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Como si la Argentina no tuviera suficientes problemas con la recesión que desde hace dos años carga en su espalda como una pesada mochila, y a la que se agregaron la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y la consecuente crisis socioeconómica como así también la renegociación para postergar pagos de vencimiento de la deuda, ahora una legisladora nacional lanzó la idea de nacionalizar parcialmente a las empresas privadas que han recibido asistencia financiera del Estado nacional. Es decir, un país caracterizado durante años por un Estado ineficiente, burocrático y con alarmantes índices de corrupción pasaría a tener participación en compañías privadas en el caso de que el proyecto anticipado por la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, se imponga en un Congreso donde el oficialismo cuenta con mayorías.
Es preocupante que legisladores con cargos altamente rentables a partir de los impuestos de los contribuyentes aprovechen su tiempo en la función pública para avanzar sobre el derecho de la propiedad privada y en un escenario de profunda crisis, donde el orden establecido cruje ante los cambios que impone el coronavirus y las medidas dispuestas por los gobiernos para desacelerar la velocidad de contagios y dar tiempo a los sistemas de salud para prepararse para la batalla.
Vallejos, que preside la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, advirtió que la ayuda estatal debe tener ciertos límites vinculados con el comportamiento de los sectores que piden asistencia. Tal como publicó el sitio especializado Parlamentario.com, la legisladora anticipó a través de una serie de tuits lo que define como “un criterio básico de exclusión” que consistiría en “negarles la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al Fisco argentino”. Hasta ahí, un planteo lógico y oportuno, que responde incluso a cánones generalizados por el propio Estado y por la banca privada, que no otorgan beneficios crediticios o la posibilidad de ser proveedores -en el caso del Estado- a empresas y sujetos que registren deudas previsionales, alimentarias, etcétera.
De hecho, estas limitaciones están incluidas en las condiciones de otorgamiento de la Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) y claramente expresado en el Boletín Oficial, que precisa que todas las empresas beneficiarias con el pago del salario complementario a sus empleados quedan sujetas a los requisitos fijados en una acordada interior que estableció el impedimento de distribuir utilidades, recomprar acciones, adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, transferencia en custodia al exterior o posterior liquidación en el extranjero, por el corriente año.
Pero luego la diputada fue más allá y le apuntó a los grandes grupos económicos que gestionan el ATP, para paliar los efectos negativos de la situación derivada por la cuarentena y la parálisis de la actividad económica. Según expresó, si el Gobierno nacional otorga subsidios a esos sectores “sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”. No tardó en aclarar que su idea refiere a grandes empresas y no Pymes. Pero para el caso, es lo mismo: una variable de intervención estatal en la actividad privada.
Cierto es que la modalidad es de práctica en algunos países del mundo, como la propia Vallejos argumentó al decir que son medidas que se vienen implementando, por ejemplo, en Francia o Inglaterra. El problema, como hemos planteado en otras oportunidades, es que no es posible extrapolar acciones de un país a otro y pretender el mismo resultado cuando la aplicación no se da en el mismo contexto histórico, político, social y económico. Que una medida sea procedente, aceptada y exitosa en un país no habla de que lo sea en otro. En este caso en particular, por ejemplo, se parte de situaciones de base completamente distintas, empezando por el hecho de que el Estado argentino ya es parte de las empresas al imponerles 163 tipos de gravámenes, incluido el 35 por ciento sobre los presuntos ingresos. Es decir que este salvataje en ocasión de obligar el Gobierno a las empresas a dejar de producir para evitar una catástrofe sanitaria, en el caso de nuestro país, bien podría considerarse como una especie de cobertura de seguro y no tendría el Estado por qué reclamar una contraprestación más que el cumplimiento de los requisitos, entre los que se incluye, justamente, el pago de impuestos.
Es parte del análisis que un anuncio de este tipo –y más aun la implementación de una medida de este tipo- tiene en nuestro país una connotación política, que excede a lo estrictamente económico. Nadie piensa que lo que el Gobierno quiere es recuperar el dinero dado sino que todos ven que con ello se plasma en hechos una visión ideológica respecto del rol de la empresa en el entramado social y productivo.
El tema se puso sobre la mesa, cosechando todo tipo de opiniones. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no se opuso a un eventual proyecto sobre una participación del Estado en las empresas a las que ayuda por la pandemia. A contramano, las organizaciones empresarias cuestionaron a coro la propuesta al igual que los sectores de la oposición. Quizás por esta firme reacción, Vallejos pareció dar un paso atrás en el marco del incipiente debate al sostener que “cuando planteé la idea, no pensé en presentar un proyecto sino en hacer un aporte, por eso lo expresé como idea y en potencial”, lo que permite deducir que la iniciativa pierde fuerza. Quizás fue un globo de ensayo a modo de prueba para medir reacciones, lo que no quiere decir que se abandone definitivamente.
