Vacunas: el mensaje contradictorio del Estado

Mientras la comunidad científica del mundo está dando una intensa batalla para minimizar los efectos del conocido movimiento “antivacunas” Argentina se da el lujo de reducir la compra de dosis de varios de los biológicos que integran el calendario nacional de inmunizaciones y de reducir los presupuestos destinados a la producción. Esto resulta un contrasentido y un mensaje completamente contradictorio que tiene consecuencias graves. Por un lado, las propias autoridades sanitarias tienen consideraciones sancionatorias y duras advertencias sobre quienes deciden no vacunar a sus hijos ni recibir ningún tipo de vacuna; y por el otro, por cuestiones presupuestarias y de logística, se pierden oportunidades de prevención cada vez que alguien llega al sistema de salud y no puede vacunarse.

Las razones que se argumentan son diversas, y no alcanzan para contrarrestar el efecto negativo que cada oportunidad perdida tiene en la estrategia de lucha contra las enfermedades inmunoprevenibles. Esto va a contracorriente del mensaje que alerta sobre la emergencia y reemergencia de enfermedades. Se culpabiliza a la propia población por su desaprensión al cuidado. Pero se incumple con responsabilidades que son del Estado y deben subsanarse.

Frente a esto, vale una reflexión respecto de la necesidad de que algunos temas queden exentos del debate coyuntural y de las discusiones presupuestarias. Que el Ministerio de Salud de la Nación haya perdido la jerarquía de tal y se haya transformado en una Secretaría resulta ya inadmisible. Sumar a eso la compra de menos dosis de vacuna que las que se necesitan para garantizar que toda la población acceda a las dosis que se requieren para cumplir con los calendarios obligatorios es intolerable. Y habla de una decisión política.

Argentina cuenta con uno de los calendarios nacionales de vacunación más completos a nivel mundial. El esquema contempla veinte vacunas gratuitas y obligatorias para diferentes etapas de la vida. Pero el complejo engranaje que debe ponerse en marcha para que lleguen a cada niño, niña o adulto que tienen que aplicárselas experimenta fallas desde hace tiempo que no encuentran razón que las justifique. Si la inmunización es una política de Estado como se pregona en el discurso, cómo se entienden los faltantes, las dificultades de distribución y el recorte en los presupuestos destinados a tal fin.

Aunque desde la Secretaría de Salud de la Nación se insiste en que el presupuesto está garantizado, las demoras en la entrega de biológicos es una realidad en el interior del país. El emblema de estas faltas es la vacuna antimeningococica incluida recientemente al calendario. En los últimos días, medios de comunicación se hicieron eco de un documento oficial que da cuenta de una importante caída en los volúmenes de compra de dosis de varias vacunas que previenen contra enfermedades potencialmente graves.

Los argumentos respecto de situaciones de carácter temporario o de dificultades de importación o de producción por parte de los propios laboratorios no alcanza a resolver el sinnúmero de interrogantes que genera el hecho de que en un país se desatienda una cuestión tan sensible como esencial.

Más allá de las razones que se esgrimen, lo que aparece es la necesidad de establecer políticas que aseguren los recursos materiales y humanos que se requieren para cumplir con un derecho. Asegurar la provisión es una responsabilidad del Estado y no hacerlo es algo que roza el delito. Tal como es un accionar pasible de sanción la decisión individual de no aceptar la inmunización cuando esa conducta personal pone en riesgo la salud colectiva.

El problema tiene dimensiones que no siempre se aprecian. Muy cerca de casa, la situación que vive el Instituto Maiztegui donde el desfinanciamiento progresivo terminó por afectar la producción de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina es el botón de muestra de una difícil realidad que afecta a una de las principales políticas públicas del país. Esa que un día nos transformó en un ejemplo mirado por muchos y que hoy muestra el contrasentido más grande. No se puede exigir lo que no se otorga. Es muy difícil tener autoridad ante quienes se rehúsan a las vacunas si al mismo tiempo se incumple con la responsabilidad esencial de proveerlas. Una contradicción de las tantas que nos muestra claramente cuál es el estado de salud de nuestra sociedad que parece haber perdido la capacidad de establecer prioridades.