares en que se ubicaba en el año 2007). Bajo estos supuestos explicitaremos los números.
Esto es tomando un campo a 200 kilómetros de puerto, en la medida que te alejas del puerto se incrementan los gastos de comercialización lo que hace que el quebranto sea más elevado. Otro tema no menor: solo la zona núcleo brinda rindes de 40 quintales, cuanto más nos alejamos del norte bonaerense y el sur santafesino, los rindes disminuyen considerablemente, por debajo de los 30 quintales.
Es cierto que la necesidad tiene cara de hereje, lo que también es cierto que medidas como ésta hipotecan el futuro de una enorme cantidad de productores que este año saldrán a pérdida y las consecuencias la pagaremos un año más tarde.
El campo atraviesa una delicada situación producto de la cesación de pagos de un importante exportador, una cadena de corredores y acopios que dejaron al sector con una iliquidez extrema. La posibilidad de perder dinero en la cosecha 2019/20 hará que el mercado quede sin liquidez, con lo cual la campaña 2020/21 será difícil de sobrellevar.
El campo siempre se terminará sembrando; hay máquinas, ganas y mucha voluntad, pero sin plata se hundirá menos tecnología lo que terminará afectando los rindes futuros. Por otro lado, el campo es una inversión a cielo abierto, un mal clima y poca tecnología en semilla, fertilizantes y demás insumos nos devolverán una pobre cosecha que, sumado a un precio que se repite hace cinco años, nos llevará inevitablemente a menos recaudación. Por más que el Gobierno suba las retenciones, las arcas no advertirán el impacto de esos tres puntos (de un alto costo político innecesario) mientras que bajarán sustancialmente las exportaciones, por estos factores endógenos y por los exógenos del momento.
Como solo miramos el corto plazo, el Gobierno busca sacar dinero de donde no pueden girarse más beneficios (y también de donde sabe que no pierde un voto, porque ya no lo tiene), pero nadie se puso a pensar cómo producir mayores cantidades, para aumentar la base imponible sin incrementar la tasa de recaudación. Seguimos autogenerando nuestra propia semilla, no queremos pagar nueva tecnología, y hace más de 10 años que cosechamos en torno de 50 millones de toneladas. El Estado siempre tiene la mirada recaudatoria, sin importar las medidas económicas que podrían empujar la productividad y competitividad del sector.
El impuesto a las retenciones o derechos de exportación es muy nocivo para la actividad económica; este incremento potenciará los quebrantos e impagos en la cadena de comercialización, lo recaudado será mínimo contra lo que se perderá por el no pago de otros tributos. El que tenga dinero en el campo buscará retener mercadería, el que no tenga dinero pagará derechos de exportación, pero omitirá pagar otros tributos, y lo peor de todo: el que caiga en una situación de quebrantos probablemente no pague nunca los impuestos que vencen y quedarán en el olvido los que ya vencieron.
La soja, en este escenario mundial, podría bajar a niveles de 200 dólares la tonelada; el estrés financiero recién comienza y el Gobierno cree que solucionó un problema fiscal con la medida adoptada. Tamaña sorpresa le espera a futuro. La batalla librada por el Gobierno para redistribuir recursos provenientes del campo está perdida antes de comenzar.
Si el Gobierno sigue mirando la Hacienda pública, y busca ajustar modificando alícuotas tributarias, estamos en un gran problema a corto plazo. Deberían ensayar la posibilidad de trabajar mirando la inversión, productividad y competitividad del sector agropecuario. Si siguen haciendo lo mismo obtendrán similares resultados, el sector no crece, los problemas de impagos se potencian, aumentarán los quebrantos y cada día que pase el Estado recaudará menos.
