Editorial

Ya tiene Presupuesto la provincia


Tras arduas negociaciones políticas, el oficialismo y parte de la oposición aprobaron en la Legislatura el Presupuesto 2019 para la provincia de Buenos Aires. Como en otros años, María Eugenia Vidal tejió con la oposición beneficios para municipios de otro signo político y algunos cargos en organismos descentralizados y consiguió los votos.

El proyecto determina 929 mil millones de pesos de gasto y el pedido de autorización a la Legislatura para tomar nueva deuda por 65.800 millones de pesos en los mercados y otros 8.500 millones en organismos multilaterales de crédito.

Algo que fue parte de la negociación por los votos y nos interesa a los pergaminenses es que en el Senado, que funcionó como cámara de origen, el Gobierno cedió en retroceder con el objetivo de transferir a los municipios parte de los subsidios sociales para el transporte y electricidad. Recordemos que primeramente, en el marco del ajuste, Nación transfirió ese gasto a las provincias. Luego estas plantearon la posibilidad de hacer lo propio con los municipios. Entonces fue cuando se encendió el alerta, tanto en Pergamino como en otras comunas, ya que era totalmente inviable que las arcas municipales, con su recaudación genuina, pudieran afrontar ese costo. A su vez, generó desconcierto y repudio la disyuntiva planteada por Vidal al respecto cuando para los distritos del Conurbano, es decir el área metropolitana, el acuerdo fue inmediato: ni bien recibió la carga de Nación, se anunció que entre Provincia y Ciudad afrontarían los subsidios al transporte por unos 22.000 millones. Tal situación fue la que motivó la campaña local de La Nueva Perla, en la que ilustró a los usuarios que el costo del boleto en Capital se mantendría en 2019 en torno a los 13 pesos mientras que en nuestra ciudad podría pasar a costar 50, sobre la hipótesis de que si Provincia no se hacía cargo de continuar subsidiando, el Municipio no podría y el vecino pasaría a pagar el boleto llego, según su real costo. Finalmente, para tranquilidad de todos, eso no sucederá. Fue la moneda de cambio de los intendentes no oficialistas (aunque los de Cambiemos tampoco querían hacerse cargo) por el voto positivo de los legisladores de su sector.

Para la sanción, mediante los subsidios y otras prerrogativas, Cambiemos consiguió el acompañamiento del Frente Renovador, el bloque PJ Unidad y Renovación que responde a los intendentes peronistas, y la bancada del Frente Amplio Justicialista, del excamporista José Ottavis. Unidad Ciudadana y el minibloque del Frente de Izquierda votaron en contra.

En realidad, fueron tres proyectos los que se sometieron a votación: el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento.  El tratamiento fue en conjunto pero sus votaciones fueron por particular y con diferentes formaciones el oficialismo pudo conseguir las tres sanciones.

Descontada la aprobación del oficialismo, la realidad es que la oposición tampoco exhibió con demasiados argumentos técnicos para su rechazo; es un presupuesto coherente y sujeto a la realidad. No obstante, como es de práctica en nuestra política, legisladores e intendentes aprovecharon para negociar beneficios a cambio de adhesión.

Quienes se mantuvieron en contra fueron los del kirchnerismo. Uno de sus voceros de la jornada, el diputado Walter Abarca, brindó una explicación algo vaga respecto de la negativa. Sostuvo que “no tenemos motivos para acompañar ni el presupuesto, ni este endeudamiento, ni esa ley fiscal impositiva. Vamos a votar negativamente porque queremos expresar los sueños y los deseos de los bonaerenses, y queremos ser la expectativa de los bonaerenses”. Algo de similar calibre expresó la ma-ssista Valeria Arata sobre su posición: “Nosotros sabemos que vivimos en una provincia donde hay posiciones antagónicas, nuestro bloque votará en contra. Vamos a darle a la gobernadora las herramientas que necesita y por eso vamos a acompañar los otros dos proyectos (Ley Fiscal y Endeudamiento) pero no el Presupuesto”. Estos argumentos muestran a las claras que, a la hora de votar por sí o por no, lo que sopesan nuestros legisladores no es tanto la viabilidad y oportunidad del gasto y del esquema impositivo sino ideología y qué pueden conseguir a cambio de su voto. Lamentable pero real, en Nación, Provincia y municipios.

Lo positivo es que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias, en tiempo y forma, para encarar el próximo ejercicio que, como sabemos, cae en año electoral. Por ello, si bien es un presupuesto de ajuste, la gobernadora incrementa el gasto social, a costa de otras erogaciones, como la obra pública. La premisa es clara: por un lado, la plata realmente hace falta en las calles; esta liquidez  mejorará un poco más el ánimo del bonaerense en este año clave y, finalmente, es dinero que volverá al Gobierno y no solo en formato voto en octubre sino que efectivamente volverá porque quienes reciban esa ayuda mayor inexorablemente la gastarán en consumo interno, lo que genera un retorno vía impuestos.  O sea: priorizando este destino sobre la obra pública, se optimiza el efecto positivo de ese gasto social.

No obstante, no se paralizará la obra pública: además de la continuidad de las ya empezadas y comprometidas –tal el caso de la represa-, el endeudamiento autorizado se relaciona precisamente con este fin.

La oposición que no apoyó el endeudamiento destacó que no es lo mismo tomar deuda con un dólar a 17 pesos que a 40 como sucede en este momento. Sin embargo, no es lo mismo tomar deuda para gastos corrientes como ha sucedido en Nación, a hacerse de fondos que se van a utilizar  -según indica la mandataria provincial- para seguir adelante el plan de infraestructura.


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